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EXTREMADURA

Varias plataformas denuncian un ERE encubierto que afectará a 25.000 interinos extremeños

La Plataforma de Interinos y Laborales Temporales de la Junta de Extremadura critica que se reduzca la interinidad para dar estabilidad a las plazas, pero no a los interinos que las ocupan

Denuncia una presunta ilegalidad desde la macro oferta de plazas para bajar la temporalidad al 8% en los próximos tres años, tal como marcó la UE

A su juicio no se tendrá en cuenta la situación de “fraude de ley” en la que se encuentran miles de personas interinas longevas (de más de 3 años), según marca el Estatuto Básico del Empleado Público

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Empleados públicos

Empleados públicos

Varias plataformas se han movilizado para denunciar un ERE encubierto entre los 25.000 interinos, laborales temporales y estatutarios no fijos de la Junta, las diputaciones o los ayuntamientos de Extremadura a causa del proceso acordado para reducir la elevada tasa de interinidad.

Dicen que pueden verse afectados por el acuerdo entre el Gobierno central y los sindicatos mayoritarios para bajar hasta el 8 por ciento la interinidad en los próximos tres años, tal como ha marcado la Unión Europea.

A su juicio el acuerdo supondrá una macro oferta pública mediante un proceso normal de selección (oposición o concurso-oposición), sin tener en cuenta la situación de “fraude de ley” en la que se encuentran miles de personas interinas longevas (temporales de más de 3 años), según marca el Estatuto Básico del Empleado Público.

Son personas que han desarrollado su carrera profesional bajo la inestabilidad, por falta de oferta de empleo público. No han tenido la posibilidad de presentarse a las oposiciones como consecuencia de las políticas de recortes durante los años de crisis, que llevaron incluso a congelar la tasa de reposición entre 2012 y 2015. Son empleados de todas las administraciones y especialidades, desde la sanidad hasta la educación, pasando por los trabajadores de ayuntamientos, bomberos o agentes forestales.

Efectos de la macro oferta pública

Advierten que la consecuencia de una macro oferta puede ser el despido de cientos de trabajadores con mucha antigüedad y experiencia, que a su vez podrían ser sustituidos por otros inexpertos y con menos derechos y retribuciones. Es una situación que afecta a unos 700.000 empleados públicos a nivel nacional según sus cálculos.

El motivo es que dentro de esta oferta se convocarán muchas de las plazas ocupadas por temporales, en algunos casos durante más de 20 años. Las pruebas podrían ser eliminatorias, y aquellos que se queden en mitad del proceso podrían verse sin trabajar tras años de dedicación. En la práctica supone jugarse toda su carrera profesional en un examen pese a su amplia experiencia.

Ante esta situación han nacido varios grupos independientes de interinos, agrupados en diferentes organizaciones, que ya han mantenido diferentes reuniones con los grupos parlamentarios en el Asamblea de Extremadura, a quienes les trasladado su malestar. Muestran su sorpresa ante la opción de reducir  la interinidad para dar estabilidad a las plazas, pero no a los interinos que las ocupan.

Sentencias favorables del Supremo

Uno de los grupos que se ha conformado es la Plataforma de Interinos y Laborales Temporales de la Junta de Extremadura, que se moviliza bajo el amparo de las últimas sentencias del Tribunal Supremo, que confirma “la situación de fraude de ley en la que nos encontramos miles de personas interinas longevas”.

Se suma otra sentencia, también del Supremo, que reconoce sus derechos y confirma que los interinos cesados deben cobrar una indemnización por los daños y perjuicios causados durante todos estos años de contratación en fraude, “por lo que las futuras demandas a la administración pueden ser millonarias”. 

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Esta plataforma se define como un grupo independiente, al margen de sindicatos y partidos políticos. De hecho acusan a las organizaciones mayoritarias de haber formado con el Gobierno un “Acuerdazo” el día 29 de marzo de 2017, “sin contar con los propios afectados y afectadas que ni siquiera garantiza la indemnización por toda su vida laboral ante un posible o futuro cese”.

De este modo se refieren a los acuerdos firmados en los años 2017 y 2018 por el anterior Gobierno y los sindicatos CSIF, CCOO y UGT para reducir la temporalidad en las Administraciones Públicas a un 8% en tres años. El acuerdo de 2017 ha sido denunciado por la Asociación Nacional de Interinos y Laborales y actualmente está pendiente de resolverse en la Audiencia Nacional.

“Tenemos sobre nuestras espaldas años de estudio, sin poder entrar porque no nos convocaban a causa de la congelación de las tasas de reposición. Con más de 50 años puede que algunos de nosotros nos vayamos a la calle. Creo que hemos demostrado lo suficiente nuestra profesionalidad. Que tenemos los conocimientos suficientes para ocupar la plaza que tenemos”.

Critican que se encuentran en una clara desigualdad frente a las nuevas generaciones, con una formación diferente y con todo el tiempo del mundo para dedicarse en exclusiva al estudio.

Las soluciones

A su juicio la convocatoria de una macro oferta es contraproducente. Frente a ella abogan por otras medidas que reconozcan el frade de ley que se ha cometido y se permita consolidar el empleo.

Por un lado reclaman que se consolide su plaza, en atención a la Ley de la Función Pública de la Junta de Extremadura y al Estatuto Básico del Empleado Público, que dice que por ley y con un carácter excepcional (porque la UE ha exigido reducir la temporalidad) puede optarse por un concurso de méritos.

Aclaran que es una opción que prevé el Estatuto del Empleado Público, atendiendo a la antigüedad, experiencia profesional o titulaciones. También los ejercicios superados en los procesos selectivos convocados por la administración para cubrir los puestos vacantes, o la puntuación obtenida en las listas de espera.

Otra opción sería la convocatoria de consolidación de empleo del personal que ocupa las plazas estructurales que de forma temporal están ocupando en fraude de ley, también en atención al estatuto básico del empleado público.

El objetivo es que los procesos selectivos garanticen el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, y el contenido de las pruebas guarde relación con los procedimientos, tareas, funciones habituales de estos puestos. En la fase de concurso abogan porque se valore, entre otros aspectos, los servicios prestados a las administraciones públicas y la experiencia en el puesto de trabajo.

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