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El informe eterno de Competencia sobre la generación eléctrica: lleva 30 meses analizando posibles abusos

Central hidroeléctrica de Mequinenza.

Antonio M. Vélez

30 meses han transcurrido desde que, en septiembre de 2016, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) anunció que había iniciado la elaboración de un estudio sobre el nivel de competencia en el mercado de generación eléctrica en España, tras detectar “de forma preliminar la posible existencia de una serie de impedimentos al desarrollo de una competencia efectiva” y una serie de “ineficiencias” en esta actividad.

El estudio, anunciado el 26 de septiembre de 2016, tendría por objeto “determinar el grado de concentración en el mercado de generación eléctrica y sus posibles implicaciones en términos de competencia, así como la formación de precios en el mercado a plazo y en el llamado pool” o mercado mayorista de electricidad. “Se trata de esclarecer si determinados operadores ostentan una situación de poder de mercado susceptible de alterar el funcionamiento normal del mercado”.

Entre las empresas que, según indicó entonces la CNMC, podrían aprovecharse de ese hipotético poder de mercado, estarían “aquéllas que cuentan con activos estratégicos (emplazamiento de las centrales, el acceso a los recursos hidroeléctricos, el acceso a combustibles, las restricciones de transporte o los derechos contractuales heredados) cuya propiedad les otorga una ventaja competitiva y que son, además, irreplicables”.

“Esto les permite obtener beneficios extraordinarios que, sin embargo, no conllevan una entrada de nuevos operadores, dado el carácter insustituible de los activos que los generan”, indicó Competencia, en alusión a los famosos beneficios caídos del cielo de las eléctricas, que el Gobierno de Pedro Sánchez llegó a comprometerse a abordar a finales del año pasado en su acuerdo presupuestario con Podemos.

El informe también debía abordar otras cuestiones como el posible poder de mercado de las empresas en el denominado procedimiento de resolución de restricciones técnicas, “dado que éste se circunscribe exclusivamente a la zona geográfica afectada por dichas restricciones y solo las centrales situadas en dicha ubicación pueden participar en resolverlas” o “la posibilidad de hibernación de centrales de generación y sus implicaciones sobre el funcionamiento eficiente del mercado”.

“Trabajando en ello”

El informe se anunció unas semanas antes de que la CNMC impusiera a Iberdrola Generación una sanción de 25 millones de euros por manipular el mercado eléctrico, expediente que acabó derivando en un procedimiento penal en la Audiencia Nacional, todavía pendiente de resolución. Dos años y medio después, la CNMC asegura que su Departamento de Promoción de la Competencia, responsable de la elaboración del informe, sigue “trabajando en ello”, en la medida de sus posibilidades.

Competencia atribuye el retraso a, entre otros aspectos, que “la situación es dinámica y está cambiando los criterios” tras las últimas novedades legislativas de un sector sometido a constante revisión regulatoria. Desde que empezaron los trabajos, recuerda la CNMC, “se han aprobado nuevas directivas, se ha acelerado el proceso de descarbonización, hay nueva legislación de autoconsumo y están a punto de salir a consulta pública 13 circulares” normativas que pueden propiciar cambios estructurales en este sector al abordar, entre otros aspectos, el funcionamiento del mercado mayorista eléctrico.

Competencia no confirma si el informe estará listo antes de que, el 9 de septiembre, expire el mandato (sin posibilidad de reelección) de su presidente, José María Marín Quemada. Una vez concluido ese estudio, el organismo estará obligado a hacerlo público, en virtud del artículo 37 de la Ley de Creación de la CNMC, que establece la publicidad de sus actuaciones.

Cuando se anunció la puesta en marcha de ese informe, la dirección de Promoción de Competencia del organismo estaba todavía encabezada por el economista y técnico comercial Antonio Maudes, responsable de un informe a favor de la economía colaborativa que partió en dos el pleno del organismo y que acabaría dimitiendo en septiembre de 2017.

La puesta en marcha de este estudio sobre el sector eléctrico se anunció semanas después de que la CNMC difundiera los resultados de una consulta pública sobre el sistema universitario español, de cara a un informe que el organismo que preside Marín Quemada (catedrático de la UNED) tampoco ha culminado.

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