Ayudas a viviendas en cesión de uso, lucha contra falsas cooperativas y otras claves de la Ley de Economía Social

La nueva Ley Integral de Impulso de la Economía Social ya es una realidad, aprobada este jueves de manera definitiva por el Congreso de los Diputados, y que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE. Entre las novedades más destacadas, la norma incluye medidas como nuevas ayudas fiscales a las cooperativas de viviendas en cesión de uso, más causas para descalificar a falsas cooperativas y más colectivos que pueden contratar las empresas de inserción, entre otras.

El Ministerio liderado por Yolanda Díaz, que ha impulsado la regulación, destacaba este jueves que la llamada “economía social” representa “un modelo económico alternativo que prioriza las personas por encima de los beneficios, promoviendo formas empresariales más justas, resistentes, horizontales y democráticas, y que permiten cohesionar el territorio combatiendo la despoblación rural y fomentando el arraigo”.

En concreto, la ley recoge las entidades que forman parte de la economía social, con la novedad de delimitar los centros especiales de empleo solo a aquellos de “iniciativa social”. Son “las cooperativas, las mutualidades, las fundaciones y las asociaciones que lleven a cabo actividad económica, las sociedades laborales, las empresas de inserción, los centros especiales de empleo de iniciativa social, las cofradías de pescadores, las sociedades agrarias de transformación, las empresas sociales” que se rijan por los principios establecidos para este tipo de economía.

No se trata de un “apartado menor” de la economía, ha recordado este jueves Yolanda Díaz, ya que suponen el 11% del PIB, más de 127.000 empresas y entidades, de las que dependen más de 2,2 millones de empleos directos e indirectos, ha cifrado su Ministerio.

Así, la nueva legislación incluye cambios en cuatro leyes que integraban el ecosistema normativo de este sector: la Ley de Cooperativas, la de Ley para la Regulación del Régimen de las Empresas de Inserción, la Ley de la Economía Social y la Ley de Régimen Fiscal de las Cooperativas.

A continuación, sin que sea una enumeración exhaustiva, se recogen algunas de las novedades más destacadas de la ley, que ha destacado el Ministerio y otros colectivos de la economía social.

Ayudas fiscales a vivienda de cesión de uso

La ley favorece por primera vez las cooperativas de vivienda de cesión de uso, al considerarlas especialmente protegidas. Se trata de un modelo todavía poco conocido, pero que está empezando a crecer en algunas zonas. A diferencia de otras fórmulas cooperativas, esta no se disuelve cuando se construye la promoción ni se reparte la propiedad, sino que es la entidad quien la mantiene y transfiere el derecho de uso a los socios.

Esta nueva legislación introduce las cooperativas de vivienda de cesión de uso como “como cooperativa especialmente protegida”, siempre que mantengan la propiedad de las viviendas, no repartan retornos y cumplan requisitos específicos. Este reconocimiento otorga a las cooperativas mencionadas el acceso a determinados beneficios fiscales.

Más foco para destapar falsas cooperativas

La ley refuerza las causas de descalificación administrativa para actuar frente a entidades que operan bajo apariencia cooperativa, pero que vulneran sus principios y valores. Es decir, las falsas cooperativas que en algunos sectores han hecho mucha mella y han requerido de una intensa actuación de la Inspección de Trabajo, como ocurrió con Servicarne.

Por ejemplo, detalla la descalificación “cuando la prestación del trabajo de las personas socias trabajadoras o socias de trabajo no se desarrolle de acuerdo con su estatuto jurídico, con participación efectiva en la gestión democrática y en el ámbito de organización y dirección de la cooperativa, así como cuando se encubra bajo la forma cooperativa finalidades propias de otras clases de sociedades o cuando se advierta la dependencia de otras entidades o personas”, entre otras causas.

Digitalización y planes de igualdad en cooperativas

La norma también incorpora novedades en el terreno de la digitalización de las cooperativas, para adaptar “al siglo XXI el funcionamiento interno” de estas organizaciones, destaca el Ministerio de Trabajo, a través de la regulación de las comunicaciones electrónicas, la participación telemática en asambleas y consejos rectores, y el refuerzo del derecho de información de las personas socias, entre otros puntos.

La ley incorpora también medidas de igualdad ajustadas a la singularidad cooperativa. Por ejemplo, contempla una nueva Comisión de Igualdad, impulsa la conciliación y establece un nuevo principio de “presencia equilibrada” de mujeres y hombres en los órganos de la sociedad, como su consejo rector y asamblea general.

Nuevos colectivos de trabajadores de centros de inserción

Con un lenguaje “menos estigmatizante”, destacan en el Ministerio de Trabajo, el texto incluye una definición de empresa de inserción “más adecuada y coherente con sus fines, de forma que los nuevos ajustes introducidos en el funcionamiento interno de estas empresas permitirán garantizar su competitividad con la contratación indefinida en empresas ordinarias como meta laboral”. La ley además amplía también los colectivos de personas que pueden ser empleadas por las empresas de inserción.

Así, podrán contratar “como trabajadoras en inserción a las personas desempleadas o en situación de mejora de empleo e inscritas en los servicios públicos de empleo expuestas a factores de vulnerabilidad y/o exclusión social” y, específicamente se incorporan colectivos como personas desempleadas durante dos años o “un período superior a doce meses en caso de ser personas mayores de 45 años”, víctimas de violencia de género o de trata de seres humanos, y personas inmigrantes, así como beneficiarias de protección internacional, cuando por sus características o circunstancias personales presenten especiales dificultades de integración en el mercado laboral, entre otras.

Más contratación pública social

“La ley eleva la contratación pública reservada, aumentando el porcentaje de contratos del sector público reservados para empresas de inserción y centros especiales de empleo de iniciativa social”, destaca el Ministerio de Trabajo. Además, los pliegos deberán incorporar criterios y condiciones de ejecución que fomenten la contratación de personas en itinerarios de inserción y la subcontratación de empresas de inserción, indican en Trabajo.

La legislación cuenta con el respaldo de la mayor patronal del sector, la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES), que había pedido el apoyo para que saliera adelante en el Parlamento. “La Economía Social constituye, además, un punto de encuentro político, tal y como se ha reflejado en el compromiso manifestado por los distintos grupos parlamentarios a lo largo de la tramitación de este proyecto legislativo”, ha destacado la confederación presidida por Juan Antonio Pedreño.