Sin presupuestos y con huelga

En menos de una semana el Parlamento vasco debatirá sobre las enmiendas a la totalidad a los presupuestos vascos. Los mismos que están dando tanto quebradero de cabeza al Lehendakari (dada su minoría en la cámara) y tanto juego dialéctico a la oposición. Si ese día las cuentas se devuelven, habrá finalizado su recorrido. En caso contrario, entre el 29 y el 30 se debatirían las enmiendas parciales y el 10 de mayo se celebraría el pleno para aprobar los nuevos presupuestos. A estas alturas, la posibilidad de que el PNV no encuentre un socio para hacerlo no se descarta. Es más, la implicación directa del Lehendakari en las negociaciones esta semana deja entrever primero la voluntad y después, la urgencia de llegar a un acuerdo. La paradoja es que estos escenarios muestran cómo muchas veces algunas propuestas de solución son más insatisfactorias que los problemas detectados. Así, padecemos la fotografía de una oposición que supuestamente sabe perfectamente lo que debe hacerse y de qué modo; mientras que (para ellos) el Gobierno de Urkullu ni sabe ni puede. Ahora bien, en ese escenario jugar a reduccionismos es peligroso porque resta credibilidad para presentarse después como la pieza clave que resuelva las preocupaciones de los ciudadanos. Por eso, cuando Patxi López asegura (pensando en obtener su aplauso social) que sólo renunciará a la enmienda total a los Presupuestos si se alcanza un acuerdo sobre los ingresos, se olvida primero, de aquello que decía Aristóteles: “el gobernante sabe que será reemplazado y por tanto, gobernado”. Y segundo, de que a estas alturas hablamos de rendición de cuentas pero también de asunción de responsabilidades.

La primera ronda de negociación presupuestaria con los partidos de la oposición no sirvió para nada. La segunda, ahora, más directa y a contrarreloj, tiene componentes nuevos. Entre otros, que Urkullu toma las riendas siendo consciente del desgaste que le puede suponer si naufragan sus intentos; con un documento de mínimos con medidas de fiscalidad y de control de gasto y sabiendo el contenido de la conversación que mantuvo en secreto la semana pasada en Moncloa con Rajoy. Aquello de poder contar con más ingresos al resolver el contencioso que mantiene con Madrid por el Cupo vasco y de que el Gobierno central autorizará a las comunidades que están haciendo los deberes a superar el 0,5% de endeudamiento. Pese a todo, el Partido Socialista no lo ve con buenos ojos. Insisten: su principal prioridad pasa por un debate fiscal serio y una revisión de la arquitectura institucional que evite duplicidades.

¿Debe intimidar entonces a Urkullu una prórroga presupuestaria?. Es el peor de los casos pero en absoluto. La sufrió el alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna, terminando el mandato cuatrienal en mayo de 2003 sin haber dispuesto de ningún presupuesto nuevo y funcionando con los prorrogados de la anterior corporación, correspondientes al ejercicio de 1999. En ese momento, el PNV estaba en minoría. Contaba con 11 ediles de 29. En los comicios de 2003, Azkuna ganó 23.404 votos y cuatro concejales más. Hoy tiene mayoría absoluta y un ayuntamiento que ha liquidado los 200 millones de déficit que poseía.

Urkullu no debe acomplejarse por la vetocracia que proponen algunos. Gobernar era esto. Era saber por ejemplo que sindicatos como ELA y LAB anunciarán en breve la huelga que ya tienen en mente y que servirá más bien para poco o nada. La pluralidad de las urnas es un mandato a los políticos para que hagan política, que dialoguen, que pacten. Sí. Y eso requiere de constancia y de responsabilidad por parte de todos. Del Ejecutivo, de la oposición, de las centrales y de la patronal.

En este contexto, vivimos una crisis de gobernanza y el desafío de las democracias se presenta doble. Por un lado, deben satisfacer las demandas de mayor participación ciudadana: devolver hacia abajo todo lo que se pueda resolver a escala local. Y por otro, aislar de la presión cortoplacista la toma de decisiones esenciales para el futuro de la colectividad.

Cuando el 21 de enero, Obama juraba su cargo pronunciando aquello de “nuestro país no puede tener éxito cuando a una minoría las cosas le van muy bien mientras cada vez más personas apenas llegan a final de mes”, ponía encima de la mesa uno de los problemas a los que se enfrenta actualmente la organización política de la Humanidad: la falta de autoridades justificadas. Referentes que no planteen dificultades de legitimidad y aceptación. Porque cada vez asistimos a más a declaraciones intrusivas que la sociedad tiene dificultades para entender y aceptar. Lo hemos visto en Chipre donde se ha puesto de manifiesto cómo la UE tiene un problema de desgobierno. Y peor aún, su diagnóstico de la crisis centrado en la deuda pública, seguido de unas prescripciones articuladas en torno a la austeridad y unos líderes cegados por sus contiendas electorales nos han llevado a un sistema de alarma permanente. Lo hemos comprobado en Francia donde sólo un 22% de la población estima que Hollande cumple sus funciones como debe. ¿Lo veremos también en Euskadi con la actitud que adopten finalmente los partidos ante los presupuestos de 2013 y los sindicatos ante la convocatoria de huelga?.