El Gobierno vasco defiende que haya proyectos de “interés público” que no puedan ser vetados por los municipios

La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, ha defendido este viernes en el Parlamento Vasco que la inclusión del concepto de proyectos “de interés público superior” en la Ley de Administración Ambiental de Euskadi, como adelantó este periódico, responde al objetivo de defender el “interés general” frente a “intereses locales particulares” que puedan oponerse a intervenciones públicas que afectan al conjunto de la ciudadanía vasca.

Tapia ha respondido en el pleno de control del Parlamento Vasco a una interpelación de EH Bildu en relación a ciertas modificaciones planteadas por el PNV y el PSE--EE al texto inicial del proyecto de Ley de Administración Ambiental de Euskadi. El parlamentario Unai Fernández de Betoño ha recordado que el pasado 15 de junio nacionalistas y socialistas presentaron diversas enmiendas a este proyecto, una de las cuales -la número 61- planteaba la creación de la figura de proyectos de 'interés público superior'. Fernández de Betoño ha destacado que, en caso de que esta modificación sea incluida en el texto de la ley, los proyectos que reciban esta calificación por parte del Gobierno vasco “se impondrán a los planes ordenación territorial y urbana”. Por ese motivo, ha criticado los planes del Ejecutivo del PNV y el PSE-EE en relación a esta ley, con la que -según ha dicho- se pretende “imponer” a los ayuntamientos determinados proyectos “desde un despacho de Lakua”.

La consejera ha defendido la conveniencia de crear una figura como la del 'interés público superior' para proteger el “interés general” frente a eventuales “intereses locales particulares” que puedan oponerse a una infraestructura o proyecto que puede resultar beneficioso para el conjunto de la ciudadanía vasca. Tapia ha recordado que se han producido casos en los que un determinado municipio se ha opuesto a la implantación de una infraestructura de interés para toda la comunidad autónoma, utilizando el planeamiento urbanístico o la ordenación territorial para impedir dicho proyecto, con lo que el emplazamiento más adecuado para el mismo “se encuentra vetado por un interés particular”.

La responsable autonómica ha advertido de que “con esta tendencia podemos alcanzar, y no muy tarde, situaciones de riesgo”, en las que, por ejemplo, no se pueda dar respuesta a situaciones de necesidad de eliminación de residuos, “con el consiguiente riesgo y colapso” por la ausencia de espacio en los vertederos. Tapia ha afirmado que este mecanismo jurídico ya se aplica en once comunidades autónomas de España, entre ellas territorios limítrofes a Euskadi como Navarra, Cantabria y la Rioja. “La solución que proponemos ha sido adoptada por multitud de comunidades autónomas, donde está funcionando con absoluta normalidad”, ha manifestado. Además, ha afirmado que el desarrollo legislativo de esta figura aporta “cobertura legitimadora” a la actuación de la Administración y ofrece “transparencia y garantías jurídicas”.