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Archivan la causa contra un cargo de Medio Ambiente del Gobierno vasco por irregularidades en la incineradora de Gipuzkoa

José Ignacio Asensio

Belén Ferreras

Bilbao —
19 de octubre de 2023 12:49 h

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El juzgado de Instrucción 4 de Donostia ha acordado el archivo de la causa abierta contra el responsable del Servicio de Prevención y Control Integrados de la Contaminación de la viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno vasco, Hipólito Bilbao Intxaurraga. La Fiscalía remitió con fecha 17 de octubre de 2022 un escrito de denuncia ante el juzgado denunciando que este funcionario “presuntamente dejó de observar y reflejar en sus informes la existencia de una purga clandestina con efluente tóxico y peligroso en el sistema de depuración de gases”, que no estaba previsto en el proyecto de la incineradora de Zubieta, y por lo tanto sin autorización, “así como por la inexistencia del preceptivo sistema de parada automática de la alimentación de residuos en caso de superaciones de valores límite de emisión en las inspecciones de la planta”. En dicho escrito, el fiscal de Medio ambiente solicitó que se practicaran por el juzgado numerosas diligencias de investigación consistentes principalmente en una investigación de la Policía judicial, en este caso del Seprona de la Guardia Civil.

Sin embargo, según ha denunciado la plataforma GuraSOS, que fue la promotora de la denuncia, la titular del juzgado “ha acordado el archivo fulminante de la causa sin haber iniciado siquiera la investigación solicitada y tras oír únicamente al investigado quien declaró sobre los hechos el pasado 6 de octubre”. “Para fundamentar su decisión la magistrada se limita a reproducir los argumentos del investigado”, afirman.

Desde la plataforma llaman la atención sobre el hecho de que el archivo se produzca “dos días después de hacerse público que otro juzgado ha abierto diligencias en la que está implicado como investigado el diputado de Medio Ambiente de Gipuzkoa, José Ignacio Asensio” por tener indicios de criminalidad en la gestión de la incineradora de Zubieta. Precisamente, Asensio minimizó la importancia del caso que le atañe alegando que estaba impulsado por la plataforma GuraSOS, a la que vinculó con EH Bildu, y que ha perdido una cuarentena de denuncias previas sobre el funcionamiento de la incineradora. Fuentes de GuraSOS han asegurado que ya avisaron de que la denuncia ahora archivada “se cerrararía en falso” por lo que ya han adelantado que solicitarán “vía recurso de apelación el posicionamiento de la Audiencia Provincial”.

De su lado, el líder del PSE-EE, Eneko Andueza, ha dicho en el Parlamento Vasco que el caso de Asensio también quedará en nada. “Tengo plena confianza”, ha dicho Andueza sobre el también secretario general de los socialistas de Gipuzkoa. Y ha acusado a GuraSOS de querer hacer “ruido” y “ensuciar” sin base alguna y por intereses políticos, ya que son de la “órbita” de la izquierda abertzale.

GuraSOS: “Se trata de condicionar a la Justicia”

Desde GuraSOS han criticado precisamente que responsables políticos estén“ reiterando estos últimos días un mensaje de tranquilidad” desde el momento en el que se supo que Asensio iba a ser investigado, “adelantando incluso que la denuncia que pesa sobre él quedará en nada. Entendemos que este tipo de manifestaciones buscan condicionar a la Justicia y resultan censurables en un Estado de Derecho”.

En este sentido, consideran que “es imposible no tener en cuenta el anterior contexto a la hora de valorar resoluciones como la del presente archivo” de la causa contra Hipólito Bilbao. Recuerdan que GuraSOS ya advirtió del riesgo de un “cierre en falso”. No obstante advierten de que “el caso no sólo no se cierra, sino que incluso adquiere una mayor dimensión”, aseguran porque será la Audiencia Provincial, la que ahora que tendrá que pronunciarse, “en respuesta al recurso que GuraSOS, a no tardar, no les quepa duda, presentará contra el auto de archivo”. “En juego está el derecho de la sociedad, en este caso representada por la Fiscalía de Medio Ambiente, a monitorizar las actuaciones de los funcionarios encargados de proteger la salud pública y el medio ambiente. Si no se les puede siquiera investigar, estamos hablando de espacios de impunidad y eso es muy peligroso para la democracia en general y para la ambiental en particular”.

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