Víctimas de otra injusticia criminal

En la inauguración, el pasado 31 de enero, del columbario de Elgoibar, el Lehendakari Urkullu homenajeó a las víctimas del franquismo con una especial y muy justa contundencia: las “décadas de ocultamiento e ignominia” el “tiempo de silencio y oscuridad” ha terminado para ellas, según manifestó. Y no se limitó a decir que “matar estuvo mal”, sino que fue bastante más expresivo al  asegurar que “las personas desaparecidas en la Guerra Civil fueron víctimas de una injusticia criminal”. Y afirmó también que esas personas “dieron su vida en defensa de la democracia y la libertad, de la institucionalización de Euskadi y la construcción de un país más justo y abierto”.

Me ha dado por pensar que estas palabras le vienen como anillo al dedo a la memoria de las víctimas del terrorismo. Basta con sustituir el totalitarismo franquista por el de ETA; o reemplazar los asesinados  hace ochenta años, por quienes fueron asesinados en los últimos decenios. Los unos, por un levantamiento militar contra un Gobierno democrático. Los otros, a manos de un  terrorismo alzado en armas contra la democracia recuperada, contra el Estatuto de Autonomía y contra la voluntad de los ciudadanos vascos expresada en las urnas. La injusticia criminal fue exactamente la misma en ambas situaciones. Como fueron iguales sus motivaciones políticas: acabar con las libertades e imponer en Euskadi el pensamiento único.

A lo mejor hasta sería posible recoger estas obviedades en los trabajos iniciales de la Ponencia parlamentaria de Memoria y Convivencia. Nos ahorraríamos, así, circunloquios innecesarios para falsificar o atenuar nuestra memoria más incómoda. Quedaría también acreditada la voluntad política de avanzar sobre bases de solidez ética y democrática. Y avanzaríamos, igualmente, en una memoria integral que abarcara de buena fe todas las violencias que la sociedad vasca ha padecido. De buena fe, y no como coartada para quedarnos en la violencia a la carta que a unos y a otros pueda interesarles de acuerdo con sus distintas estrategias políticas.

De hecho, quienes nos hablan del terrorismo etarra como de un “conflicto entre dos partes enfrentadas”, se parecen cada vez más a quienes aluden a la guerra civil como un lamentable “enfrentamiento entre españoles”. Como se van pareciendo, quienes , para eludir los crímenes del franquismo, nos dicen que hay que “mirar al futuro” y no “reabrir viejas heridas”; y quienes, para eludir los crímenes de ETA, nos aseguran que mirar al pasado nos impide trabajar para eliminar las “consecuencias del conflicto”. Y éstos últimos sostienen, además, que hay más de un relato para abordar la memoria de nuestro pasado, cuando en rigor no hay más que uno: el de la democracia.

¿Qué cuál es ese relato? El de la Ley vasca de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo del año 2008. La que habla (artículo octavo, apartado 3) de una memoria ligada al “significado político de las víctimas”. La que reconoce, desde su misma exposición de motivos, el carácter totalitario y de agresión a la democracia de la acción de ETA.  La que insiste en la deslegitimación ética, social y política del terrorismo y, paralelamente, en la defensa del Estado de derecho y de sus normas (que son casualmente las derivadas de la Constitución española, ¡qué le vamos a hacer!).

Tenemos, pues, unos criterios muy claros para enjuiciar la violencia etarra que tanto daño ha hecho a este país y de manera tan prolongada. Esos criterios están nítidamente recogidos en una ley aprobada por una mayoría abrumadora del Parlamento Vasco (y defendida en su día incluso por parlamentarios que hoy son militantes de EH Bildu). Teniendo todo esto en cuenta, es posible llegar a la conclusión de que el trabajo de la Ponencia de Memoria y Convivencia está prácticamente hecho. ¿O peco de ingenuo? Si es así, no estaría de más tener alguna explicación. ¿Qué dificultades existen para aplicar un mandato legal? ¿Qué mal hay en ello?, como diría aquél.