El Gobierno niega que sus estimaciones de ingresos presupuestarios pequen de optimistas y cree que Bruselas les dará su aval
El Gobierno ha aprobado los anteproyectos de leyes para la prevención y lucha contra el fraude fiscal, junto a los de creación de un impuesto sobre las transacciones financieras y sobre determinados servicios digitales. Con estas medidas pretende recaudar 2.878 millones de euros, una cantidad que, asegura, no peca de optimista.
“Es una estimación baja, prudente, si se compara con las cantidades que apuntaba el PP de forma sistemática”, ha defendido la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Como ejemplo, ha recalcado que los 1.200 millones que se esperan recaudar con la llamada “tasa Google” están 300 millones por debajo de los 1.500 que afirmaba el PP que ingresaría en un año.
Montero ha explicado que la aprobación de estos anteproyectos solo cuatro días después de la remisión a Bruselas del plan presupuestario “da firmeza” a sus previsiones de ingresos y gastos. Fuentes del Ministerio han dado por hecho que estos proyectos, que ya tenía el anterior gobierno en su agenda por ser de carácter europeo, podrán ser tramitados en el Congreso sin ningún tipo de veto por parte del PP o Ciudadanos.
La ministra se ha referido a la carta que la Comisión Europea remitirá al gobierno español a lo largo de este viernes y en la que pide ciertas precisiones al plan con el que debe elaborarse el proyecto de Presupuestos de 2019. A su juicio, “entra dentro de la absoluta normalidad” que el ejecutivo comunitario recabe información adicional en materias como, por ejemplo, el plan inercial donde se pone de manifiesto que de prorrogarse los presupuestos de Montoro, el déficit de 2019 llegaría al 2,2%, frente al 1,8% que calcula el PSOE, y frente al 1,3% que de facto está aprobado.“Con toda la prudencia, creemos que la Comisión nos dará su aval”, ha concluido la ministra.
Multas de 150.000 euros para el software de doble uso
Entre las medidas aprobadas por el Gobierno se incluye la prohibición del software de doble uso, que sirve para falsear y manipular la contabilidad y facturación de las empresas. A este respecto, la novedad es que el fabricante de este tipo de programas podrá ser sancionado con una multa de 150.000 euros por cada ejercicio en que se haya vendido el producto ilegal.
Por su parte, el nuevo Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales gravará a aquellas empresas con ingresos anuales totales de, al menos, 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los 3 millones de euros. El nuevo tributo gravará el 3% de los servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario, informa EP.
Tasa Google
Respecto a los 1.200 millones de euros que prevé recaudar el Gobierno con este nuevo impuesto, Montero ha recordado que España es el primer país europeo que va a aplicar está figura impositiva, que la Comisión Europea está estudiando implantar en todo la UE, y ha incidido en que la recaudación prevista por España es inferior a la que están arrojando los datos de países vecinos como Francia.
En este sentido, la ministra ha explicado que es la Agencia Tributaria la que ha realizado la estimación de recaudación de toda la reforma fiscal y ha anunciado que este organismo invertirá 33 millones de euros para mejorar sus sistemas de información con el fin de permitir una mayor trazabilidad y tener más herramientas para controlar toda esta actividad.
Por su parte, el Impuesto sobre las Transacciones Financieras consiste en gravar con un 0,2% las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero e incluirá las operaciones intradía.
Transacciones financieras
Solamente se someterán a la tributación del 0,2% las acciones emitidas en España de empresas cotizadas cuya capitalización bursátil sea superior a 1.000 millones de euros. No se gravará la compra de acciones de pymes y empresas no cotizadas, y también quedan fuera del ámbito del impuesto la deuda, tanto la pública como la privada, y los derivados.
Montero, que adelantó que el Gobierno calcula que ingresará unos 850 millones por esta nueva figura tributaria, explicó también que no gravará las operaciones del mercado primario, es decir, las que se produzcan con motivo de una operación pública de venta o de suscripción de acciones (OPV o OPS) que suponga el debut en Bolsa de una compañía. También ha aclarado que el tributo se centrará en las entidades que actúan como intermediarios financieros, y que el impuesto se liquidará mensualmente.
Asimismo, el Consejo de Ministros ha dado el visto bueno a un anteproyecto de ley con medidas de lucha contra el fraude fiscal, que contempla una batería de medidas de lucha contra el fraude fiscal, entre las que se encuentra un mayor control tributario de las criptomonedas y la prohibición de fabricación y distribución del 'software de doble' uso para evitar falsas contabilidades.
Plan antifraude
Montero indicó que Hacienda mejorará la información que tiene sobre las criptomonedas mediante una nueva obligación fiscal para identificar a los titulares y los beneficiaciarios de estos medios de pago, así como los saldos correspondientes.
Asimismo, se obligará a quienes realicen operaciones con estas monedas virtuales a que informen sobre esta operativa y quienes tengan este tipo de monedas en el exterior también deberán informar de ellas en la declaración de bienes del extranjero.
El plan antifraude, que permitirá recaudar 850 millones de euros, también contempla la prohibición de los llamados 'software de doble uso', que permiten manipular la contabilidad de las empresas. Para ello, se prohibirá la producción, tenencia y comercialización de estos programas informáticos, por lo que el fabricante o comercializador podrá ser sancionado con una multa de hasta 150.000 euros por cada ejercicio en el que haya distribuido dichos programas.
El proyecto de ley de lucha contra el fraude también prohíbe las amnistías fiscales para, según Montero, evitar una situación tan “vergonzosa e injusta” como la amnistía aprobada por el Gobierno del PP en 2012. “Es un agravio para todos los contribuyentes cumplidores y supone una derrota para la consolidación del estado de bienestar”, subrayó.
Asimismo, se amplía el concepto de paraíso fiscal para incorporar a la lista no sólo con aquellos territorios de baja o nula tributación, sino también aquellos estados que no faciliten el intercambio de información y la colaboración con otros países, o que se caractericen por su opacidad o falta de transparencia.
En la lista de morosos con Hacienda se incluirán también a los responsables solidarios y se reduce el umbral para aparecer en dicha lista hasta los 600.000 euros desde el millón actual, al tiempo que se limita a 1.000 euros el pago en efectivo entre profesionales desde los 2.500 euros actuales.
La transposición de la directiva europea antielusión para asegurar que las multinacionales tributen en los países donde tienen actividad y generan valor o el refuerzo del control de la actividad del juego, especialmente en el caso de las apuestas deportivas, son otras de las medidas incluidas en el plan antifraude. Así, Montero anunció que se elaborará una “lista negra” con las páginas web de apuestas no autorizadas.
También se creará en la Agencia Tributaria una unidad de control de grandes patrimonios con la incorporación de 200 nuevos funcionarios para estrechar el control de las grandes fortunas.
La titular de Hacienda enmarcó la creación de estos nuevos impuestos afirmando que España “no puede aspirar a un estado de bienestar de primera con impuestos de tercera”, máxime cuando la economía española está a ocho puntos de distancia con la UE en materia de ingresos sobre el PIB.
Además, afirmó que frente a las “cifras apocalípticas” que se lanzan desde la oposición, el plan presupuestario es un “ejercicio de responsabilidad”, ya que por cada medida de gasto, hay una medida de ingreso para compensarla, lo que permitirá a España cumplir con la senda de estabilidad.
