En Euskadi nos encantan los rankings y las estadísticas, especialmente aquellos donde la lista es más larga por debajo que por arriba. Esto ha tenido dos consecuencias en la manera en la que se presenta la realidad vasca: por una parte, una autocomplacencia y conformismo institucional, que justifican cualquier intento de innovación y mejora en ciertas políticas (derechos sociales, industria, igualdad) que siguen dejando atrás a mucha gente en Euskadi. Y en segundo lugar, que solo se habla de los temas en los que Euskadi está igual o mejor que la media, y no de las materias en las que estamos peor que otros paises y territorios de nuestro entorno.
En el marco de pensamiento y de valores vinculados al desarrollo heredados del siglo XX, las cosas van bien o mal en función de indicadores económicos (PIB, desempleo, productividad) indicadores generales sobre bienestar (igualdad, indice de desarrollo humano), a los que se le ha sumado en la última década referencias a la calidad institucional (transparencia por ejemplo). En el imaginario social, la modernidad era esto: una economía fuerte, un bienestar razonable e instituciones que funcionen.
Más allá de que la realidad en Euskadi (crisis industrial, creciente desigualdad y la red clientelar en torno a la gestión de lo público) cuestione en el día a día la imagen que los indicadores proyectan y que el Gobierno Vasco magnifica, hay una certeza que arroja ciertas dudas sobre la situación de Euskadi.
En el siglo XXI el paradigma es otro y ya no sirve hablar solo de economía, bienestar y democracia. A día de hoy, el desarrollo político, social y económico de las sociedades se mide por sus acciones para hacer frente a la crisis ecológica. Y en esto, y todas las cuestiones asociadas (la lucha contra el cambio climático, transición energética y restaurar el equilibrio de los ciclos vitales) Euskadi suspende estrepitosamente, no solo respecto a Europa, sino también respecto a la media del estado.
El pasado mes de noviembre Fernando Prats de la Fundación Fuhem presentó en el Congreso Euskal Hiria al menos 10 indicadores en los que la situación de Euskadi respecto a los objetivos marcados para España era claramente deficiente: huella ecológica, energías renovables (13,2% frente al 15,6% en el estado) dependencia energética (93,1% frente al 72,3% en el estado y 53% de la UE); emisiones de gases de efecto invernadero (más de 1,5% por encima de la media en el Estado por habitante); calidad de los hábitats de interés (75% en mal estado), incremento de suelo artificial (75% de incremento desde 1987 frente al 55% en el estado) suelo contaminado (14.000 puntos) o el autoabastecimiento de alimentación.
Esto evidencia que las políticas ambientales, energéticas y climáticas del PNV (cuando las ha habido) han sido un fracaso. Existe la paradoja de que mientras la ciudadanía vasca tiene una posición comprometida en esta cuestión tal y cómo quedó en evidencia con la última encuesta de IHOBE; el Gobierno vasco pasa de puntillas por el cambio climático y la transición energética, con una absoluta falta de liderazgo y ambición. Oímos bonitos discursos, con algunas acciones de mínimos, bastantes inacciones (¿dónde está el vehículo eléctrico en Euskadi?) y muchas contradicciones (como por ejemplo el empeño de hacer del gas, de fracking o convencional, un recurso estratégico para Euskadi). Desde luego, Urkullu no es
Trump, pero sus políticas climáticas y energéticas están más cerca de su socio en Vitoria y Madrid, Mariano Rajoy, que de países referentes como Suecia o Noruega.
Habrá quien diga, y con razón, que Euskadi parte de peores indicadores ambientales y climáticos que otras regiones debido a su desarrollo económico e industrial. Por eso mismo, las políticas de recuperación del territorio deberían haber sido una prioridad en las últimas décadas; y la transición ecológica de la economía el motor de transformación económica, de modernización industrial y de creación de empleo.
Pero no olvidemos que justicia social y ambiental van de la mano. Las zonas de Euskadi más degradadas ambientalmente coinciden con las que fueron motor de la industrialización en Euskadi y que hoy sufren el paro y el olvido de una reconversión industrial que dejó atrás a comarcas enteras. Ezkerraldea, Meatzaldea, Pasialdea, Debabarrena, por ejemplo, no sólo contribuyeron al desarrollo económico de Euskadi con el esfuerzo y el trabajo de sus gentes, sino también con una peor calidad de vida a causa de la contaminación (del aire, del suelo y del agua), la expoliación y la degradación de sus recursos naturales. La deuda histórica que
Euskadi tiene con estas comarcas y con su gente sigue sin ser saldada: ni en lo económico, ni en lo social, ni en lo ambiental.
Un proyecto para Euskadi del siglo XXI debe aspirar a liderar, y no simplemente acompañar, los procesos económicos, energéticos y sociales que la lucha contra el cambio climático están poniendo en marcha en todo el mundo. Tenemos la capacidad económica, los recursos, el capital humano, y sobre todo la conciencia ciudadana adecuada para ser referente mundial. Solo nos falta la visión y la voluntad política de poner nuestro esfuerzo colectivo en esta tarea.
*Rosa Martinez es diputada de Equo Berdeak en el Congreso y excoportavoz federal
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