La conexión entre el suicidio de Olga y el gobierno de Trump

En la redacción de elDiario.es, tratamos de digerir y contar las sucesivas e intensas crisis que están viviendo el país y el Gobierno. Cuando apenas salíamos de días convulsos por el decreto Maricarmen, tras su desahucio y antes de su muerte, el accidente de Renfe nos vuelve a sacudir sin dejarnos siquiera tiempo para preparar la huelga general por la vivienda con cierta perspectiva, y eso sin mencionar las elecciones, para las que quedan solo tres semanas.

Pero aquí está ya la huelga, llega la semana que viene, el miércoles, tras un violento desalojo de los acampados que quedaban en Sol. Y me quedo con un mensaje que me dio la portavoz del Sindicato de Inquilinas en la entrevista que publicamos este jueves: que “es patético querer tumbar la huelga por el accidente de Urda cuando se trata de una protesta también por los servicios públicos”.

Exigir que la vivienda sea un bien público no es exigir que vaya en detrimento del transporte, la sanidad o la educación, sino que todos ellos mejoren y reciban inversiones de acorde con unas necesidades que han crecido y no se han actualizado al ritmo que necesitaban. Detrás de esas carencias están también gran parte de las protestas que recorren Europa. Y, aunque parezca paradójico, hacia el fascismo y la nostalgia también se escapan muchos de los que no ven un progreso en su vida ni en los servicios públicos.

Pero hoy me voy a detener en un vínculo entre la extrema derecha y la especulación inmobiliaria que tal vez haya pasado desapercibida pero que cuenta mucho de quién está detrás del modelo usurpador de vida de la especulación inmobiliaria.

Cuenta la PAH que preparan acciones junto al Sindicato de Inquilinas contra Cerberus, un fondo estadounidense que hace unos días también fue objeto de acciones de los sindicatos de vivienda de Catalunya. Se trata del cuarto mayor tenedor de viviendas en España, con 7.000 casas en 2024 según publicó Civio con datos obtenidas por el canal de Transparencia del Gobierno.

Las entidades sociales de Madrid y Catalunya llevan tiempo pidiendo a Cerberus que ponga alquileres sociales a inquilinos en vez de echarlos de sus casas en diversos casos de vulnerabilidad. Pero no encuentran vías de mediación y algunas sentencias judiciales acaban llevando a desahucios.

Uno de estos casos fue el de Olga, que se suicidó el pasado 7 de septiembre casi cinco meses después de ser expulsada de su casa con sus dos hijas, tal y como contó Sandra Vicente. La Generalitat, en este caso del PSC, tiene su parte de responsabilidad en no haber ofrecido una alternativa residencial o solucionar el caso a una persona que llegó a participar en una comisión sobre salud en el Parlament. El piso en el que vivía pasó a manos de Cerberus cuando se quedó sin ingresos para pagar la hipoteca.

Y el fundador y ex consejero delegado de Cerberus, Stephen Feinberg, es también el subsecretario de Defensa designado por Trump el año pasado. De hecho, dejó su puesto de CEO para ocupar este alto cargo del Pentágono, después de haberlo compaginado con un trabajo de asesor de inteligencia del presidente que le valió acusaciones de conflicto de intereses con respecto a DynCorp, contratista de seguridad de Cerberus.

Cuando las grandes empresas, patronales y fondos hablan de “no politizar” las cuestiones de estado o de la carga “ideológica” de las regulaciones que topan precios o intervienen el mercado, intentan hacer ver que no hay ideología en el mercado y en las operaciones empresariales. Pero ha quedado muy claro que gente como Trump o la extrema derecha global que ríe las gracias a las multinacionales tienen una ideología clara, que consiste en pasar por encima de los vulnerables y deshumanizarlos, de los migrantes, de los inquilinos, de las mujeres y de cualquier minoría en favor del lucro, revisten el mercado de libertad cuando todo el mundo sabe con qué cartas empieza cada uno sobre la mesa del supuestamente justo y soberano libre mercado. Una conexión no tan indirecta entre Trump y un desahucio en Barcelona con final fatal lo deja claro.

El dato

16%

El porcentaje de compras de vivienda por parte de extranjeros alcanzó el 16,05 % en el tercer trimestre del año, lo que supone un máximo histórico, alcanzando algo más de 26.300 compras, mientras que los precios marcaron otro nuevo máximo, según los datos que maneja el Colegio de Registradores, informa EFE.

Los pesos más altos de compras extranjeras se dieron en Baleares (37,2 %) y Comunidad Valenciana (30,4 %).

Poder público

Catalunya viene siendo desde hace tiempo campo de pruebas en regulación de vivienda, con efectos positivos pero no suficientes. Uno de ellos ha sido la regulación del alquiler de temporada, que ha propiciado que esta modalidad caiga un 40% desde la aprobación de la regulación. Son buenas noticias para España porque esta regulación es casi idéntica a la que se ha aprobado en el último decreto de vivienda. Menos alquiler de temporada puede suponer más alquiler de vivienda habitual.

Los precios de alquiler, en una comunidad que los tiene topados, han crecido mucho menos que en el resto de zonas de España con gran afluencia y que no tienen estos topes. Concretamente, han subido un 2,6% desde la entrada en vigor de los topes en 2024, por debajo de la inflación, informó Sandra Vicente. En el primer trimestre de 2026, además, el número de contratos de alquiler firmados ha crecido en comparación al año pasado después de años de retroceso. De todos modos, la caída de la firma de contratos de alquiler no es en sí una mala noticia porque puede tener que ver con la menor rotación por la protección de precios. O sea, menos gente se ve forzada a salir de su piso y firmar otro contrato en otra casa porque ya el casero no tiene, en Catalunya, libertad para poner el precio que quiera en las renovaciones de contrato una vez vencen.

Pero la última regulación que iba a salir adelante finalmente no lo hizo. El PSC y Comuns no se pusieron de acuerdo en la forma en que sorteaban el informe del Consell de Garanties Estatutàries que consideraba que el texto estaba en contra de la Constitución y del Estatut. Comuns quería mantener el texto porque el informe no es vinculante y el PSC planteaba que no se limitara el número de compras de vivienda, sino su objetivo final. Así que, por ahora, esta regulación no se hará.

Poder popular

Generalmente, hablo de poder público y poder privado en estas secciones. Pero esta vez me voy a centrar en el “poder popular”, término que utilizó en reiteradas ocasiones la portavoz del Sindicato de Inquilinas, Alicia del Río, en la entrevista que hicimos esta semana. Defendía que los movimientos sociales, con su fuerza de presión, tienen capacidad de influir en las decisiones de las políticas públicas. Las soluciones a la vivienda, como a las carencias en educación o en sanidad, no se resuelven con una papeleta en una urna, sino con presión de las bases y una sociedad civil organizada, defendía Del Río y ha sido demostrado en numerosas ocasiones, aunque en muchas otras los poderes optan por ignorar o menospreciar a las calles (véase el caso de Ayuso con la huelga de educación).

El Sindicato de Inquilinas es el vivo ejemplo de ello, con la capacidad de movilización que ha demostrado en los últimos años. La regulación de precios, las prórrogas, la prohibición de ventas especulativas y otras medidas más radicales como los contratos indefinidos o la expropiación de viviendas a grandes fondos son medidas que defendieron antes de que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobara la insuficiente Ley de Vivienda de 2023 y el reciente decreto de vivienda.

Creo que, aunque todavía no haya mucho a celebrar porque la asfixia por la vivienda sigue, nadie puede negar el peso que ha tenido este movimiento para el nuevo relato de la vivienda en España, que apunta sobre todo a que se prime la función social de la vivienda a su valor como activo de inversión, que lleva muchos años acentuando la desigualdad y partiendo a la sociedad. La gran protesta a las puertas de Maricarmen el día de su desahucio, la acampada en la Puerta del Sol, la rapidez con que entonces se redactó el decreto de vivienda (tarde e incompleto) y la convocatoria de una huelga general a la que se han sumado los sindicatos mayoritarios Comisiones Obreras y UGT son buena muestra de la potencia de este nuevo “poder popular”.