La fuerte polémica por los datos del PIB ofrecidos por el INE no desinfla a Nadia Calviño (A Coruña, 1968). La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital insiste en esta entrevista con elDiario.es en que los datos “indican que ya hemos recuperado los niveles de actividad diaria que teníamos antes de la pandemia”. La vicepresidenta apunta a que se ha producido un “desacople de los datos del PIB con respecto a la evolución del empleo y de la recaudación fiscal”, que ha sorprendido a algunos economistas y analistas y, entre otros factores, encuentra la explicación de esta brecha en “las medidas que puso en marcha el Gobierno para reducir el impacto económico y social” y en que las “fluctuaciones económicas que hemos vivido en estos 22 meses no tienen comparación con ninguna otra situación vivida en tiempos de paz”. Ahora, una vez que “la recuperación se ha acelerado en 2021, que es un año que ha ido de menos a más”, asegura, el objetivo de la persona que dirige la política económica del Gobierno de Pedro Sánchez es que “la nueva fase de crecimiento en la que estamos entrando no sea un rebote pasajero”. Con esta premisa, descarta que su departamento tenga que cambiar las previsiones económicas recogidas en los Presupuestos de 2022 [crecimiento del PIB del 7%], aunque subraya que van a “cumplir con los objetivos de reducción del déficit (8,4% en 2021 y 5% en 2022) y de deuda, incluso si se da un escenario macroeconómico que no sea tan positivo”.
Calviño saca pecho del “trabajo intenso” que ha colocado a España en la cabeza de la Unión Europea en la recepción de los fondos Next Generation. Una “oportunidad histórica” para tener “una recuperación sólida a corto plazo y modernizar el modelo productivo para ser más fuertes a medio y largo plazo”. Tras un periodo en el que el Gobierno ha desplegado un escudo social sin precedentes, ahora toca impulsar la inversión privada para que se puedan “aprovechar plenamente las oportunidades de esta fase de recuperación”. En el año en el que el Gobierno tendrá que abordar la reforma fiscal, matiza que los cambios en la estructura impositiva del país no deberían ser un lastre para el crecimiento económico y la creación de empleo, “las prioridades del Gobierno”. Ahora bien, ante las posiciones de los partidos de la oposición de derechas recalca que “las personas cuya única agenda de política económica es la bajada de impuestos lo que quieren es recortar en sanidad, en educación y el estado de bienestar”.
Ha sido nombrada hace menos de una semana presidenta del Comité Monetario y Financiero Internacional del FMI, aunque descarta “hacer planes” de futuro sobre su posible incorporación al organismo multilateral. Calviño rechaza entrar en polémicas sobre su relación con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y resalta que siempre ha estado “muy alineada con el presidente Pedro Sánchez”, con el que ha tenido “una posición muy próxima y de enorme entendimiento”.
Hay una sensación generalizada de que la economía va mal, pero en los nueve meses de 2021 hemos crecido un 3,4% y se puede cerrar el año por encima del 5%, hemos recuperado el empleo a niveles prepandemia y el gasto de los hogares está por encima. ¿A qué cree que se debe?
No comparto esa sensación. Ahí están los 20 millones de personas que tienen empleo, los jóvenes que han recuperado su puesto de trabajo, los trabajadores que han estado protegidos por un ERTE y que han tenido una incorporación muy rápida a sus empresas, las familias a las que hemos apoyado para que no pierdan su nivel de renta, los trabajadores autónomos que se han beneficiado de la prestación extraordinario, las ayudas a empresas... Creo que el conjunto de la ciudadanía española es consciente de que hemos pasado 22 meses muy duros, con una pandemia sin precedentes, pero que hemos tomado las medidas adecuadas para amortiguar el impacto negativo desde el punto de vista económico y social. Creo que son también conscientes de que la recuperación se ha acelerado en 2021, que es un año que ha ido de menos a más, y de que estamos entrando en una nueva fase de crecimiento.
Sin embargo, la OCDE ha hecho una clasificación con 23 países sobre cómo lo han hecho durante los dos años de la pandemia y nos coloca en último lugar teniendo en cuenta el PIB, la inversión, los ingresos por hogar y el precio de las acciones bursátiles.
El impacto de la pandemia ha sido mayor en España que en otros países, debido al peso que en nuestra economía tienen los sectores más afectados. También hemos visto en el curso de estos meses una enorme volatilidad de las estadísticas y de las previsiones de los distintos organismos. La revisión que hizo el Instituto Nacional de Estadística (INE) del crecimiento del PIB del segundo trimestre de este año ha tenido un impacto enorme sobre todas las previsiones que se han producido desde entonces. El último dato que tenemos de INE ha sido una revisión del crecimiento al alza del tercer trimestre, que sin duda va a tener un impacto positivo en las estadísticas y los análisis que se hagan en los próximos meses.
Usted el 21 de septiembre señaló que la recuperación económica llegaría a finales de 2021. ¿Mantiene esa afirmación?
Hemos desarrollado un conjunto de indicadores sintéticos de la actividad que nos permiten tener el pulso de la realidad más allá de las estadísticas que se van conociendo con un retraso importante, como es el PIB. Estos indicadores de actividad diaria reúnen información sobre el uso de tarjetas de crédito, ventas de grandes empresas, ventas minoristas, empleo o consumo de electricidad, entre otros. Todos estos datos nos indican que ya hemos recuperado los niveles de actividad diaria que teníamos antes de la pandemia. Hay otros indicadores que están incluso por encima de los niveles prepandemia como las afiliaciones a la Seguridad Social, la recaudación fiscal o el turismo nacional
Ahora el reto es que no haya un rebote sino una recuperación sólida que nos permita además aprovechar este ciclo económico que ahora se inicia para modernizar la economía española y tener a medio y largo plazo un modelo de crecimiento más sostenible y más justo.
Ha habido cierta polémica por las revisiones del PIB por parte del INE. Muchos economistas señalan que no cuadran los datos de recaudación fiscal y de empleo –que ya están por encima de los de 2019– con los datos de crecimiento del PIB que da el INE. ¿Confía usted en los datos del INE?
Hemos visto un desacople de los datos del PIB con respecto a la evolución del empleo y de la recaudación fiscal, el paralelismo que suele acompañar la evolución de estas variables a lo largo del ciclo económico se rompió. En 2020 esto se explica por las medidas que adoptó el Gobierno, que amortiguaron el impacto de la caída de la actividad económica. En 2021 hemos visto un retraso en el indicador del Producto Interior Bruto con respecto a la rápida recuperación del empleo y al incremento de los ingresos fiscales. La salida de esta crisis está siendo muy diferente de la anterior crisis financiera. Lo normal es que la brecha entre la evolución del PIB y otros indicadores se vaya cerrando. Ya lo estamos viendo en esta última parte del año.
Es cierto que este desacople ha generado enorme sorpresa en el mundo económico y me parece muy positivo que el INE haya puesto en marcha un grupo de trabajo para analizar las metodologías y ver si es necesario mejorarlas o adaptarlas a la situación actual, de manera que puedan capturar mejor los cambios estructurales que se están produciendo.
¿Puede que el problema sea que el INE mide variaciones en el PIB de unas pequeñas décimas cada trimestre y ahora las variaciones son muy grandes?
Está claro que las fluctuaciones económicas que hemos vivido en estos 22 meses no tienen comparación con ninguna otra situación vivida en tiempos de paz.
Según los datos del INE, una de las consecuencias de esta caída del PIB es que ha bajado muchísimo la productividad en España. ¿Cree que es razonable que haya bajado la productividad o cree que es un efecto estadístico?
No he leído ninguna explicación convincente de que este efecto estadístico pueda responder a una causa sustantiva. Lo que sí vemos es que en el tercer trimestre también se ha corregido parcialmente esta evolución anómala.
¿Tendría el Gobierno que cambiar sus previsiones económicas? Con los datos del INE y con las previsiones del Banco de España las cifras que se esperan en los presupuestos no cuadrarían.
En 2021 ha habido una evolución de los ingresos fiscales mejor que la que habíamos previsto: están un 3% por encima de los niveles prepandemia y 10 puntos porcentuales por encima de la previsión para este año. Las previsiones que hemos integrado dentro de los Presupuestos Generales del Estado para 2022 están marcadas por la prudencia y la responsabilidad fiscal. Con todo esto, lo que está claro es que vamos a cumplir nuestros objetivos de reducción del déficit (8,4% en 2021 y 5% en 2022) y de deuda, incluso si se da un escenario macroeconómico que no sea tan positivo.
¿Cuál va a ser la factura que le va a pasar la variante ómicron a la economía española?
En estos meses ha quedado claro que salud y economía van de la mano, hay que ser extremadamente prudentes en este ámbito. La situación económica y de la pandemia ahora son totalmente diferentes de las que teníamos hace un año. La vacunación marcó un punto de inflexión que explica el cambio de tendencia que vimos a partir de la primavera de 2021. La vacunación tiene que seguir siendo la prioridad, junto con un actuación prudente, para que se minimice el impacto negativo de esta nueva variante desde el punto de vista sanitario, económico y social.
¿Cuál es el plan del Gobierno para frenar las subidas en el recibo de la luz?
Estos días hemos visto la enorme volatilidad que tienen los precios de la energía y la dependencia que tenemos de los precios del gas. También confirma la importancia de acelerar el despliegue de las energías renovables, porque son más baratas y más limpias. Nuestro objetivo es seguir con el plan de transición ecológica para conseguir que cuanto antes los ciudadanos españoles puedan acceder a esa energía.
El alza de los precios de la energía no tiene causas nacionales, viene derivada de la evolución de los mercados internacionales. El Gobierno ha adoptado medidas con un importante coste fiscal, de unos 4.000 millones de euros, para amortiguar el impacto de la evolución en los mercados energéticos sobre la factura de la luz de los ciudadanos y las empresas. Quiero recordar que este Gobierno fue el primero en poner este tema en la agenda de debate europeo. Confío en que haya una actuación decidida por parte de las autoridades europeas porque se trata de un fenómeno global que requiere respuestas a nivel europeo.
¿Le preocupa la alta inflación de 2021? ¿Van a subir los precios en 2022 tanto como han subido en el último año?
No tenemos que perder la perspectiva de que en estos últimos años hemos tenido precios muy estables. Empezamos 2021 con un alza de los precios del 0%. Es verdad que hemos visto un repunte muy importante, causado sobre todo por el alza de los precios de la energía, pero todos los organismos prevén que sea un fenómeno transitorio que se irá corrigiendo en el curso de 2022.
Usted se ha posicionado en contra de subidas salariales parejas a la inflación con el argumento de que pueden convertir a la inflación en estructural. ¿Cómo se compensa entonces la caída del poder adquisitivo de los ciudadanos?
Nuestro Gobierno está muy comprometido con la mejora de las condiciones laborales y salariales de los ciudadanos españoles. En estos tres años y medio hemos abordado un alza sin precedentes de más del 30% del salario mínimo interprofesional. El compromiso con esa senda también lo demuestra la reforma laboral que se acaba de aprobar. Desde 2018 se ha mantenido la capacidad adquisitiva de los salarios e incluso ha mejorado para los pensionistas y funcionarios, los trabajadores con salarios en convenio y para los colectivos más vulnerables con la subida notable en el caso de las pensiones más bajas o la aprobación del ingreso mínimo vital.
Ahora bien, desde un punto de vista de la estabilidad económica a medio plazo tenemos que evitar una fuerte subida de salarios que produzca una inflación estructural, lo que se conoce como efectos de segunda ronda. De momento, no hay signos de que se estén dando.
¿Cuánto debería subir el salario mínimo interprofesional en 2022 y cuándo debería ser esa subida?
El diálogo social se pondrá en marcha a principios del año. Vamos a ver cuál es la aproximación de los agentes sociales antes de tomar una decisión en el gobierno.
Desde varios ámbitos se apunta al peso de la deuda como un grave problema económico. A finales del tercer trimestre de 2021 la deuda pública de España alcanzó el 122,1% del PIB y un récord histórico de 1,43 billones de euros. ¿Le preocupa la alta deuda de España?
La política fiscal del Gobierno ha estado marcada por la responsabilidad y por dar una respuesta eficaz a la pandemia, poniendo en marcha un escudo social para proteger la renta de las familias, apoyar a las empresas y a los autónomos y mantener el empleo. Esto naturalmente ha exigido una emisión adicional de deuda de unos 150.000 millones de euros. En paralelo hemos mejorado la sostenibilidad a largo plazo de la deuda pública española, que está ya con una vida media de más de ocho años y con tipos de interés negativos. Esto nos permite seguir en esta senda decreciente de los intereses de la deuda viva incluso en un contexto en el que se pueda dar un aumento de los tipos de interés por un cambio de la política monetaria del Banco Central Europeo, aunque de momento no parece probable ya que las propias previsiones del BCE apuntan a una inflación por debajo del objetivo del 2%. En 2021 hemos reducido un 25% la emisión neta de deuda, 25.000 millones de euros menos de lo previsto inicialmente. Nuestra previsión es acabar 2021 ligeramente por debajo del 120% de deuda respecto al PIB.
Usted que conoce perfectamente el funcionamiento interno de la UE, ¿teme un cambio brusco de políticas y que Bruselas empiece a aplicar una austeridad prematura con la recuperación del Pacto de Estabilidad?
Esta pandemia nos ha demostrado que, actuando juntos y de manera coordinada, somos más fuertes. La respuesta europea a esta crisis ha sido muy diferente a la de la crisis anterior, y por eso vemos una salida más rápida. Instrumentos como el mecanismo SURE, por el que el Gobierno apostó desde el principio, y, en particular, Next Generation EU, suponen un gran avance para Europa. De hecho, España ha jugado un papel importante para esta respuesta europea en clave socialdemócrata. El presidente Sánchez y yo misma hemos empleado mucha energía en esta agenda.
Existe un gran consenso sobre la importancia que han tenido estas medidas y de mantener, de manera más específica y según vaya evolucionando la situación, el apoyo a nuestras economías. También sobre la necesidad de conservar activa la cláusula de escape del Pacto de Estabilidad durante todo 2022 y de avanzar en la revisión de nuestras reglas fiscales. Un debate abierto antes de que estallara la pandemia, que se ha retomado con una voluntad muy constructiva por parte de los países y de la Comisión Europea para encontrar una vía que no socave la recuperación.
España ha sido felicitada por la presidenta de la Comisión por ser el primer país en recibir los fondos europeos Next Generation, pero hay una continua sospecha, alimentada por la oposición, de lentitud y problemas en la ejecución. ¿Cómo va la ejecución de los fondos?¿Están llegando a las empresas?
Desde que los líderes europeos decidieron en julio de 2020 que se iba a crear el fondo de recuperación y los nuevos instrumentos Next Generation, hemos trabajado muy intensamente en el plano europeo y nacional para poner en marcha este programa de inversiones y reformas que nos va a permitir movilizar hasta 140.000 millones de euros. Un plan que nos abre una oportunidad absolutamente extraordinaria para tener una recuperación sólida a corto plazo y modernizar nuestro modelo productivo para ser más fuertes a medio y largo plazo.
En España nos jugamos mucho y por eso hemos trabajado tan intensamente, abriendo camino: hemos sido el primer país en tener el plan aprobado, en recibir la financiación y, sobre todo, es el primer país que ha recibido un pago ya asociado al cumplimiento de los hitos y objetivos, lo que puesto en marcha el flujo de fondos que tiene una elevada concentración en el período 2021-2023.
Durante 2021 hemos lanzado 28 manifestaciones de interés, cientos de convocatorias para programas de ayudas, subvenciones y otras formas de colaboración público-privada. Hemos lanzado las convocatorias de dos de los principales pertes, el del vehículo eléctrico y el del hidrógeno verde y almacenamiento energético. Hemos transferido a las comunidades autónomas más de 11.200 millones de euros para que puedan desarrollar las inversiones en los ámbitos de su competencia. Ya se ha autorizado en torno a un 90% de los fondos, es decir, más de 21.000 millones de euros.
¿Cree que se puede dar un problema de morosidad con los créditos ICO?
Por el momento estamos viendo una morosidad muy baja de los de los avales del ICO. Hemos acertado absolutamente con el diseño de los avales públicos que, junto al programa de ERTE, han sido de los más los más eficaces de la Unión Europea. El hecho de que el sector público no haya asumido el 100% del crédito ha garantizado una participación de las entidades financieras con los incentivos adecuados para mantener la morosidad en niveles bajos. Además, el Gobierno ha adoptado medidas adicionales para contener la morosidad, como la ampliación de los vencimientos de los préstamos a solicitud del deudor o el Código de Buenas Prácticas para la coordinación con las entidades financieras. Hay que recordar además que hemos movilizado créditos por más de 130.000 millones de euros para proteger y reforzarla solvencia de las empresas. Lo seguiremos haciendo pero ahora impulsando la inversión privada para que puedan aprovechar plenamente las oportunidades que nos da esta fase de recuperación.
El 33% de los fondos europeos están dedicados a la digitalización, ¿cómo va a ser la estrategia desde el Ministerio para que esos miles de millones tengan impacto en la economía real?
La transformación digital es una de las palancas clave y un eje transversal en todo el Plan de Recuperación. En el ámbito de la conectividad, hemos lanzado el Programa UNICO-Banda Ancha, que llevará la banda ancha ultrarrápida al 100% de la población para 2025 y el Programa UNICO-5G I+D, para financiar proyectos de investigación sobre tecnología 5G avanzada y 6G. También hemos asignado 360 millones de euros a las CCAA y hemos aprobado el proyecto de Ley General de Telecomunicaciones. Hemos convocado las ayudas para I+D e integración de la Inteligencia Artificial en la industria. También estamos poniendo en marcha el programa “Kit Digital”, para impulsar la digitalización de pymes y autónomos. Además, hemos lanzado el primer ecosistema de supercomputación cuántica del sur de Europa.
El apoyo a las empresas emergentes, especialmente en el ámbito tecnológico y de la digitalización, es fundamental y por ello, hemos aprobado el proyecto de Ley de Startups y puesto en marcha el Fondo Next Tech, que prevé movilizar hasta 4.000 millones de euros de inversión público privada y la línea ENISA para financiar proyectos liderados por mujeres, para la que hemos recibido más de 300 solicitudes.
El Gobierno ha conseguido un gran logro con el acuerdo de la reforma laboral consensuada con los agentes sociales, ¿está contenta con el resultado de la reforma?
Es una reforma muy importante que aborda los desequilibrios que venimos arrastrando desde hace décadas y que han lastrado el crecimiento, la productividad y, sobre todo, el bienestar en nuestro país. Cuenta con la legitimidad del acuerdo tripartito con los agentes sociales. El resultado nos va a permitir que esta fase expansiva de la economía sea también rica en creación de empleo estable y de calidad. Vamos a poner fin a los problemas estructurales de nuestro mercado laboral, como el alto paro, el desempleo juvenil, la temporalidad o la precariedad.
¿Entiende que a usted se la haya colocado como defensora de las propuestas empresariales durante la negociación de la reforma laboral?
En nuestra agenda han estado muy claros los parámetros sobre los que íbamos a trabajar con los agentes sociales y cuál era nuestro objetivo, que ya estaban tanto nuestra política económica desde junio de 2018 como en la agenda del cambio que publicamos en febrero de 2019, en el programa electoral, en el acuerdo de Gobierno y en el componente 23 del Plan de recuperación. El objetivo siempre ha sido reducir la temporalidad y la precariedad, reequilibrar la negociación colectiva y aportar a las empresas instrumentos de flexibilidad interna alternativos a la alta volatilidad que ha caracterizado el empleo desde hace décadas. El mercado laboral es el principal instrumento de redistribución y de equilibrio social y creo que esta reforma laboral es un paso adelante importantísimo para tener un crecimiento más sostenible y más justo.
¿Cómo es su relación con la vicepresidenta Yolanda Díaz? ¿Hay tantas tensiones entre ustedes como parece?
Nunca entro en consideraciones personales, estamos todos concentrados en trabajar intensamente para desplegar el plan de recuperación y hay demasiado ruido en el entorno político y mediático. No voy a contribuir a ese tipo de especulaciones.
2022 va a ser, tras la reforma laboral y la primera parte de la reforma de las pensiones, el año en el que debemos abordar la reforma fiscal. ¿Cómo cree que debería ser esa reforma?
Hemos dado un impulso muy importante a toda la agenda reformista gracias al trabajo preparatorio que llevábamos haciendo desde 2018. Hay que poner en valor reformas que muchas veces pasan más desapercibidas, como la educativa. En el primer semestre de 2022 el Parlamento tendrá que terminar el trámite legislativo de la Ley de Formación Profesional, la ley de startups, la ley Crea y Crece y la reforma concursal, y llegarán también la de Ciencia y la de Universidades. Estamos hablando de reformas estructurales de gran calado. En febrero tendremos el informe del grupo de expertos de la reforma fiscal sobre cuya base afrontaremos esa adaptación de nuestro sistema fiscal a la realidad del siglo XXI.
¿La reforma fiscal va a suponer una subida de impuestos? ¿Cómo va a ser?
La prioridad del Gobierno ha sido y tiene que seguir siendo impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo. Ahora bien, tenemos que conseguir aumentar los ingresos públicos de nuestro sistema sin poner en riesgo el crecimiento económico y la creación de empleo. Es una recomendación que nos han venido haciendo los organismos internacionales desde hace tiempo. Debemos conseguir un sistema fiscal más fuerte, más alineado con los países de nuestro entorno. Francia, Italia, Alemania e incluso Portugal tienen sistemas fiscales con una mayor capacidad recaudatoria. También tenemos que adaptar nuestro sistema fiscal a los retos derivados del cambio climático, dentro de un debate que se está produciendo no solo a nivel nacional, sino también europeo e internacional. En definitiva, se trata de adaptar nuestro sistema fiscal a la realidad del siglo XXI y a las prioridades de los ciudadanos españoles, que van en la dirección de reforzar nuestro sector público y no debilitarlo, como parece que argumentan algunas formaciones políticas.
¿Cree que tiene que haber competencia entre las autonomías por ver quién tiene los impuestos más bajos?
La posición que hemos mantenido en Europa y en los organismos internacionales es que hay que poner fin a esa carrera de impuestos a la baja entre las distintas jurisdicciones, que solo nos empobrece a todos. Los ciudadanos tienen cada vez más claro que es necesario reforzar nuestro tejido social y nuestro sector público, invertir en educación y en sanidad porque son el futuro. Tan importante son las infraestructuras físicas o digitales como las infraestructuras sociales. Al igual que creo que hay que acabar con esa carrera a la baja en el ámbito internacional no tiene sentido una competición entre las distintas regiones de nuestro país por ver quién tiene los impuestos más bajos, que nos empobrece a todos. Las personas cuya única política económica es la bajada de impuestos lo que quieren es recortar en sanidad, en educación y el estado de bienestar.
Pablo Casado la ha convertido en el principal objetivo de sus críticas contra el Gobierno en las últimas semanas. ¿Qué pasó realmente en ese encontronazo entre ambos que el líder de la oposición utiliza como argumento para cargar contra usted?
Lamento mucho que el Partido Popular se haya instalado en el no, que esté con una actitud destructiva que no lleva a nada bueno para nuestro país. Deseo que cuanto antes se den cuenta de que lo que hace falta en este momento es que rememos todos en la misma dirección para desplegar un plan de recuperación, un proyecto ilusionante que nos permita mirar al futuro con esperanza y con confianza.
Desde hace medio año usted es vicepresidenta primera del Gobierno. ¿Está asumiendo un papel político superior al que tenía cuando solo era vicepresidenta económica?
Mi papel en el Gobierno no ha cambiado significativamente, desde el primer momento he estado al frente de la coordinación de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos y he dirigido la política económica del Gobierno con el triple eje de responsabilidad fiscal, reformas estructurales y justicia social. Esta ha sido nuestra agenda de política económica desde junio de 2018 y ahora se ha acelerado gracias al plan de recuperación. Siempre he estado muy alineada con el presidente Pedro Sánchez, con el que he tenido una posición muy próxima y de enorme entendimiento, independientemente de la función o la posición que yo ocupara en el Gobierno.
Acaba de ser nombrada presidenta del Comité Monetario y Financiero Internacional del FMI, ¿se ve en el futuro como directora gerente del FMI? ¿Le gustaría?
No hago ese tipo de planes, no los he hecho nunca en mi vida y ahora menos. Estoy totalmente entregada a mi labor como ministra y vicepresidenta. Tenemos por delante una oportunidad extraordinaria para España con un proyecto de reformas e inversiones que es para más de una legislatura.
¿Qué libro, película o espectáculo recomendaría?
Me impresiona la extraordinaria capacidad de nuestro sector cultural, especialmente en las difíciles circunstancias de la pandemia. Es sin duda una de las fortalezas de nuestro país y será una de las palancas de la recuperación económica.
Elegir es complicado porque he visto y leído cosas muy interesantes este año. Recomiendo musicales como ‘Golfus de Roma’, ‘Kinky Boots’ y ‘A Chorus Line’, que están a la altura de producciones internacionales de primer nivel. Respecto a películas, me gustó mucho ‘El buen patrón’ y acabo de leer ‘Clara Victoria’ de Isaías Lafuente, una crónica apasionante y amena sobre la lucha por el sufragio femenino.