Yolanda Díaz, la ministra que quería “correr” para desmontar la reforma laboral y a la que estalló la mayor crisis desde la Segunda Guerra Mundial

Es la misma sala de prensa del Ministerio de Trabajo y no han pasado ni 100 días. En concreto, 81. Pero la situación es totalmente distinta. La gallega Yolanda Díaz tomaba a mediados de enero la cartera de Trabajo con la prioridad de combatir la precariedad y la promesa de “derogar la reforma laboral” del PP de 2012. La ministra se comprometió en sus siguiente intervenciones a “correr” y legisló desde sus primeros días al frente del Ministerio. Hasta que irrumpió el coronavirus. “Las cifras son excepcionales, son tremendas”, sostuvo Yolanda Díaz en la rueda de prensa del paro registrado en marzo, con el mayor aumento de desempleados de la historia en un solo mes. 

La epidemia de la COVID-19 es una emergencia sanitaria, pero no solo. El virus está provocando la mayor crisis en el empleo desde la Segunda Guerra Mundial, según advirtió esta semana la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La Gran Recesión de 2008, con la que a menudo se intenta comparar lo que acontece estos días, ni siquiera es un referente en muchos casos. Esto no se ha vivido nunca y la virulencia con la que ha afectado la pandemia al mercado laboral, de un solo golpe, es mucho mayor.

En España, el conoravirus se cobró 900.000 empleos solo en las últimas dos semanas de marzo, según los datos de afiliación a la Seguridad Social. La destrucción de empleo en 14 días es similar a la de 101 días, cinco meses, de la pasada crisis económica de 2008, destacó el ministro José Luis Escrivá.

Yolanda Díaz se situó al frente del Ministerio con un mercado laboral con importantes retos, como la permanencia de una alta tasa de paro, de casi el 14%, que se traducía en 3,2 millones de personas desempleadas. La meta y la perspectiva entonces, al inicio de su mandato en el nuevo Gobierno de coalición, solo pasaba por reducir esa cifra. Ahora, la COVID-19 la ha disparado de un plumazo hasta las 3.548.312 personas paradas apuntadas a las oficinas públicas de empleo.

La pandemia también ha puesto frente al espejo otro de los mayores problemas del mercado laboral español: el gran porcentaje de empleo temporal, de enorme fragilidad ante las crisis. Esta inestabilidad ha quedado en evidencia de manera clara en la destrucción de empleo de marzo. Dos de cada tres empleos destruidos por el coronavirus son temporales. En concreto, 613.250 trabajadores con contrato temporal y 223.353 personas con contrato indefinido.

El coronavirus hace estallar los planes de Trabajo

Al igual que para el resto de ciudadanos, la vida de la ministra también se ha visto afectada por las medidas de seguridad para frenar la expansión del virus. Su marido y su hija justo se habían mudado desde Galicia a Madrid poco antes de la irrupción del virus, por lo que al menos está cerca de los más allegados, explican en su equipo. No así de su padre, el histórico exsecretario general de CCOO en Galicia, en el que la ministra se apoya mucho y con el que se mantiene en contacto mediante llamadas telefónicas. Aunque “la agenda es más intensa que nunca”, explican en su entorno, habla cuando puede con su gente de Galicia, a la que está muy unida. 

La ministra ha destacado en los últimos días las largas horas de trabajo que su equipo y el conjunto del Gobierno están dedicando a los numerosos decretos leyes que están aprobando de manera continua durante la emergencia. “No hay fines de semana ni festivos”, reconocen en su equipo, y Díaz es de las que está encima y revisa los textos legales que defiende su Ministerio. 

Fuera de lo personal, el coronavirus ha estallado en el Ministerio de Trabajo desbarantando los planes y la normalidad presentes a principios de marzo. Entonces, en una entrevista con eldiario.es, Yolanda Díaz apuntaba a esa voluntad de “correr” y legislar sin demora. “Tengo muchas leyes sobre la mesa pendientes”, sostenía.

Díaz sorprendió a su llegada con un acuerdo en cuestión de días sobre el salario mínimo al que logró incorporar a los empresarios, pese a los recelos mostrados por la patronal a la entrada de Unidas Podemos en el Gobierno, y desde entonces su ministerio fue uno de los más activos: comenzó a desarticular la reforma laboral de 2012 con la derogación del despido por bajas médicas y su objetivo más inmediato era combatir los abusos sobre los falsos autónomos con una nueva legislación que se antojaba inminente.

Los siguientes pasos pasaban también por la aprobación de los reglamentos pendientes en materia de igualdad laboral y el desmontaje de los siguientes elementos “más lesivos” de la reforma laboral del Partido Popular. Después de un arranque de bastante sintonía en el diálogo social, los empresarios comenzaron a marcar distancias en público con los planes del Ministerio, respaldados por los sindicatos.

En esos días, la COVID-19 ya había presentado los primeros positivos en España, pero no se intuía la magnitud que alcanzaría la expansión de la pandemia en lo que restaba de mes y que perdura en abril, con decenas de miles de contagiados y más de 15.000 personas fallecidas, según las cifras oficiales de infectados.

Nuevas prioridades por la COVID-19

“De las medidas que tomemos va a depender la recuperación de esta crisis”, afirmó la ministra de Trabajo en la comparecencia para explicar los datos del paro. Así lo ha indicado también la OIT en su informe sobre la pandemia. El organismo internacional sostiene que “las consecuencias del COVID-19 en el empleo son profundas, de gran alcance y sin precedentes”, por lo que aún no se atreve a ofrecer estimaciones sobre cuál será el número de parados al final de año, por ejemplo. Todo dependerá de “la rapidez con que la economía se recupere en el segundo semestre del año y de la eficacia de las medidas políticas para impulsar la demanda de mano de obra”, suscribe la organización.

Yolanda Díaz ha vuelto a acaparar una gran presencia en las medidas aprobadas por el Gobierno de coalición en estos días, dada la gran incidencia de la crisis en su ámbito de responsabilidad. En varios Consejos de Ministros, según ha ido avanzando la emergencia sanitaria, el Ejecutivo ha aprobado una larga lista de medidas laborales. Entre ellas, agilizar los ERTE (expedientes de regulación temporal de empleo), con más protección para los trabajadores y ventajas para las empresas que los apliquen; la prohibición de los despidos objetivos motivados por el coronavirus; subsidios de paro extraordinarios para los trabajadores temporales y empleadas domésticas; y un nuevo “permiso retribuido recuperable” para algunos trabajadores durante el parón económico decretado del 30 de marzo al 9 de abril.

Tanto en las intervenciones oficiales como en entrevistas con los medios de comunicación, Yolanda Díaz ha insistido en destacar uno de los lemas del Gobierno de coalición en esta crisis, especialmente del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, con el que comparte formación política. El despliegue de un “escudo social” por parte del Gobierno que permita “no dejar a nadie atrás” durante la crisis y en la recuperación posterior.

La responsable de Trabajo insiste en que, al contrario que en la Gran Recesión de 2008, cuando el Gobierno de Rajoy debilitó la protección social de los parados y recortó las dotaciones de varios recursos sociales, la voluntad del Ejecutivo de Pedro Sánchez pasa por reforzar los mecanismos de protección para posibilitar una rápida recuperación y activación de la economía cuando puedan relajarse las restricciones por la COVID-19.

Las patronales CEOE y Cepyme advierten de que el parón económico tiene importantes consecuencias para el tejido empresarial y demandan más apoyo del Gobierno, con medidas como moratorias en el pago de impuestos y una mayor relajación de las exigencias de mantenimiento del empleo de los ERTE, entre otras. Aunque se han producido críticas al Ejecutivo desde ambas organizaciones, la última por el ingreso mínimo 'puente' que propone Pablo Iglesias, en términos generales su discurso insiste en la necesidad de “unidad” para diseñar las políticas de salida de esta crisis de alcance mundial.

Ahora, la siguiente prioridad de Díaz e Iglesias en sus ámbitos de actuación pasa por sacar adelante una renta mínima, que depende en primer lugar del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que lidera su diseño. Esta renta o Ingreso Mínimo Vital (IMV), que exigen también los sindicatos CCOO y UGT, pretende garantizar unos ingresos mínimos a las personas con menos recursos, muy numerosas en España, con una importante tasa de pobreza, especialmente entre los niños. Aunque en un inicio estaba planificado que arrancara en 2021, el ministro Escrivá ya ha explicado que se está acelerando su diseño debido a esta crisis y se presentará en cuanto sea posible.

De momento el coronavirus ha irrumpido con una crisis sanitaria, social y económica “sin precedentes”, por lo que habrá que esperar para comprobar qué recuperación sigue a esta emergencia y en qué punto queda la hoja de ruta que Trabajo se ha visto obligada a posponer por el momento. “Demos paso a lo nuevo”, propuso Díaz esta semana en el Congreso a la hora de defender el decreto que veta los despidos objetivos durante la crisis. “En las grandes crisis, decía Balzac, el corazón se rompe o se curte”, apuntó la ministra. Su apuesta, destacó, es una salida que se levante sobre “el bien común y la grandeza de lo público”.