Unidos Podemos lleva al Congreso la negativa del ICO a publicar los sueldos de su personal de confianza

La decisión del Instituto de Crédito Oficial (ICO) de interponer un recurso contencioso–administrativo contra la resolución del Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) que les obligaba a publicar los sueldos del personal de confianza va a llegar al Congreso de los Diputados. El grupo de Unidos Podemos–En Comú Podem–En Marea ha registrado una serie de preguntas por escrito en las que pide explicaciones al Gobierno, involucrado en el asunto a través del Ministerio de Economía, del que depende el ICO, y de Hacienda, del que depende el Consejo de la Transparencia.

El ICO, entidad pública empresarial, tiene a su cargo unos 300 empleados de los que alrededor 50 son cargos intermedios considerados de confianza, y por tanto no sujetos a convenio, según explica su comité de empresa. Serían sobre todo jefes de área, de departamento y subdirectores cuyas retribuciones no son públicas, en su mayoría provenientes del propio ICO. Fue un empleado del banco público el que se interesó por conocer los sueldos de estos compañeros, algo que le fue denegado, y el caso llegó al Consejo de la Transparencia, que falló que debían publicarse. Como ya han hecho otros organismos públicos y Ministerios, el tema acabará en los tribunales, como adelantó eldiario.es.

En el escrito del diputado de En Comú Podem Josep Vendrell se menciona un estudio de la Fundación Hay Derecho. En el mismo se detalla que además de la propia Administración General del Estado, en el INVESPE (Inventario de Entes del Sector Público Estatal), en la actualidad hay 409 entes estatales con tipologías muy variadas de los cuales solo una parte está en el Portal de Transparencia del Gobierno de España.

“Para ver la retribución de los máximos responsables de muchos entes hay que ir navegando por las páginas webs de esos organismos, buscar la sección de transparencia, descargar un fichero y con suerte llegar a la retribución fija + variable (todo junto, sin dar el desglose salvo excepciones) del máximo responsable de la entidad (del equipo directivo no se ofrece la retribución)”, añaden.

Una de las preguntas a las que el Gobierno deberá dar respuesta es saber si la dirección del ICO coincide con el contenido de la resolución del Consejo de Transparencia según la cual “el interés de los ciudadanos por conocer las retribuciones de los empleados públicos que ocupan ese tipo de puestos conecta directamente con su derecho a conocer el funcionamiento de las instituciones públicas y el modo en que se emplean los recursos públicos, y prima sobre el interés individual en la preservación de la intimidad o los datos de carácter personal”.