Elkarrekin Podemos-IU alerta de que colegios concertados vascos que son cooperativas obligan a hacerse socio

En el marco de las tiranteces por la reforma educativa, Elkarrekin Podemos-IU ha alertado también en el Parlamento Vasco de que algunos centros concertados con fondos públicos que tienen la forma jurídica de cooperativas obligan a las familias a hacerse socias. “Así, solamente las familias que tienen dinero para pagar y ser socios pueden acceder a ese centro”, señala a este periódico Miren Gorrotxategi, portavoz de la coalición, después de que el consejero de Educación, Jokin Bildarratz, haya eludido ofrece en la Cámara una respuesta clara sobre estos casos.

A la pregunta de “qué opina el Departamento de Educación sobre el hecho de que se informe del requisito obligatorio de ser cooperativistas a los padres y madres que deseen matricular a sus hijos e hijas en los centros que se constituyen como cooperativas”, Bildarratz se limita a señalar que “los posibles acuerdos que se pudieran establecer con carácter privado entre las familias y los centros concertados en relación con el pago de otros servicios diferentes al educativo o con aportaciones voluntarias deben adoptarse de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente”. Añade que están “en proceso de definición” las “actuaciones” para “desarrollar los puntos relativos a las garantías de gratuidad” en la escuela concertada del pacto educativo.

Elkarrekin Podemos-IU, junto con EH Bildu, acordó en abril de 2022 con los partidos del Ejecutivo, PNV y PSE-EE, una propuesta para la reforma educativa. La coalición de izquierdas insistió en aquel momento en que se sumaba con la voluntad de situar a la escuela pública en el eje de la enseñanza vasca. Euskadi es la comunidad autónoma con más alumnado matriculado en centros de titularidad privada, alrededor del 50%. Precisamente el cobro de cuotas, ilegales desde hace cuatro décadas pero generalizadas en esos colegios concertados, ha supuesto 'de facto' una barrera para expulsar a las familias de menor nivel socioeconómico y, particularmente, de origen extranjero.

Es en este contexto en que la formación de la oposición ha preguntado por esta modalidad de cobro específica de los colegios que son cooperativas. Existe, por ejemplo, una patronal propia para esta red (Ikasgiltza, con algunos centros importantes en Vitoria, Bilbao y otras localidades) que cohabita con la red de ikastolas o con los colegios religiosos católicos. Indica Educación que el “desarrollo” del pacto educativo “permitirá poder disponer de información precisa y real de los acuerdos que con carácter privado se establecen entre las familias y los centros concertados. La respuesta es tan genérica que tiene tres párrafos y dos de ellos están repetidos.

En estos meses, Bildarratz ha afirmado que será “progresivo” el final de las cuotas. Educación, en todo caso, tiene prometida una auditoría de todos los colegios privados financiados por la Administración para tener el desglose de sus cuotas y saber qué parte es legal -se pueden cobrar por servicios no educativos como el comedor, el transporte, el material o las actividades- y cuál no lo es. Se obligará a que estos costes sean públicos y no opacos. En las últimas semanas, este periódico ha constatado denuncias de familias de cinco centros, tres de Bilbao y dos de Loiu, todos en Bizkaia. Alegan que les giran cobros obligatorios por servicios educativos. No obstante, en muchos centros, particularmente de la patronal Kristau Eskola, se han enviado comunicaciones explicando que bajan esas facturas porque ha mejorado la financiación de Educación a la red privada este curso.

Gorrotxategi asegura haber recibido con preocupación la respuesta del Gobierno. “Al no contestar [con claridad] lo que está diciendo es que no tiene claro que lo vaya a prohibir. Deja en el aire la posibilidad de que siga siendo posible cobrar y ser obligado a ser socio. Educación no es capaz de decir que el derecho privado tendrá que estar sujeto a los requisitos para tener un concierto. No se hace prevalecer la exigencia de gratuidad”, señala. “En resumen: no nos han contestado a la pregunta. No sabemos si porque quieren ocultar sus planes o porque no tienen ni idea de lo que van a hacer”, concluye la portavoz de Elkarrekin Podemos-IU.

El pilar principal del pacto educativo es la nueva ley. El Gobierno la prometió para octubre, luego la retrasó a finales de 2022 y, terminado ya el año, queda ahora para el “primer trimestre” de 2023. Urkullu afirmó que estará en “dos o tres meses”. El consejero Bildarratz, a preguntas de los periodistas en una de sus últimas apariciones, indicó que el borrador ya conocido en septiembre está pendiente de informes económicos y jurídicos antes de que el Ejecutivo envíe el texto al Parlamento para su tramitación definitiva.