La pandemia pone ante el espejo el derecho a la salud en el trabajo y los agujeros en la prevención

Ir a trabajar con miedo. Temer por la salud e incluso por la vida solo por acudir al puesto de trabajo. Son experiencias contra las que luchan los sindicatos y visibilizan cada 28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, en los que recuerdan que la protección de la salud de los trabajadores es un derecho reconocido por ley. Esos temores, que para muchos podían resultar ajenos hasta el momento y propios solo de las profesiones más peligrosas, se han extendido con la pandemia del coronavirus. Los sindicatos recuerdan este 28A más que nunca que proteger a las plantillas no es una opción sino una obligación de los empleadores.

Esa cultura de la prevención debe marcar también la acción del Gobierno en el proceso de desescalada, según han exigido este lunes en una rueda de prensa el secretario de Salud Laboral de CCOO, Pedro J. Linares, y la secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT, Ana García de la Torre. Así lo ha reclamado a nivel internacional la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cuyo director general tachó de “falso dilema” el debate que alientan algunas voces entre “salvar vidas o salvar la economía”. Lo primero no está en cuestión, reivindicó Guy Ryder, que exigió implementar las medidas necesarias para cuidar la salud de los ciudadanos y, a partir de ese escenario, hallar las recetas para reducir los daños económicos.

El 28A es un día de reivindicación, pero también de homenaje a todas las personas que fallecen por ejercer su trabajo. Como Sara Bravo López, médica de familia de 28 años que ejercía de refuerzo en el centro de salud de Mota del Cuervo (Cuenca). Joaquín Díaz Domínguez, jefe de servicio de cirugía del Hospital Universitario La Paz. Juan Antonio Mingorance Espinosa, médico de la clínica privada Virgen de la Caridad en Cartagena (Murcia).

Los contagios y las muertes de sanitarios en esta crisis de la COVID-19 están llevando al primer plano y poniendo rostro y nombre a los accidentes y muertes laborales, aunque muchas veces no se nombren como tal. Son trabajadores que enferman o fallecen como consecuencia del ejercicio de su trabajo, una situación que los sindicatos denuncian que apenas recaba la atención mediática y social pese a que cada día mueren en España dos personas por este motivo de media. En 2019 fallecieron 695 trabajadores en accidentes laborales. La construcción se erigió como punto negro con un aumento de las muertes, pese al descenso general.

120 muertes laborales en enero y febrero

El inicio de 2020 ha sido terrible, con un aumento interanual del 30% de los fallecimientos por accidentes laborales registrados en enero y febrero respecto, antes del estallido de la pandemia. En total, 120 personas han muerto en accidentes laborales en los dos primeros meses del año, ya sea en su jornada o al ir o regresar del trabajo. Una cifra “tras la que hay familias”, recordaba este lunes Ana García de la Torre, que destacó que el dato es aún provisional y posiblemente aumente en el recuento definitivo.

¿Qué ha ocurrido en el inicio de 2020 para este aumento de muertes? Los responsables de salud laboral de los sindicatos sostienen que aún es pronto para saberlo, pero alertan de que “claramente pone en evidencia que tenemos un sistema preventivo con graves deficiencias. No funcionaba bien dada la alta siniestralidad”, advierte García de la Torre.

Según las cifras provisionales del Ministerio de Trabajo, las muertes han aumentado en términos absolutos, pero también el índice de incidencia de estos fallecimientos sobre el total de trabajadores. Los sectores en los que se ha disparado la incidencia de muertes son el sector agrario, con 17 fallecimientos entre enero y febrero respecto a los 3 del año pasado en las mismas fechas, y en la industria, con 29 trabajadores muertos respecto a los 12 de enero y febrero de 2019.

Revisar la prevención en el trabajo

Con estas cifras sobre la mesa previas a la pandemia y dada la crisis desatada con el coronavirus, los responsables sindicales de salud laboral han destacado la necesidad de revisar las políticas preventivas, que han mostrado “demasiadas carencias en esta pandemia”, destaca Pedro J. Linares. En CCOO y UGT han recordado que el modelo imperante de prevención de riesgos laborales en la actualidad está “excesivamente externalizado y mercantilizado”, con una mayoría de compañías que confían en terceras empresas para las funciones de prevención de riesgos laborales, y en su opinión este asesoramiento no ha estado a la altura en esta emergencia sanitaria.

Los sindicatos mayoritarios piden al Gobierno revisar la regulación de la prevención de riesgos laborales, de manera que se fije con más claridad las actuaciones que deben acometer estas empresas aunque estén externalizadas. En concreto CCOO denunció que en esta crisis empresas “de Servicios de Prevención Ajenos, aquellas que deben garantizar la seguridad y salud de las personas trabajadoras asesorando a las empresas”, presentaron ERTE por fuerza mayor ante la autoridad laboral, cuando en teoría deberían tener un pico de trabajo en este contexto.

La patronal del sector de prevención de riesgos laborales hace una lectura muy distinta de lo sucedido en la crisis de la COVID-19. La Asociación Nacional de Entidades Preventivas Acreditadas (Anepa) y la Federación de Servicios de Prevención Ajenos (Aspa) destacaron en un comunicado “la fortaleza de la prevención de riesgos laborales en España ante el coronavirus”. Con las cifras de la reducción de accidentes laborales (que no de muertes), las patronales subrayan el éxito de su modelo “que se pone en ocasiones en tela de juicio con valoraciones subjetivas e ideológicas”.

Proteger en la emergencia y cuando esta pase

Más allá de visibilizar los problemas y recordar a las víctimas laborales, los sindicatos mayoritarios reclaman medidas para el corto plazo, en plena pandemia, así como para el medio y largo plazo, cuando se avance hacia la llamada “nueva normalidad” tras la COVID-19.

En estos momentos, la premisa de los representantes de los trabajadores es simple: si la empresa no puede garantizar la protección de las plantillas, no debe retomar la actividad. Dado el desabastecimiento general, las empresas tampoco cuentan con los equipos de protección individual (EPI) ni con test que ofrecer a sus trabajadores y, en algunos casos, no pueden garantizar el distanciamiento físico exigido para evitar la expansión del virus.

CCOO y UGT reivindican la negociación de las medidas de prevención, que en ocasiones (y sobre todo ante la falta de recursos) pueden articularse mediante medidas organizativas, como el teletrabajo o la escalada de los turnos y las entradas y salidas de los trabajadores para evitar agloremaciones. El trabajo a distancia, han recordado los responsables sindicales, no puede ser una excusa para que las empresas no se hagan cargo de sus responsabilidades de prevención de riesgos laborales. Las compañías siguen siendo las encargadas de garantizar la protección de la salud de sus empleados.

Para el medio y largo plazo, los responsables sindicales llaman a articular el proceso de desescalada desde la perspectiva de la protección de la salud de los trabajadores, dotar de más medios a la Inspección de Trabajo e implantar en general una cultura preventiva en el centro de las relaciones laborales. También para atender deberes pendientes, como la infrarrepresentación de las enfermedades profesionales y la desatención de los riesgos psicosociales en el ámbito laboral. El precio de no poner la protección de las personas en el centro, advierten los sindicatos, es demasiado alto: que produzcan muertes que podrían haberse evitado.