“Quisieron prohibir manifestaciones y tuvimos que luchar”
Si la movilización francesa contra la reforma laboral del Gobierno de Françoise Holland tiene rostro ese es el de Philippe Martinez. El secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT) procede del sector metalúrgico y tiene ascendencia española. Las protestas contra la llamada ley 'El Khomry' han bloqueado Francia y desafiado a Hollande y al primer ministro, Manuel Valls. Con una fuerte oposición, finalmente el Ejecutivo optó por recurrir al artículo de la constitución que permite aprobar una ley sin haberla votado. El texto pasa ahora por su último trámite en la Asamblea Nacional.
¿Cuáles son los puntos principales que rechazan de la reforma laboral?
Hay varios puntos pero hay cuatro o cinco principales. El primero es la posibilidad de sacar el diálogo social de los convenios, es decir, que los acuerdos de empresa sean superiores a los convenios laborales. Esto supone que en cada empresa de una misma profesión puede salir un acuerdo que esté por debajo de el convenio sectorial. Detrás de eso habrá gente que trabaje más sin ganar más o que la empresa reduzca el salario que se paga por las horas extra, por debajo de lo que marca la ley. El segundo punto es la posibilidad de que sindicatos sin apenas presencia en una empresa hagan un referéndum con el empresario para saltarse a los sindicatos representativos. En algunas empresas ya han hecho cosas así, como en Smart, la fábrica de coches, donde se les preguntó a los empleados si querían trabajar más o cerraban la fábrica. Eso no es un referéndum, es otra cosa.
El tercer punto son los llamados acuerdos de competitividad: cuando una empresa va bien pero no gana lo suficiente dinero a ojos de los empresarios, éstos pueden hacer un acuerdo ofensivo, como lo llama la ley, hacer trabajar más tiempo, o echar a gente que se niegue a ese cambio. Otra punto también son los cambios en las visitas médicas. En Francia hay una visita al médico de empresa cuando empiezas el trabajo y después se hace periódicamente para controlar la salud del empleado. Eso quieren quitarlo y solo haría esa visita la gente que trabaja en empresas y fábricas donde están en contacto con productos peligrosos. Hay cambios en el despido, por ejemplo, antes había varios criterios a tener en cuenta, ahora solo será suficiente acreditar uno de ellos para despedir.
¿Consideran que está inspirada en la reforma laboral española? Tiene mucho en común con la norma que aprobó el Ejecutivo de Rajoy...
Está inspirado en muchos puntos de lo que ha querido hacer Europa en cada país. En algunos ya está funcionando, ya hay reformas laborales, como en España. Lo que ha sucedido en España es parecido a lo que quieren hacer en Francia, por ejemplo, que haya gente que quede fuera de los convenios y esté amparada solo por acuerdos de empresa. Como consecuencia, trabajan más o el salario ha bajado por debajo de su convenio.
¿Tiene la sensación entonces de que hay una misma receta que recorre Europa, que empezó con los países del sur y que se extiende ahora al centro del continente?
Portugal, España, Italia, Grecia...claro. En Bélgica también han empezado una reforma laboral del mismo tipo. Es una directriz de Europa para bajar el déficit de los países. Y España y Portugal están señaladas por que dicen que sus reformas laborales no han sido suficientes para bajar el déficit. Quieren más, y siempre lo piden los mismos.
¿Tiene Francia un problema con su mercado laboral?
Francia tiene un problema de empleo, como muchos países. Pero nadie puede decir que si cambia el Código del Trabajo y hace una reforma laboral se van a crear más empleos. Nadie lo piensa. Lo que quieren es bajar los salarios y el coste del trabajo. En todos los países donde lo han hecho, el empleo apenas se mueve, o se crea más empleo precario, o la gente se va. En España muchos jóvenes se van porque no tienen trabajo. Y en Italia baja el desempleo con trabajos muy precarios y en cuanto se acaban esos contratos, el paro vuelve a subir.
Finalmente, el Gobierno francés aprobó la norma, que vuelve a la Asamblea Nacional. ¿Cuál es la situación actual, mantendrán las protestas?
El 70% de la opinión pública está en contra de la ley, también la mayoría de los sindicatos. El Gobierno no ha tenido mayoría para votar esta norma, por eso la ha hecho pasar por un artículo de la constitución francesa que le permite aprobarla sin debate y sin votación. La ley tiene que pasar por la Asamblea, pero lo que pensamos nosotros hoy de la ley no va a cambiar después de este trámite. Si el presidente hace que la norma se apruebe ya nos veremos en septiembre para decir en cada empresa, en cada convenio, en la calle, que esta no es una buena ley.
¿Seguirán entonces con convocatorias de huelga?
Sí, ya tenemos fecha, el 15 de septiembre. A finales de agosto nos veremos con el resto de sindicatos para ver lo que hacemos. Ya veremos lo que opinan los trabajadores y cómo hacemos después de la promulgación de esta ley. Pero será una jornada de movilización y huelga
¿Se resignan entonces a que esta ley se apruebe?
Nosotros no, pero el Gobierno, sin mayoría, está aprobando esta ley por la fuerza. Pero ni la opinión pública ni el sentimiento de los trabajadores ha cambiado. Casi el 70% de la población piensa que la movilización está siendo necesaria.
¿Cómo interpreta que esta reforma laboral haya sido impulsada y aprobada por la izquierda?
Esa es una pregunta para el jefe del Gobierno y para el presidente. Yo lo que puedo decir es que el candidato Holland cuando se presentó a la presidencia no habló de esta ley. Dijo que su enemigo eran las finanzas, dijo que iba a impulsar el empleo, cosas de izquierdas me parece. Después, lo que hacen cuando están en el poder es otra cosa. Por eso la popularidad del presidente es la peor de todos los presidentes que hemos tenido en Francia en los últimos cincuenta años.
¿Se han sentado a negociar en las últimas semanas o lo harán en las próximas, intentarán arañar cambios a la ley?
El Gobierno no quiere negociar, desde el primer día es así. Lo que ha hecho cambiar algo la ley son las movilizaciones. Conseguimos más dinero para los jóvenes y los estudiantes y que los acuerdos de empresa no pudieran saltarse la igualdad salarial entre hombres y mujeres. Pero lo que hemos conseguido no ha sido suficiente para cambiar la orientación general de la ley. Nos vimos con el Gobierno hace tres semanas pero no negociamos puntos. Tenemos un Gobierno y un primer ministro que piensan más en las elecciones generales del año que en la gente del país. No quieren diálogo.
Puesto que la ofensiva contra los derechos laborales es algo que está pasando en prácticamente toda Europa, ¿exige eso otra estrategia por parte de los sindicatos, quizá alguna estrategia coordinada?
Aquí en Francia vamos a seguir en las empresas. La situación en el sur y centro de Europa no es la misma que en el norte pero hay que discutir y conocer lo que pasa en cada país. Solo así podremos ver que en todos los países acaban haciendo lo mismo y que las cosas no van mejor para la gente. Después hay que ver qué forma de movilización a nivel europeo hay que hacer para cambiar las cosas. El problema no son los trabajadores sino los que ganan dinero con el trabajo, los grandes grupos y empresarios que tienen mucho dinero y que lo esconden en países donde nadie los encuentra salvo cuando los periodistas investigan. Hay mucho dinero en Europa pero no va a los bolsillos de quien más lo necesita.
Tengo entendido que en Francia, como en España, también hay sindicalistas procesados y que incluso han pasado por la cárcel por las protestas de los últimos meses, ¿qué está sucediendo?
Quisieron prohibir una de las manifestaciones y tuvimos que luchar mucho para que no lo hicieran. En todas las manifestaciones han parado gente o incluso no les han dejado acceder, y varios compañeros y compañeras fueron directamente a la cárcel y están procesados. Estamos en un momento muy difícil por los atentados y todo el mundo entra en el mismo saco. El estado de emergencia no hace diferencia entre gente que vienen a manifestarse y otras cosas dramáticas que pasan. Hay más de cien personas que han sido procesadas por las protestas.