El Tribunal Superior de Justicia hará una vista sobre Valdecañas con el informe y los interesados

La guía de ruta y las pautas ambientales que marcarán el futuro del complejo turístico Valdecañas no estarán concluidas hasta el segundo semestre del año. El informe medioambiental aún está en fase de aclaración y exige, además, la ratificación del mismo por parte de los actores en el conflicto.

Una ratificación que deberá ser llevada a cabo en el marco de una vista a celebrar en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEX), y en la que “ya no cabe debate alguno sobre la sentencia” de ilegalidad del complejo, según explican fuentes judiciales.

El Tribunal Supremo confirmó en 2014 la ilegalidad del complejo turístico en sendos fallos que confirmaron la decisión del TSJEX y ordenaron la “reposición de los terrenos” a la situación anterior al proyecto urbanístico.

De esta forma el tribunal ordenó, literalmente, la “reposición de los terrenos” a la situación en que estaban antes de la aprobación del proyecto y anuló el decreto por el que la Junta de Extremadura autorizó el complejo turístico.

Tras el fallo judicial, el único trámite pendiente es “el procedimiento de ejecución” de la decisión judicial. Existen diferencias entre las partes personadas -la Junta de Extremadura, la promotora del proyecto, las asociaciones Adenex y Ecologistas en Acción, los propietarios de la viviendas y los Ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo- sobre cómo acometer y ejecutar el fallo. 

Encargo a la Estación de Doñana

Por ello, el TSJEx dictó en marzo de 2015 un auto en el que encargaba a la Estación Biológica de Doñana, dependiente del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), un informe medioambiental para aclarar si es mejor mantenerlo o no de cara al hábitat por posibles repercusiones. Se trata de una evaluación pericial sobre la incidencia que la construcción del complejo ha tenido sobre el hábitat protegido.

El objetivo, entre otras cuestiones, es poder determinar si esos efectos han sido perjudiciales, neutros o beneficiosos para el hábitat protegido, y cuáles serían las consecuencias ambientales de una posible demolición.

El informe pericial también debe definir si existía justificación para que el espacio ocupado por la urbanización fuera incluido en la zona de especial protección de aves (ZEPA) por ser hábitat de reproducción y conservación de alguna especie de avifauna amenazada de extinción.

Igualmente, debe considerar si los estudios y criterios técnicos que sirvieron de base a la declaración de impacto ambiental reflejaron fielmente los efectos sobre el ecosistema del Proyecto. Dicho informe, de más de un millar de páginas, ya fue remitido a las partes, las cuales, tras su análisis, pidieron una ampliación del mismo o aclaraciones concretas.

Antes del próximo 15 de abril, la Estación Biológica de Doñana deberá entregar dicha adenda, la cual podría otra vez volver a ser objeto de nuevas peticiones de aclaración.

Una vez quede cerrado dicho informe, éste deberá ser llevado al TSJEX para que las partes ratifiquen los informes y, en definitiva, se aclare “cómo se ejecuta” el fallo judicial que recae sobre el complejo turístico. A todo ello se suma otro aspecto judicial.

El Tribunal Constitucional (TC) debe pronunciarse sobre aspectos normativos extremeño que ampararon el desarrollo del proyecto.