La consellera catalana de Economía: “En junio tendremos el esquema de un nuevo modelo de financiación autonómica”

La consellera catalana de Economía y Finanzas, Alícia Romero, ha señalado este jueves que “el 30 de junio deberíamos tener el esquema de un nuevo modelo de financiación autonómica”. Esta es la fecha límite contemplada en el acuerdo de investidura entre el PSC del president Salvador Illa y ERC, hace algo menos de un año. Un pacto que reconocía “la singularidad” de Catalunya y que levantó un intenso debate en todo el Estado sobre si la nueva Generalitat busca o no un concierto fiscal como el de Euskadi o Navarra y abandonar el régimen común.

Alícia Romero considera que el actual modelo es “desigual”. A través del régimen común, todas las comunidades autónomas menos Euskadi y Navarra se reparten los recursos económicos del Estado para financiar los principales servicios sociales públicos cuyas competencias tienen transferidas —como son la sanidad, la educación o la dependencia—, con el objetivo de que se provean en las mismas condiciones en cualquier parte del territorio. Este modelo no se actualiza desde 2009.

La consellera catalana, en una conferencia en el Consejo General de Economistas, en Madrid, ha defendido que el nuevo modelo de financiación autonómica no es “un concierto”, porque se basa en los principios de “solidaridad y ordinalidad”, que implican que Catalunya esté bien “en el conjunto con sus singularidades”.

“Yo soy solidario con relación a otros, y quiero que se respete el principio de ordinalidad, con relación a otros. Si estoy solo en mi mundo, ni tengo que ser solidario, y me da igual la ordinalidad”, ha explicado la consellera del PSC.

“En el acuerdo con Esquerra Republicana, hablamos del principio de ordinalidad. Es decir, quiero, cuando aporte, recibirlo, y quedarme en la misma en la misma posición aproximadamente [respecto a lo que aportan y reciben el resto de comunidades autónomas del régimen común]”, ha añadido Alícia Romero, en su conferencia. “Y quiero ser solidario con el resto. Por tanto, me estoy referenciando a un conjunto. Estoy bien dentro de un conjunto con mis singularidades”, ha insistido.

“Nosotros queremos formar parte de un modelo distinto, donde se respeten las singularidades, donde estas singularidades se financien adecuadamente y, por tanto, en eso vamos a trabajar. Y nos gustaría que todas las comunidades autónomas que necesitan actualizar el modelo, también sean constructivas a la hora de aportar soluciones a una situación que lleva demasiado tiempo caduca y que, en fin, por responsabilidad todos deberíamos estar intentando poner soluciones y construir, y no generar ruido”, ha comentado.

“Nuestro modelo de financiación es un modelo singular, generalizable. Es decir, nosotros estamos trabajando en un modelo que es para Catalunya y que se puede generalizar y al que cualquier comunidad autónoma se puede añadir”, ha proseguido.

“Por eso estamos haciendo crecer la Agencia Tributaria [de la propia comunidad]. El martes, aprobamos 200 plazas más para que vaya cogiendo músculo y poder afrontar los retos que tenemos por delante. Por tanto, nosotros recaudamos todos los impuestos que se genera en Catalunya. Pagamos al Estado por los servicios que presta a Catalunya y aportamos a la solidaridad o a la nivelación, como le queramos decir, para que haya ese equilibrio, esa igualdad que, insisto, hoy no existe”, ha detallado Alícia Romero.

“Eso también significará probablemente que el Gobierno tendrá que poner recursos, como ha pasado siempre en todas las actualizaciones del modelo, pero eso ya no me toca a mí. De hecho, nosotros lo que estamos trabajando es para el 30 de junio, para llegar a cumplir el acuerdo, es que tengamos esa estructura de un nuevo modelo, mucho más simple, mucho más fácil, mucho más transparente y obviamente justo y solidario”, ha concluido.

Condonación de deuda y entregas a cuenta

El plazo de la consellera de Economía de Catalunya es ambicioso si se tiene en cuenta que el Gobierno central ha sido incapaz de aprobar unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) en los últimos años por su debilidad parlamentaria. El Ejecutivo de coalición tampoco ha podido actualizar los pagos a las comunidades —las conocidas técnicamente como entregas a cuenta—.  Este retraso supone una pérdida de ingresos para las comunidades del régimen de financiación común de casi 10.000 millones en total.

La mayor parte de esos 10.000 millones está destinada a las once comunidades gobernadas por el PP, como se puede observar en el gráfico. Aunque el principal problema es que se trata de dinero que sirve para financiar los principales servicios públicos, que son competencias regionales.

De momento, sin la actualización de los pagos mensuales de la Administración central a las comunidades autónomas, estas “entregas a cuenta” continúan siendo las mismas de 2023, el último año en el que el Ejecutivo pudo aprobar unos Presupuestos Generales de Estado. Junts —cuyo grupo parlamentario fue uno de los que votó en contra de su aumento a principios de año, aunque Catalunya pierde con ello 1.910 millones— dijo entonces que se debe pactar “una redistribución distinta de los objetivos de déficit” y pidió que se abra una negociación seria sobre el concierto económico de Catalunya.

El Gobierno central también tiene pendiente “la condonación de deuda” anunciada en febrero a la comunidades autónomas. A finales de ese mes, en la espantada en bloque de las comunidades del PP en la reunión con Hacienda en el Consejo de Política Fiscal Financiera, el órgano donde se trata estos temas, los representantes populares entregaron una carta a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. En ella, tras argumentar en el primer punto su rechazo a la propuesta de la quita de deuda, en el segundo abordan “las entregas a cuenta”.

“Creo que la reducción de la deuda que nos plantea el Gobierno de España es una buena propuesta para la totalidad de las comunidades autónomas. A nosotros [Catalunya], la reducción nos supone unos 17.000 millones de euros. Lo que nos va a poner en una situación mejor. Un ahorro de 1.550 millones en intereses, que nos permite dedicar los recursos a otros elementos”, ha dicho la consellera del PSC, Alícia Romero, este jueves.