El primero de los juicios de corrupción en Alonsotegi se retrasa a enero de 2022

El primero de los juicios por las irregularidades urbanísticas y los desvíos de fondos de los tres alcaldes anteriores del municipio vizcaíno de Alonsotegi, en Bizkaia, tenía que haber arrancado esta semana, según trascendió en septiembre. Pero problemas de agenda de las partes han llevado a la Audiencia Provincial a aceptar una suspensión y a retrasar el inicio de las vistas al 18 de enero de 2022. El caso será juzgado por un tribunal compuesto por los magistrados Ángel Gil Hernández, María Carmen Rodríguez Puente y Cristina de Vicente Casillas. Ésta última es la que ejercerá de ponente y, por lo tanto, de redactora de la sentencia.

El grueso de las denuncias de irregularidades recaen sobre la sociedad pública Alonsotegi Eraikiz, ahora ya disuelta y que asumía los proyectos urbanísticos del pueblo. Fue creada en la etapa del primero de los regidores investigados, Gabino Martínez de Arenaza (alcalde de 1999-2007). De 2007 a 2011 gobernó Aitor Santesteban y de 2011 a 2015 José Luis Erezuma. Los tres fueron elegidos por el PNV. Al ser Alonsotegi un municipio creado en 1991 como escisión de Barakaldo, los acusados son tres de los cinco alcaldes que ha tenido en toda su historia. En estas tres etapas y en los tres casos judicializados está implicado Alberto Zulueta, un arquitecto externo que facturaba al municipio sin soporte contractual y, siendo consejero de Alonsotegi Eraikiz, era juez y parte y sus empresas recibían contrataciones regularmente. La principal era Arkideiak.

El caso que tenía que haber llegado a los tribunales esta semana y que se pospone hasta el arranque del año que viene afecta a la etapa final, a la de Erezuma. ¿Qué se investiga? En 2010, se estimó que Alonsotegi Eraikiz tenía que abonar 1.066.944,01 euros a Laneder Construcciones por las certificaciones de las obras de construcción de un nuevo centro de salud. En octubre de 2011, se abonaron menos de la mitad, 450.000 euros. Entiende la Fiscalía que el alcalde, Zulueta, otros asesores municipales y los empresarios idearon un plan para lograr el dinero que faltaba. ¿Cómo? “Aprovechando las lluvias intensas que tuvieron lugar en la localidad de Alonsotegi entre los días 4 y 6 de noviembre de 2011, decidieron solicitar a la Diputación Foral de Bizkaia una subvención por importe de 600.000 euros para obras a realizar para la reparación de supuestos daños causados por las citadas lluvias”. A ello se sumaron 81.392,38 salidos del propio Ayuntamiento.

El plan consistía en poner por escrito que se habían realizado una serie de obras de modo que se pudieran obtener esos fondos. “Elaboraron y presentaron informes, proyectos, certificaciones y liquidaciones de obra y facturas sin contenido económico real al Ayuntamiento y este a su vez las presentó en la Diputación Foral de Bizkaia, y realizó todos los pasos necesarios hasta obtener su cobro”, ha concluido la investigación. Se aludía a supuestas obras en el Ayuntamiento o en muros de contención. En la fase de instrucción, uno de los empresarios implicados admitió que era el modo que hallaron para poder cobrar la deuda.

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) elaboró una auditoría sobre las cuentas de Alonsotegi Erakiz de 2010 y halló numerosas irregularidades. Lo dice un organismo que, desde 2015, está presidido por un dirigente del PNV de Bizkaia, el exdiputado general, José Luis Bilbao. En sus alegaciones a las consideraciones de este organismo, los exalcaldes imputados no entraron a ofrecer una explicación sobre el fondo de la cuestión. En cuanto a Joseba Urbieta, regidor desde 2015, se esforzaba en desmarcarse del pasado en sus comentarios al informe: “Ni yo, ni nadie de la actual Corporación municipal ha tenido cargos o responsabilidad de naturaleza política y/o profesional y/o empresarial, vinculados con la Sociedad pública Alonsotegi Eraikiz”. El Ayuntamiento y la Diputación de Bizkaia están personados y ejercerán de acusación en este primer juicio. De momento, se han adherido a las peticiones de la Fiscalía, de seis años de cárcel para cada uno de los acusados, Erezuma, Zulueta, otros dos asesores municipal y dos empresarios. EH Bildu -denunciante desde la oposición- pide elevar a ocho años esa condena.