Investigan si una filial de Iberdrola en EEUU ha inflado sus tarifas de electricidad
La filial de Iberdrola en Maine está en el punto de mira del regulador de ese Estado del noroeste de EEUU, la Maine Public Utilities Commission (MPUC). Esta entidad ha abierto una investigación en profundidad para comprobar si las tarifas que cobra a sus más de 620.000 clientes de electricidad Central Maine Power (CMP), principal eléctrica del Estado y propiedad de Avangrid, la marca estadounidense de Iberdrola, son acordes o no con las inversiones realizadas.
La ofensiva tiene su origen en la polémica generada por los apagones que sufrieron cerca de medio millón de clientes de CMP tras una feroz tormenta de viento que azotó Nueva Inglaterra el 30 de octubre de 2017. La MPUC determinó en septiembre que CMP estaba “razonablemente” preparada para esa eventualidad, pero las subidas de la luz que siguieron a ese episodio extraordinario han propiciado un fuerte rechazo a las dos grandes compañías del sector en el Estado (CMP y Emera), con peticiones de nacionalización incluidas e, incluso, una demanda civil contra la filial de la española, a la que se acusa de fraude y enriquecimiento injusto.
El 18 de julio, la MPUC decidió abrir una investigación (general rate case) para “examinar la justicia y razonabilidad de las tarifas actuales de CMP” y realizar “una revisión completa” de sus ingresos, tras empezar a recibir a finales de 2017 numerosas quejas de clientes de CMP sobre incrementos desproporcionados en sus facturas. Esa tendencia se ha agudizado en 2018, con 14.887 llamadas de usuarios al centro de atención al consumidor, más del doble que en 2017, debidos “casi enteramente el asunto de las elevadas facturas de CMP”, según explica el organismo en su último informe anual.
La MPUC abrió esa investigación tras constatar que en 2016 y 2017 la filial de Iberdrola obtuvo una rentabilidad sobre la inversión (ROE) del 11,52% y del 13,01%, respectivamente, “significativamente por encima” del 9,45% planteado en 2013. El pasado 22 de febrero, sus técnicos aconsejaron recortar el ROE de la filial entre 75 y 100 puntos básicos por la mala calidad del servicio que presta, que según su criterio está “por debajo de los niveles razonables”.
“El desempeño de CMP ha sido significativamente y consistentemente inferior a los estándares de servicio razonablemente esperados, y se aparta sustancialmente de la práctica normal y aceptada tanto para esta compañía como para otras utilities en general”, señalan los técnicos de la MPUC. El recorte que proponen, tal y como remarca Iberdrola, “no es una recomendación final”. El dictamen definitivo se espera para octubre.
CMP, que ha planteado a la MPUC que está “infrarretribuida”, propuso en octubre pasado al regulador que su ROE se fije en el 10% hasta diciembre de 2020, aprovechando los ahorros que va a obtener con la rebaja del Impuesto de Sociedades (del 35% al 21%) que ha aprobado el Gobierno de Donald Trump, en vigor desde enero.
Segunda investigación
Las conclusiones del regulador de Maine incluirán los resultados de una segunda investigación abierta el 14 de enero que afecta al sistema de medición de consumos, facturación y atención al cliente de CMP. Su origen está en las numerosas quejas recibidas tras la implantación de un nuevo sistema de facturación con contadores inteligentes que la compañía implantó el 30 de octubre de 2017, coincidiendo con esa virulenta tormenta.
En diciembre, un informe de la firma independiente Liberty Group encargado por el regulador determinó que los contadores de CMP realizan “medidas adecuadas”, pero encontró carencias: un “elevado número de errores que requerían de corrección manual antes de la emisión de las facturas”; falta de personal que “contribuyó a la incapacidad de eliminar errores” de medición; dificultades de los clientes para contactar con los representantes de CMP y “excesivos retrasos en la resolución de problemas de facturación”.
“No dedicamos suficiente personal, formación o vigilancia en la gestión para implementar con éxito el proyecto”, dijo entonces Douglas Herling, consejero delegado de la filial, que pertenece a Iberdrola desde la compra de Energy East en 2007.
De manera independiente a estos procesos, el 16 de agosto se presentó una demanda civil ante la Corte del condado de Cumberland (Maine) que acusa a la filial de Iberdrola de enriquecimiento injusto, incumplimiento de contrato y fraude con el cambio del sistema de facturación de octubre de 2017. Según los demandantes, 97.000 clientes sufrieron subidas en su recibo “del 50% o más” y “otros 200.000 clientes de CMP vieron subir sus facturas hasta un 50%” por el mal funcionamiento de sus contadores.
El 22 de febrero, la jueza que instruye el caso aplazó las diligencias hasta que la MPUC concluya su investigación formal sobre las tarifas de CMP. “No podemos predecir el resultado de esta demanda colectiva”, señala en sus últimas cuentas Avangrid, publicadas la semana pasada.
Fuentes de Iberdrola subrayan que en enero y febrero de 2018 se produjeron subidas generalizadas de las facturas de la luz de los consumidores de todo Estados Unidos por una ola de frío extremo. “En Maine, hubo un incremento proporcional del coste de generación de electricidad del 18%, reflejado por primera vez en las facturas en enero”, que, remarcan, fue determinado por la MPUC. “Los clientes en general simplemente demandaron más electricidad en este periodo”, aseguran.
