La reforma de la financiación autonómica, un complicado encaje cada vez más urgente en el que el PP pretende mover ficha

La financiación autonómica es un tema complejo, enrevesado y contaminado por la crisis política catalana que afecta a la prestación de servicios tan fundamentales como la sanidad, la educación y la dependencia, que son competencia de las comunidades. Pendiente de revisarse desde 2014, ni el PP ni el PSOE, de momento, se han animado a presentar una propuesta firme de reforma, aunque todos coinciden en la urgencia de afrontar este reto.

Ahora que está en la oposición, el PP ha decidido mover ficha y reclamar al Gobierno que presente una revisión del sistema (ahora está en vigor la ley orgánica de 2009) en paralelo al proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para 2020. Fuentes gubernamentales responden a eldiario.es que en principio no tienen previsto tal calendario, y recalcan que los tiempos de ambas iniciativas legislativas son distintos: los de las cuentas públicas están reglados y los actores participantes son menos (Ministerio de Hacienda y Parlamento, básicamente) mientras que en el caso de una reforma de la financiación autonómica haría falta el consenso de las quince comunidades autónomas de régimen común.

El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que es el órgano en el que se reúne el Ministerio de Hacienda con los consejeros del ramo lleva sin reunirse desde 2018.

Mientras tanto, las disfunciones del sistema ahora en vigor se han vuelto a poner de manifiesto con la batalla entre las comunidades autónomas y el Ministerio de Hacienda a cuenta de los 2.500 millones de euros correspondientes al IVA de diciembre de 2017. La decisión de Hacienda de dar por zanjado este reparto al no haberse efectuado en el año de la liquidación (2019) está ya en manos de los tribunales a raíz de los recursos presentados por la Comunidad de Madrid y Catalunya y las demás autonomías, incluida alguna socialista, o están negociando con Hacienda o amenazan directamente con llevar el asunto a la Justicia.

Fuentes gubernamentales admiten que en el momento en el que se logre resolver y revisar el sistema de financiación un expediente como este (relacionado con cambios legislativos sobre el IVA) se vería superado, al simplificarse los mecanismos de entregas a cuenta, aquellas que se efectúan calculando cuándo se debería recaudar en determinados impuestos.

Lo que pide el PP en la proposición no de ley presentada es que se tenga en cuenta el informe del comité de expertos sobre financiación autonómica que reunió el ministro Cristóbal Montoro, y que está guardado en un cajón desde el año 17. Participaron representantes de todas las comunidades autónomas de régimen común excepto Catalunya, que se negó a hacerlo por estar su gobierno inmerso en su propio proceso político de separación del Estado. En 2014, que es la fecha que se puso como límite a la revisión de la ley de 2009, esta puesta al día no se acometió precisamente en el contexto de la crisis política catalana. El resto de las comunidades temían entonces que se les favoreciera para frenar las ansias soberanistas. Por su parte, la Generalitat enarboló entonces un informe en el que Catalunya aparecía como la tercera comunidad que más recauda y la décima en recibir recursos per cápita después de pasar por los fondos de solidaridad territorial.

En su informe de 2017, los expertos hacían una serie de propuestas para mejorar la autonomía financiera de las comunidades autónomas de régimen común (excepto las forales, País Vasco y Navarra), tales como otorgar capacidad sobre el IVA a las regiones o acabar con el llamado statu quo , que es una cláusula que impide que ninguna comunidad autónoma pierda respecto al anterior sistema en caso de reforma. Los expertos, que terminaron sus trabajos con una fuerte división y un 40% de votos particulares , proponen un fondo básico con la recaudación propia y otro de nivelación, con fondos del Estado y de las autonomías.

El economista Ángel de la Fuente fue uno de los expertos designados por el Gobierno en aquel comité. A su juicio, la reforma del sistema de financiación debería alcanzar no solo a las autonomías de régimen común, sino a los ayuntamientos y a las comunidades forales. Opina que conseguir un acuerdo en cuanto a financiación es “bastante complicado” y cree que sin un pacto previo PP–PSOE es prácticamente imposible.

El también director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) cree que el sistema debe simplificarse y ser comprensible para ciudadano medio; favorecer un reparto de recursos más justo; y conseguir que las comunidades asuman una mayor responsabilidad fiscal, en el sentido de “dar la cara” y subir impuestos a sus ciudadanos si desean asumir mayores gastos.

Una reforma que no estaba diseñada para la crisis

La profesora de Economía Aplicada de la UNED Ana Herrero, experta en financiación autonómica, recuerda que la reforma ahora en vigor se aprobó en 2009, antes de los peores años de la crisis y del desplome de la recaudación. “Si la situación económica hubiera sido más estable, los problemas habrían sido menores”.

Precisamente, a raíz de la crisis se crearon instrumentos extraordinarios de financiación de las autonomías como el Fondo de Liquidez Autonómica, con el que el gobierno central ha prestado más de 180.000 millones de euros a las comunidades autónomas, que vieron cerrado su acceso a los mercados financieros por su situación económica. Estos instrumentos se diseñaron con carácter coyuntural y están suponiendo una suerte de financiación “por la puerta de atrás”, explica Herrero. Por eso, entre los retos de la próxima reforma, debería determinarse si este sistema de liquidez se regula y se le da una estructura coherente o si se elimina, y también estudiar cómo se va a afrontar la devolución de la deuda generada.

En cuanto a los criterios de reparto de la financiación, éstos incluyen la población de las regiones. Hay abierto un debate entre las más pobladas, como Andalucía y la Comunidad Valenciana, que quieren que se tenga en cuenta el número de habitantes, y las más vaciadas (Castilla y León, Aragón o Asturias) que preferirían que se tuviera en cuenta el envejecimiento y el hecho de que con menos habitantes deben mantenerse servicios de la misma calidad que en las más pobladas.

Este mismo lunes, el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, advertía de que un nuevo sistema de financiación basado en criterios de población sería “una injusticia”, y que lo que se debe tener en cuenta es el coste de los servicios.

“Los criterios que existen ahora se acordaron por unanimidad, en algún momento las 15 comunidades estimaron que eran válidos. En cuanto se aprobó todas dijeron que les perjudicaba”, afirma la profesora. A su entender, “lo idóneo sería un pacto de estado en el que se decidiera qué parte de la tarta corresponde a cada nivel de gobierno, local, autonómico y central”, y que a su vez fuera coherente y justo con el que rige las comunidades forales, que en su opinión se ven muy beneficiadas por el actual sistema.