En Comú Podem exige al Gobierno el fin de los “visados de oro” con el que los millonarios obtienen la residencia en España
Unidos Podemos–En Comú Podem–En Marea ha registrado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados, elaborada por En Comú Podem, en la que reclama al Gobierno que ponga fin al programa de los “visados de oro”, permisos de residencia que se conceden a cambio de cuantiosas inversiones, principalmente inmobiliarias.
Este programa ha permitido a alrededor de 45.000 extranjeros obtener residencia en España desde que comenzó el programa en 2013. Se trata de ciudadanos extracomunitarios que disponen de al menos medio millón de euros para adquirir una propiedad inmobiliaria; o bien más de un millón para ingresar en depósitos; más de dos millones en bonos del Estado o se pueden considerar profesionales “altamente cualificados”, y de sus familiares (alrededor de la mitad de los visados van dirigidos a estos últimos).
Distintas organizaciones e instituciones han advertido de los riesgos de este tipo de programas para delitos financieros y de evasión y elusión fiscal, entre ellos, recientemente, la Comisión Europea. El Parlamento Europeo también se plantea recomendar que los estados miembros (casi todos tienen estos programas) los vayan dando por concluidos “tan pronto como sea posible”. “Los potenciales beneficios económicos de estos programas no compensan los serios riesgos de blanqueo de capitales y evasión fiscal que presentan”, entiende un informe que se vota a finales de este mes. El ayuntamiento de Barcelona también ha reclamado su fin esta misma semana en la Eurocámara.
Mercantilización de derechos
En su propuesta, el grupo confederal defiende que estos visados especiales “suponen la mercantilización de los derechos de ciudadanía, que se venden al mejor postor: las personas multimillonarias pueden acceder a ellos; las que no lo son, quedan relegadas al régimen general de extranjería”.
“Las 'golden visa' muestran cómo los derechos de ciudadanía no son vistos por el poder político como derechos inherentes a la condición humana, sino más bien como un instrumento útil para atraer a la inversión. Es la diferencia entre legislar poniendo las personas (todas) en el centro o hacerlo en función de los intereses del sector bancario (es decir, de unos pocos)”, señala la iniciativa que firman los diputados Lucía Martín, portavoz de En Comú Podem y autora de la iniciativa, y Rafael Mayoral.
Por estas razones, la iniciativa que presumiblemente se debatirá en el Congreso reclama la derogación del capítulo relativo a estos visados de residencia para inversores en la ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, así como “garantizar los derechos de ciudadanía como una cuestión de dignidad humana y asegurar que su adquisición no dependa de la capacidad económica de la persona ni quede sometida a condicionantes socioeconómicos”.
