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Competencia abre expediente a Telefónica por posible discriminación en la solución de averías de otros operadores

La CNMC recuerda que Telefónica debe prestar "a terceros recursos equivalentes a los que se proporciona a sí misma en las mismas condiciones y plazos"

Telefónica firma un crédito sindicado por un importe máximo de 5.500 millones

La CNMC abre expediente a Telefónica por posible discriminación en la solución de averías de otros operadores EFE

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto un procedimiento sancionador contra Telefónica por presuntas conductas discriminatorias frente a sus competidores en los tiempos de provisión y de resolución de averías de los servicios mayoristas NEBA cobre y fibra, según informa Europa Press.

La CNMC ha analizado el periodo comprendido entre enero de 2017 y marzo de 2018 y a partir de los datos obtenidos, ha hallado "indicios suficientes" de que Telefónica habría incumplido la obligación de no discriminación que tiene impuesta por su posición como operador con poder significativo en los mercados mayoristas de banda ancha.

En este sentido, Competencia recuerda que Telefónica debe prestar "a terceros recursos equivalentes a los que se proporciona a sí misma en las mismas condiciones y plazos". Dichas condiciones y plazos están recogidos en las ofertas mayoristas aprobadas por la CNMC.

"La obligación de no discriminación que tiene impuesta Telefónica se refiere tanto a la calidad del servicio como a los plazos de entrega y demás condiciones del suministro, con independencia de la ubicación física", sostiene.

Competencia alega que Telefónica habría suministrado servicios y reparado averías de sus propios clientes en mejores plazos que los registrados para la provisión y mantenimiento de los servicios mayoristas prestados a operadores alternativos.

De este modo, la CNMC considera que Telefónica podría haber incurrido en una infracción muy grave de la Ley General de Telecomunicaciones. Competencia recuerda que la apertura de este expediente no prejuzga el resultado final de la investigación. El organismo tendrá ahora un periodo máximo de un año para la instrucción del expediente y para su resolución.

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