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Elkarrekin Podemos propone en Euskadi elevar hasta 100.000 euros las sanciones por maltratar animales

Un surfista y su perro, en una playa

Iker Rioja Andueza

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El parlamentario de Equo y de la coalición Elkarrekin Podemos, José Ramón Becerra, ha presentado este jueves una propuesta para reformar la Ley de Protección y Biniestar de los Animales de Euskadi, que data de 1993. El texto, que necesariamente tendrá que ser negociado con otros partidos para su aprobación, pasa a considerar a los animales domésticos (no sólo las mascotas, pero en ningún caso los salvajes) como “seres sensibles” provistos de derechos. Ello conlleva restringir su comercialización, regular sus cuidados, prohibir categóricamente el maltrato, el sacrificio y su empleo en espectáculos públicos. Y, sobre todo, implicaría elevar las sanciones máximas, que podrían alcanzar hasta los 100.000 euros (frente a los 15.000 euros) en los supuestos más graves, como el maltrato animal que suponga la muerte.

Becerra, en todo caso, ha reconocido que la normativa deja expresamente fuera otros ámbitos como la caza y la pesca -sectores que han hecho 'lobby' en los últimos meses en defensa de sus intereses-, los espectáculos taurinos -regulados en el ámbito estatal- y los espacios zoológicos. El parlamentario ha reconocido que es mejor ser pragmático y avanzar en lo que sea posible. “Tenemos que avanzar en asuntos que generasen consenso y en materia de animales domésticos lo hay”, interpreta el representante de Elkarrekin Podemos, que ha añadido que “el día a día del maltrato animal no viene por los toros, sino por cientos de perros, gatos, vacas o burros que viven situaciones de maltrato o abandono”, por lo que ha considerado urgente actuar en este terreno.

Según esta propuesta, que Becerra ha compartido con asociaciones animalistas, las personas titulares o responsables de los animales domésticos (que no “propietarios”) han de asumir ciertas obligaciones en el cuidado. Por ejemplo, un perro no puede estar atado más de cuatro horas seguidas, la cuerda ha de tener más de tres metros y tiene que tener en todo momento acceso a agua. También se garantiza que el transporte se realiza de forma segura y confortable. Asimismo, la propuesta plantea prohibir el sacrificio de animales o las intervenciones quirúrgicas o mutilaciones sin fines curativos. Otra novedad es que, por defecto, los animales tendrán acceso al transporte público y a los establecimientos salvo que haya un motivo justificado para que no sea así.

Becerra interpreta que los problemas de abandono y maltrato se evitarían en parte limitando el acceso a la tenencia de animales. Por ello, hay una panoplia de medidas para limitar el comercio, como la prohibición de la venta entre particulares o de la exhibición de mascotas en escaparates. Los cachorros de perro y gato, por ejemplo, habrán de venderse por catálogo y siempre con más de tres meses de edad.

En cuanto al uso de animales, se prohíben tanto las peleas y competiciones como su filmación y distribución. Igualmente, quedan vedados los circos -que en ciudades como Vitoria ya no permiten el uso de fieras desde hace tiempo- y eventos similares. Podría darse la paradoja de que un elefante no pudiera hacer un número de pelota en el circo y que se pudiera matar a un toro en una corrida, pero esta normativa no puede hincar el diente a los espectáculos taurinos.

Según Becerra, se trata de “adaptar una ley de 1993 a una sociedad más sensible con el sufrimiento y el maltrato de los animales” y buscar medidas efectivas para que estas prácticas “no queden impunes”. En este sentido, el catálogo de infracciones es muy largo y las más graves llevan aparejadas multas de elevada cuantía, 100.000 euros, por 15.000 de las sanciones actuales más onerosas.

La Cámara vasca ya rechazó el pasado mes de octubre una propuesta contra el maltrato animal de otro partido de la oposición, en este caso del PP. Becerra confía en que su texto es más completo y en que recabará más apoyos. No obstante, no dispone de mucho margen para su aprobación, ya que el Parlamento Vasco no retomará su actividad ordinaria hasta octubre y, posteriormente, apenas restarán unos meses para el final de la legislatura si se cumplen los plazos previstos.

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