De la Serna informa al Gobierno de la marcha de las negociaciones de la reforma de la estiba
El Consejo de Ministros ha estudiado este viernes un informe sobre el nuevo decreto de reforma del sector de la estiba, contrario en la actualidad a la normativa europea.
Según ha explicado el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, al resto del gabinete, “hay distintas hipótesis y posibilidades” que además deben contar con el aval de la Comisión Europea, ha detallado el ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo. Según ha explicado, “el ministro de Fomento, desde el rechazo del Congreso a la convalidación el Decreto Ley de la estiba, ha trabajado con denuedo para lograr su aprobación”, informa EP.
La información proporcionada públicamente hasta ahora es que del nuevo real decreto ley “colgará” otro real decreto (de menor rango) en el que podrían incluirse las principales reivindicaciones del sector, o al menos aquellas que constan en la propuesta de mediación.
Así, en este real decreto “colgante” se incluiría íntegramente la propuesta del mediador, Marcos Peña. Este documento de dieciséis páginas incluye “garantizar el empleo del sector con el instrumento legal que el Gobierno considere suficiente”. También medidas de mejora de productividad en los puertos que sindicatos y patronal de la estiba incluyeron en el principio de acuerdo que rechazó el Gobierno.
“Se puede encontrar la fórmula para, por un lado, garantizar el mantenimiento del empleo y para, por otro, favorecer la mejora de la productividad de los puertos y, finalmente, abrir los instrumentos de ayuda para ese proceso de reestructuración”, según De la Serna. Cuando conocieron la propuesta, patronal y sindicatos dieron una respuesta ambigua, lo que llevó a unos a considerar que la aceptaban y a otros que la rechazaban. Lo cierto es que la asumían pero con cambios, que hasta donde ellos conocen no se han incorporado.
De la Serna aseguró hace un mes que había recibido una notificación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que dejaba “bien claro” que ya no hay más margen y que, por lo tanto, la segunda sentencia “puede caer en cualquier momento”. Una primera sanción del Tribunal de la UE en diciembre de 2014, ascendió a 23,3 millones de euros. En la actualidad puede haber una segunda a razón de 134.000 euros diarios más.
