Los inspectores proponen controlar al que cambia de comunidad para tributar menos como al que se traslada de país

Pongamos un ejemplo. Un ejemplo que no está basado en un caso concreto pero que podría encajar con multitud de ellos. Una familia barcelonesa que cuenta con un elevado patrimonio, varios inmuebles, grandes inversiones y elevados ahorros decide trasladar su residencia fiscal de la capital catalana a una urbanización exclusiva en Madrid, pese a que la principal actividad del matrimonio se mantiene en Barcelona. Para los registros figurará como un habitante de la Comunidad de Madrid y no de Catalunya y, con ello, se ahorra de tributar, entre otras cosas, por el Impuesto sobre el Patrimonio, que en Madrid está completamente bonificado.

Un segundo ejemplo. Un tenista aragonés que ubica su residencia fiscal en Zúrich (Suiza), pese a que su familia reside en Zaragoza y pasa importantes periodos de tiempo al año, más incluso que en el país centroeuropeo. Sus premios y sus contratos de patrocinio tributan ante la Hacienda suiza, con una factura fiscal inferior a la que le tocaría en España.

Los inspectores de Hacienda ven similitudes entre ambas actuaciones encaminadas a rebajar los impuestos que se pagan. Es lo que dan a llamar “cambios ficticios” de residencia. El segundo de los ejemplos está mucho más analizado e investigado y ha habido casos muy conocidos donde la Agencia Tributaria ha logrado demostrar que la residencia efectiva se encontraba en España y no en el extranjero. Ahora, la asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), que engloba a la mayoría de este colectivo de funcionarios, propone estrechar el cerco sobre el primero de los ejemplos.

Esta asociación ha presentado esta semana un paquete con más de 120 medidas para la lucha contra el fraude en España, en respuesta al Libro Blanco del comité de expertos para la reforma fiscal, del que lamentan que no contó con inspectores. Entre este listado de propuestas para reducir los orificios del sistema por los que se cuela parte de la recaudación, los inspectores ponen el foco en los cambios ficticios de residencia. El propio presidente de la asociación, Ransés Pérez, defendía esta semana en tener un control similar al de los que salen del país para reducir sus impuestos.

Así, la asociación propone una campaña en coordinación con la Agencia Tributaria y las comunidades para “luchar contra los cambios ficticios de domicilio fiscal que generan fraude fiscal y perdidas recaudatorias, incumplimiento de principios constitucionales de justicia y equidad fiscales por la diferencia de oportunidades entre contribuyentes, y distorsiones en la asignación de recursos por el mercado”. Para ello, propone que la Comunidad Autónoma tenga la “potestad” de comprobar el domicilio fiscal de un contribuyente, para corroborar si es real o está encaminado a reducir sus impuestos.

Eso sí, la asociación reconoce que esta propuesta tiene un “problema” por la posible “falta de voluntad política”. Los inspectores entienden que este modelo de traslado de domicilio “es de sobra conocido que es fruto de la competencia fiscal entre algunas Comunidades”, entre ellas Madrid. Por ello, Pérez propuso que haya colaboración entre la comunidad de la que salió el contribuyente, aquella a la que llega y la Agencia Tributaria para poder delimitar si se trata de un traslado real. “Se reclama una mayor simplicidad relativa a los puntos de conexión para fijar qué Comunidad es la competente para gravar al contribuyente y en dónde debe éste declarar”, señala el documento.

Los inspectores van más allá y coinciden con el respaldo a la armonización que dieron los expertos que elaboraron el Libro Blanco para la reforma fiscal. También plantean una revisión de los beneficios fiscales, especialmente en el caso de la empresa familiar, “muy permeable a la planificación fiscal de los grandes patrimonios, que reducen casi a cero su tributación”. Con todo ello, la asociación busca evitar la “deslocalización de contribuyentes”. Los inspectores reconocen que es complicado conocer cuántos de los traslados entre comunidades que hacen los grandes patrimonios son ficticios, por la falta de control, pero señalan que supone “un fraude y debe ser evitado y combatido”.

Reacios a la excesiva autonomía en los tributos estatales

Los trabajadores de la Agencia Tributaria se muestran muy reacios a la amplia autonomía que tienen las comunidades en impuestos como Sucesiones o Patrimonio, que son estatales pero la gestión está cedida. “Cabe cuestionarse si fue razonablemente correcta su cesión”, señala el documento presentado esta semana. El sistema actual de competencia fiscal entre Comunidades, apuntan, genera un “doble riesgo” de distorsión de las decisiones económicas y de localización de los ciudadanos, que genera problemas de “inequidad e injusticia” en la aplicación del sistema tributario. “La consecuencia será el incremento del fraude fiscal”, señalan. Por todo ello, se muestran contrarios a ceder nuevas competencia fiscales a los gobiernos regionales y remarca la necesidad de armonizar los impuestos.

El contexto actual, marcado por los efectos económicos de la guerra en Ucrania, ha enfriado la reforma fiscal que el Gobierno tiene prevista y comprometida con Bruselas para recibir los fondos del Plan de Recuperación. Sin embargo, no ha escondido en el pasado su inclinación por armonizar determinados tributos frente a políticas a la baja como las de la Comunidad de Madrid, que dejan a estos impuestos prácticamente sin efecto. De pretender finalmente implantarlo, el Ejecutivo ya cuenta con dos importantes argumentos a su favor. Por un lado, el comité de expertos, cuyo documento aseguró que iba a ser la base de la futura reforma fiscal y recomienda la armonización. Por otro, los inspectores de Hacienda, que consideran que de lo contrario se deja abierta una puerta para el fraude. Esta propuesta es ampliamente rechazada por el principal partido de la oposición, el PP, quien ha llegado a situar a Madrid como un dique de resistencia frente a la política fiscal del Gobierno.

Además de estrechar el cerco sobre los contribuyentes que cambian de Comunidad, los inspectores pretenden un cambio en las normas para impedir los cambios de residencia hacia el extranjero. “Se trata de impedir que contribuyentes con una fuerte conexión con el territorio español eludan el pago del IRPF logrando la residencia fiscal en otros, normalmente paraísos fiscales o de baja tributación, con requisitos menos exigentes para obtener la residencia fiscal”, apunta el documento presentado esta semana.

En concreto, la asociación aboga por reducir la exigencia de días de permanencia en el país a partir de los cuales alguien se considera residente español. Actualmente son 183 días al año. Si se alcanzan, se debe tributar en España. Sin embargo, Pérez recuerda que hay países como Suiza donde únicamente exige 60 días. Por ello, sin especificar un número concreto, consideran desde la asociación que se debe obligar a tributar en España si es el país en el que más tiempo se pasa al año.

Aunque la medida va más allá de los días. Los inspectores piden que la norma defina “con el máximo detalle posible” conceptos que actualmente son muy ambiguos y que, según lamentan, “incitan al fraude y dificultan las comprobaciones”. Se trata de términos como residencia habitual, ausencia esporádica, núcleo principal o base de actividades o intereses económicos. Es decir, plantean que en la ley se aclare otros requisitos que convierten a alguien en residente español, como el hecho de que tenga aquí a su núcleo familiar, la mayor parte de su patrimonio o sus principales ingresos. Así, plantea cambiar el concepto de residencia por el de permanencia. Subraya que esto es especialmente importante en una situación como la actual, donde ha ganado peso el teletrabajo. “Se exige revisar el concepto de residencia asociado a la permanencia en un territorio un número de días al año”, plantean.

El centenar largo de propuestas que realiza la asociación IHE para reducir el fraude fiscal van más allá de la cuestión de los cambios de residencia. Plantean más poder para investigar posibles delitos fiscales al margen de la judicialización, con el fin de trabajar de una manera más rápida de forma paralela a la Fiscalía, y así evitar un caso como el del rey emérito. Proponen la creación de una policía fiscal, dotando de más poder a las autoridades aduaneras para toda clase de delitos fiscales, más allá de las propias aduanas y el contrabando. Se incorporan también propuestas para reducir el fraude en impuestos como el de Hidrocarburos. Por último, se exponen también medidas relativas a las reformas de algunos impuestos, como elevar la fiscalidad del vino —su consumo tributa actualmente al 0%— y gravar al cigarrillo electrónico como al tabaco.