Dos trabajadores, pendientes del indulto para evitar la prisión por su presencia en un piquete
Serafín Rodríguez y Carlos Rivas esperan un indulto que les evite la cárcel: una jueza de Vigo les condenó en 2011 a tres años de prisión por participar en una huelga del sector del transporte, una sentencia que ratificó la Audicencia Provincial de Pontevedra. La magistrada considera que los dos trabajadores (el primero afiliado al sindicato CIG, el segundo a UGT) incurrieron en un delito contra los derechos de los trabajadores por paralizar varios camiones y lanzar objetos a los mismos.
Los dos trabajadores -que no cuentan con antecedentes de ningún tipo- pidieron un indulto, que se les denegó, y solicitaron otro a finales de enero. La jueza ordenó entonces que se paralizara su ingreso en prisión hasta que el Gobierno resolviera este último indulto, pero la Fiscalía recurrió y solicita su encarcelamiento inmediato. Serafín y Carlos cuentan con el apoyo en forma de cartas escritas y firmas de compañeros y excompañeros de trabajo, incluso de los dos camioneros cuyos vehículos fueron dañados durante la huelga, que respaldan su indulto. En esas cartas, los camioneros aseguran que la intención de los dos trabajadores no fue impedir el ejercicio de su actividad laboral. El Parlamento gallego, el Ayuntamiento de Vigo y la Diputación de Pontevedra también han mostrado su apoyo a los trabajadores.
El suceso tuvo lugar durante la primera noche de huelga en la zona franca de Vigo, donde se concentraron unas 70 personas. Allí, según la sentencia, “actuando de común acuerdo y con la intención de impedirles su legítimo derecho al trabajo, les impidieron el paso [a varios camioneros], teniendo que apearse de los mismos, y les lanzaron objetos y piedras que alcanzaron los camiones”. Aunque la jueza menciona la doctrina del Tribunal Constitucional que reconoce la labor de los piquetes en las huelgas, asegura que en este caso “se sobrepasó los límites constitucionalmente establecidos”. Las pruebas: la declaración de la policía y de los dos perjudicados que finalmente desistieron del proceso y que ahora apoyan el indulto de Serafín y Carlos.
La versión de los condenados es muy diferente. “Estoy condenado sin haber hecho nada. Yo llegue después de que se lanzaran unas piedas contra los camiones. Estaba ahí hablando con un compañero y vino la policía a identificarnos. Me dijeron que si no había hecho nada no tenía de qué preocuparme, que había una grabación. Pero esa grabación no ha aparecido en ningún momento”, explica Serafín, que en aquel momento se encontraba de baja por ansiedad. “En el indulto he reconocido cosas que no he hecho, pero es la única salida que me queda para no ir a la cárcel. Para mí sería lo peor, lo que gana mi mujer lo dedicamos a pagar la hipoteca, necesitamos mi sueldo para vivir nosotros y nuestras dos hijas pequeñas”, dice angustiado.
También Carlos se muestra indignado. “Nos pidieron el DNI a varios de los que estábamos allí. Queríamos informar a la gente de por qué habíamos llegado a la huelga y de qué estaba en juego. Si paramos los camiones igual fueron cinco o diez minutos, por lo demás fue una noche más de trabajo para la gente que acudió a su puesto. Además, desde el principio había cinco o seis furgones de policía controlando. He estado dos años en paro y ahora que por fin he encontrado trabajo quieren que entre en la cárcel”, relata.
“La pena es una barbaridad. Es muy raro que se apliquen estas penas para este tipo de casos. Hay que tener en cuenta que muchas veces las identificaciones no son tan rigurosas como deberían, ni el reconocimiento posterior de los acusados es tan claro. En este caso ni siquiera reconocieron personalmente a los dos acusados. Esto va a desanimar mucho a la gente a la hora de salir a la calle a protestar”, aseguran fuentes jurídicas próximas al caso. Los dos condenados ya pagaron una multa para resarcir los daños que sufrieron los camiones.
La de Carlos y Serafín es una de las cerca de cuarenta causas repartidas por España en las que la Fiscalía pide varios años de cárcel a trabajadores -la mayoría afiliados a sindicatos o incluso miembros de su estructura- por participar en piquetes. Entre todos suman más de 140 años de cárcel. Los sindicatos ven detrás de estos casos una estrategia para desprestigiar la protesta sindical, amedrentar a los trabajadores y atentar contra derechos fundamentales como el derecho de huelga.
La defensa de los dos trabajadores ha recurrido la petición de la Fiscalía para que entren en prisión. En unas semanas será la Audiencia Provincial la que decida: anulará su ingreso en la cárcel hasta que se resuelva el indulto o bien confirmará que Carlos y Serafín deben ser encarcelados sin más dilación. Sea cual sea su decisión, los dos se agarran a la esperanza de que el Gobierno les conceda el indulto. Si no, su entrada en prisión será prácticamente inevitable.
