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MINUTO POLÍTICO Los temas de este martes

Díaz Ferrán se zafó de los embargos cediendo hasta los maceteros a un colaborador

Mientras negociaba con Gobierno y sindicatos, Díaz Ferrán tejía su estrategia para evadir a sus acreedores. En octubre de 2010, una Comisión Judicial fue a embargar sus bienes pero se fue con las manos vacías

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El chalet de Díaz Ferrán en una lujosa urbanización de Madrid

El chalet de Díaz Ferrán en una lujosa urbanización de Madrid. / Google Maps

Cuando parece que ya está todo dicho sobre la mítica sentencia “hay que trabajar más y ganar menos” del ínclito Gerardo Díaz Ferrán, expresidente de CEOE y actualmente pasando el puente en la enfermería de la cárcel de Soto del Real, se conocen nuevos detalles que llevan al límite el atrevimiento de su pronunciamiento. El entonces presidente de la patronal española enunció estas palabras en el otoño de 2010, en plena polémica sobre la quiebra en cascada de sus negocios y en plena parálisis del Diálogo Social ya que la CEOE se había desmarcado de las conversaciones con Gobierno y sindicatos. Pero el contexto en el que hizo su alocución es aún más sangrante. Díaz Ferrán se pronunciaba así sobre los salarios de los españoles cuando él acababa de ceder todos sus enseres personales a un hombre de paja con la finalidad de esquivar uno de los primeros embargos al que tuvo que hacer frente por las millonarias deudas con sus proveedores, tal y como adelantó el pasado miércoles Vozpópuli. Así, el 28 de octubre de 2010, apenas unos días después de pronunciar la celebrada frase y aún como presidente de la patronal española, una comisión judicial se personaba en el chalet familiar de Conde Orgaz en el que habitaba Díaz Ferrán para ejecutar una orden de embargo interpuesta por la agencia de viajes Quail Travel Group.

En un momento en el que los desahucios aún no eran una preocupación de los asalariados españoles, el patrón de patrones tuvo que recibir a la comisión judicial en su vivienda, un lujoso chalet con piscina en un área residencial de Madrid. Sin embargo, y a diferencia de lo que sucede en las intervenciones de las comisiones judiciales de otros ciudadanos anónimos, la comisión se fue con las manos vacías por “haber realizado la diligencia media hora antes de la hora señalada”, según recoge la documentación aneja al sumario de la Operación Crucero que tramita la Audiencia Nacional y a la que ha tenido acceso este diario.

En cualquier caso, los miembros de la comisión judicial no habrían logrado hacerse con ninguna pertenencia de la familia Díaz Ferrán. La propia casa de 328 metros cuadrados y 1.395 de parcela con piscina estaba hipotecada desde junio de 2009 para respaldar un crédito de 4,5 millones de euros. La entidad que le había concedido el préstamo a Díaz Ferrán era la sociedad de valores en la que participaban las Cajas de Ahorro, Ahorro Corporación. Por eso, el acreedor de Díaz Ferrán había realizado una petición de embargo sobre sus bienes personales y, en particular, para hacerse con un Rolls Royce del empresario, modelo Phantom. La diligencia pinchó en hueso porque el mobiliario de Díaz Ferrán había pasado, de forma íntegra, a manos de uno de sus excolaboradores más allegados: Adrián Borrego. Así, en junio de 2010, Díaz Ferrán y su entonces socio, el difunto Gonzalo Pascual, le cedieron a Borrego todos sus enseres personales en prenda, según el contrato que firmaron, a unas supuestas deudas que habían contraído con Borrego por asesoría legal a las empresas de la pareja. Lo cierto es que Borrego había sido durante años uno de los más estrechos colaboradores de Díaz Ferrán y de Pascual, apareciendo con uno u otro cargo en todas las empresas que formaban la tupida telaraña del grupo Marsans. Una de sus últimas responsabilidades fue la de secretario del Consejo de Administración de Seguros Mercurio, la aseguradora del grupo que llevaron a la quiebra y por la que Economía les inhabilitó como gestores por 15 años.

La presencia de Borrego en las empresas del grupo Marsans es muy anterior a la irrupción de Ángel de Cabo, el liquidador de sociedades que compró el grupo den junio de 2010 y que ahora también está detenido por su implicación en la evasión y alzamiento de bienes del que acusan a Díaz Ferrán.

Tanto Pascual como Díaz Ferrán reconocieron en contrato privado unas deudas de 142.580 euros cada uno con Borrego, por lo que le cedían la propiedad de todos sus enseres como garantía hasta poder hacer frente a las deudas con un plazo límite de diciembre de 2010. Ambos socios dicen que de no haberse liquidado la deuda a tiempo, Borrego podría sacar los muebles a subasta por un valor de 120.000 euros. En el entretanto, los empresarios podrían seguir disfrutando de los bienes pignorados (puestos en prenda) con, eso sí, la diligencia “ordinaria de un buen padre de familia, conservándolos adecuadamente” según recoge el contrato.

Con esta estrategia, Díaz Ferrán y su socio intentaban salvar del embargo el día a día de su rutina familiar. Las televisiones de plasma marca Bang&Olufsen, el costurero inglés, la colección de cucharas de plata, la sopera de porcelana china, los porrones de cristal, una caja de puros Grande Dunhill, la bicicleta estática, los maceteros victorianos, un fuelle para chimenea…son algunos de las posesiones del exjefe de la patronal que se describen en el contrato y que fueron a parar presuntamente a manos de Borrego en aquel momento. De listado de pertenencias se vislumbra, por cierto, una querencia del empresario madrileño por el estilo inglés y por la porcelana china. Y también por cuidarse, como delata la completa equipación de su gimnasio.

El Rolls Royce que también perseguían los acreedores corrió distinta suerte. Acabó en manos de una empresa fantasma, Munari Negocios, con sede en Valencia y que, según recoge también la documentación judicial, fue creada ex profeso para poder apropiarse del vehículo en una ficticia operación de compra venta.

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