La llama de los pensionistas sigue viva: 30.000 personas en las calles de Bilbao un año después
En un contexto de grandes cambios en que muchos movimientos sociales -incluso partidos políticos- nacen, crecen y mueren, los pensionistas vascos han conseguido mantener durante todo un año viva la llama de sus reivindicaciones. Este movimiento, que extendió de Bilbao al resto de España las protestas por los recortes en las prestaciones de la Seguridad Social, ha exhibido músculo este sábado por la tarde en la capital de Bizkaia, donde nació hace ahora un año. 30.000 personas, según fuentes oficiales, han colmado las calles del centro de la ciudad, desde la Gran Vía hasta el Ayuntamiento, al grito de “pensiones dignas” y a pesar de los rigores del invierno.
“No nos vence el cansancio. Es la lucha de la dignidad. Nos han estado tomando el pelo”, reflexionaba horas antes de la marcha Andrea Uña, una de las portavoces, en la Cadena Ser. “Si luchas, puedes perder. Si no luchas, estás perdido”, se podía leer en el cartel que portaba una mujer durante la protesta. “Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden”, era otro de los lemas más coreados.
Los organizadores han aludido a “limitados avances” en el sistema de pensiones en los últimos meses, pero han remarcado que están “muy lejos” de sus reivindicaciones fundamentales. Concretamente, la cifra mágica sigue siendo 1.080 euros (y 1.200 de salario mínimo). De hecho, la manifestación ha partido de la sede de Confebask, la patronal vasca, con la intención de denunciar “la precarización a la que ciertas organizaciones empresariales someten a grandes sectores de esta sociedad, especialmente los jóvenes y las mujeres”. Algunas organizaciones como CCOO y Podemos han secundado las movilizaciones
Tras un nuevo éxito movilizador, los pensionistas ya preparan su siguiente paso. Antes de las elecciones de mayo, aspiran a repetir una gran movilización. Su huella ha sido tal que, en Bilbao, hasta final de mes, se puede visitar una exposición fotográfica con los hitos principales de un año cargado de proclamas contra la precariedad de las pensiones.
Las pensiones, en la agenda
Desde el nacimiento de esta oleada de indignación, las pensiones han entrado de lleno en la agenda institucional y movido algunas posiciones políticas. El PNV, por ejemplo, pactó con Mariano Rajoy ir más allá del 0,25% de subida y que las pensiones se revalorizasen según el IPC en 2018 y 2019. El acuerdo se cerró en una reunión que mantuvieron Andoni Ortuzar y el propio expresidente del Gobierno en La Moncloa.
En Euskadi, las pensiones más bajas -como los sueldos precarios- pueden ser complementadas con la renta de garantía de ingresos (RGI), la ayuda social pensada para quienes no tienen recursos o para quienes, aun teniéndolos, no alcanzan determinados umbrales. Según Uña, es una “gran suerte” que exista ese sistema, pero entiende que sigue siendo insuficiente.
En este sentido, EH Bildu incluyó en sus negociaciones con el Gobierno de PNV y PSE-EE buscar una mejora de esos complementos autonómicos de pensiones para dar luz verde a los presupuestos de 2019. El Ejecutivo llegó a aceptar elevar hasta 858 euros la pensión garantizada vía RGI en varias fases hasta 2021, pero el acuerdo se rompió a última hora y, en principio, las mejoras en el sistema de garantía de ingresos de 2019, a falta de conocer los detalles, serán del 2,25%, misma subida salarial que tendrán los funcionarios.
Esta semana, el delegado del Gobierno en Euskadi, Jesús Loza, ha destacado también que el Ejecutivo central prevé revalorizar las pensiones en su proyecto de presupuestos de 2019. Las mínimas y no contributivas crecerían un 3%, las de viudedad un 7% y el resto, “como mínimo”, un 1,6%. “Afectará a 509.982 vascos, el 22,9% del total de la población”, indicó Loza, que estimó en 35,5 millones los fondos adicionales que destinará la Seguridad Social a los pensionistas vascos.
En paralelo, PP, EH Bildu y Orain Araba -los críticos de Podemos- han acordado medidas fiscales en Álava que buscan mejorar la situación del colectivo, si bien el Gobierno de la Diputación, de PNV y PSE-EE, sostiene que ocurre justo lo contrario.
