Ecologistas denuncian la “eliminación de garantías ambientales” en urbanismo en las medidas urgentes de Vivienda

Varios grupos ecologistas han denunciado la “eliminación de garantías ambientales” que suponen las modificaciones que introduce la proposición de ley presentada por PNV y PSE-EE bajo el título 'Medidas urgentes en materia de vivienda, suelo y urbanismo', que se encuentra en tramitación en el Parlamento Vasco, y que consideran que tendrá “consecuencias funestas” para el medio ambiente. En concreto, denuncian que la proposición supone “una modificación sustancial de la Ley 10/2021 de Administración Ambiental de Euskadi y de la Ley 4/2015 para la Prevención y Corrección de la Contaminación del Suelo, debilitando profundamente las garantías legales que protegen el medio ambiente y la salud de las personas”, ya que, entre otras cuestiones, deja en manos de los ayuntamientos la evaluación ambiental de los proyectos que proponen.

En un escrito que firman las asociaciones Haritzalde, Eguzki, Ekologistak Martxan, Landarlan, Itsas Enara, Parkea Bizirik, Mutriku Natur Taldea, Zain Dezagun Urdaibai, Bizirik-Betiko, Sagarrak, Elorrioko Auzokide Elkartuen koordinakundea, Betsaide Elkartea, Elorrixa Ekologi taldea, Gugenheim Urdaibai Stop, Artiako Lagunak y Herri Bideak Kate Barik Elkartea, señalan que con la aprobación de esta proposición de Ley “la evaluación ambiental pasaría a los ayuntamientos que promueven los propios proyectos”.

Es decir, se plantea que los estudios ambientales de los planes urbanísticos –tanto modificaciones puntuales de planes generales como planes parciales sujetos a evaluación ambiental– dejarán de ser informados por el Gobierno vasco y pasarán a ser competencia de los ayuntamientos promotores, siempre que tengan más de 7.000 habitantes y capacidad para aprobar sus planes generales, como ocurre habitualmente. “Esto supone eliminar la intervención del órgano ambiental especializado del Gobierno vasco, sustituyéndola por la evaluación del propio Ayuntamiento que impulsa el proyecto”, denuncian. Una medida que consideran que “resulta aberrante y contraria a la Directiva 2011/92/UE, la cual exige una separación clara entre el órgano promotor del plan y la autoridad evaluadora del impacto ambiental”.

Recuerdan los ecologistas que hasta ahora los informes ambientales eran elaborados por personal técnico del Gobierno vasco, “con capacidad para introducir modificaciones o limitar daños ambientales”. Con la reforma, “ese filtro se elimina y se pone en manos de una administración local que carece, por lo general, de personal especializado, independiente y con solvencia técnica suficiente, además de estar sometida a posibles presiones políticas y urbanísticas”. Denuncian además, que “se acortan plazos y se introduce el silencio positivo en materia ambiental”, ya que plantea que “si no hay respuesta en plazo, se entienda que el proyecto cuenta con informe favorable (”silencio administrativo positivo“), lo que contraviene la normativa vasca, la legislación estatal básica y las propias directivas europeas en materia de evaluación ambiental, que exigen garantías expresas y no automáticas”.

En consecuencia, lamentan que “en lugar de reforzar los medios humanos y técnicos de los órganos ambientales, el texto propuesto recorta el control ambiental, favoreciendo una visión desarrollista y especulativa del urbanismo que remite a épocas superadas de políticas urbanísticas al servicio de grandes intereses inmobiliarios”.

Además, consideran que la propuesta “reduce las garantías sobre suelos contaminados” al modificar la Ley 4/2015, que regula la prevención y corrección de la contaminación del suelo. “La reforma relaja los controles para la construcción de viviendas en suelos potencialmente contaminados, reduciendo garantías en materia de salud pública y medioambiental, y favoreciendo operaciones urbanísticas sin las necesarias evaluaciones técnicas independientes”, señalan.

Tras denunciar las posibles irregularidades los ecologistas critican la tramitación “exprés” que ha elegido para su camino parlamentario “que evita el debate público y el control institucional”. En este sentido critican que “una reforma de tanto calado se tramite por vía de urgencia y a través de una proposición parlamentaria, en lugar de mediante un proyecto de ley del Gobierno vasco. ”Supone un uso torticero del reglamento parlamentario, porque permite eludir la obligación de elaborar informes jurídicos y técnicos preceptivos, que sí serían necesarios si la propuesta la impulsara el Ejecutivo. Además, se evitan los trámites de audiencia pública y participación ciudadana, necesarios para una modificación legislativa de estas características“, dicen.

Por otra parte, lamentan que las asociaciones ecologistas “no han tenido conocimiento previo de la propuesta ni han sido invitadas a participar en las audiencias parlamentarias que se están celebrando este mes” por lo que muestran su rechazo frontal“ y exigen la retirada de la proposición de ley y ”que cualquier reforma legislativa en esta materia se tramite por vía ordinaria, con todos los informes técnicos, jurídicos y con participación pública“. Además, reclaman ser escuchadas por el Parlamento Vasco antes de que se vote esta ley.

Desde el Departamento de Vivienda y Agenda Urbana se ha dado traslado de las quejas al grupo socialista en el Parlamento Vasco que van a valorarlo aunque indican que “cualquier respuesta vendrá cuando se reactive la tramitación parlamentaria, pues todavía quedan comparecientes en comisión que precisamente abordarán cuestiones ambientales y de planificación”.