Extremadura aprueba la supresión del Consejo Consultivo, pero su presidente del PP dice que no va a dimitir
La entrada de año traerá un nuevo curso político y también el final del Consejo Consultivo. Un órgano que pasará a mejor vida tras aprobarse en el Pleno de la Asamblea de Extremadura la ley que deroga la norma de 2001 que lo regula.
El elemento más sonado no ha sido precisamente el enfrentamiento político en sede parlamentaria, sino la postura del presidente del Consejo Consultivo, Pedro Tomás Nevado Batalla. Exconsejero de Monago, Nevado-Batalla se durmió una noche siendo miembro del Consejo de Gobierno de Extremadura y se levantó al día siguiente dirigiendo este órgano (fue un intercambio, el entonces presidente del Consultivo pasó a ser consejero).
Cuando llegó el nuevo ejecutivo a la Junta, Nevado-Batalla sabía que tenía que bajarse del sillón, y envió una carta a la Mesa del Parlamento regional en la que advertía que la propuesta de ley socialista sobre la supresión del órgano que preside “integra previsiones contrarias al Estatuto y a la Constitución”. Es decir, amenazaba con que la supresión de este órgano podía incurrir en delito, aunque ojo, aduciendo un sentido “estrictamente jurídica”, sin “trasfondo político”.
El aún presidente del Consejo Consultivo de Extremadura ha eludido hacer declaraciones a este diario, y se ha limitado a afirmar que secunda las declaraciones que él mismo hizo a otro medio, en las que dejaba claro que no piensa dimitir. Según comenta en la entrevista concedida, no va a recurrir la supresión del órgano pero no va a renunciar al cargo.
Desde el PSOE, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista Valentín García deja claro que Nevado-Batalla puede hacer lo que quiera. Por una razón muy sencilla: el 1 de enero entra en vigor la propuesta de ley por la que se deroga la norma de 2001 que regula el Consejo Consultivo. Será entonces cuando de manera instantánea dejará de ser presidente de este órgano porque ya no existirá. “Se puede atrincherar si quiere, pero el 1 de enero el presidente del Consejo Consultivo es el ciudadano Tomás Nevado-Batalla”.
¿Entra en contradicción con el Estatuto de Autonomía?
El PSOE dice que no. Apuntan a que no es una supresión de esta figura, recogida en el artículo 44 del Estatuto, sino la derogación de la ley de 2001 que le atribuye funciones al Consejo Consultivo.
La iniciativa ha contado con los votos a favor de PSOE y Podemos, mientras que el Partido Popular ha votado en contra y Ciudadanos se ha abstenido en el debate de esta iniciativa en el pleno.
El acuerdo alcanzado entre los socialistas y Podemos es la creación de una Comisión Jurídica, dentro de la Abogacía General de la Junta, que ejercerá las funciones que hasta ahora se le atribuían al Consejo Consultivo. Una medida que según destacaron supondrá un ahorro a las arcas autonómicas de más de 600.000 euros.
Fuentes socialistas han aclarado a este diario igualmente que el nuevo órgano que sustituye al Consejo Consultivo mantiene la plantilla de 13 funcionarios y tres eventuales.
Los empleados serán reubicados a las dependencias de la Junta de Extremadura que ellos mismos elijan, de manera que se espera que algunos de ellos se queden en Badajoz (donde hasta ahora estaba la sede del Consejo Consultivo) y otros por ejemplo a Mérida, u otras sedes.
¿Cómo funcionará la Comisión Jurídica?
A la Comisión Jurídica se constituye como un órgano profesionalizado, independiente y que aproveche el personal y los medios existentes en el Consejo Consultivo, recoge la Agencia EFE. Será un órgano colegiado, integrado en la administración autonómica y con una composición profesional y no política.
Estará compuesta por cinco miembros, el presidente y cuatro vocales, y todos serán nombrados por decreto del Consejo de Gobierno. La Comisión Jurídica deberá ser consultada en los proyectos de reglamentos que se dicten en ejecución de las leyes y sus modificaciones; convenios con otras comunidades; y transacciones judiciales o extrajudiciales sobre los derechos de contenido económico de la Junta.
También se pronunciará acerca de expedientes tramitados por la Junta, las entidades locales y universidad sobre: reclamaciones de responsabilidad patrimonial, cuando la cantidad sea igual o superior a 15.000 euros e inferior a 50.000, y revisión de oficio de actos administrativos en los supuestos establecidos en las leyes.
Otros aspectos sobre los que se le consultará son la creación o supresión de municipios, así como alteración de términos municipales; interpretación, nulidad y extinción de concesiones administrativas cuando se formule oposición por parte del concesionario; y en materia de recursos contractuales, en sectores como agua, energía, transportes y servicios postales.
Muy bien pagados
El Consejo Consultivo de Extremadura ha sido una plaza muy bien pagada, en torno a 5.000 euros mensuales, y realmente el único pasaporte para acceder era la recomendación política del PSOE o del PP.
La ley de creación del Consejo Consultivo de Extremadura establece tres vías para acceder a uno de los puestos de consejeros: una, por nombramiento de la Asamblea, dos deseo del presidente del a Junta; y tres, por haber ocupado con anterioridad un cargo importante, tal como presidente del Gobierno, del Congreso, senado o del Supremo o sus equivalentes a nivel regional, presidente de la Junta, Asamblea o TSJEx.
Como recompensa por haber ocupado altos cargos, accedieron al Consejo los ex presidentes socialistas de la Asamblea, Antonio Vázquez o Federico Suárez.
El ex presidente del Senado Juan Ignacio Barrero también se sienta en el Consultivo pero no como premio por haber presidido el Senado, sino por la otra vía, esto es, por sus méritos como juristas, una afirmación que causó sorpresa entre la judicatura regional.
La diferencia entre una vía de acceso y otra es notable, ya que los que llegan tras ocupar un alto cargo solo pueden permanecer la mitad del tiempo que tuvieron el cargo y los que son elegidos por su reconocido prestigio (es la fórmula que dice la ley) pueden estar cinco años, y volver a ser elegidos por otros cinco.
