Llaman a defender al euskera de la “ofensiva judicial” por la sentencia que anula el requisito del B2 en la Policía Local

Euskalgintzaren Kontseilua ha denunciado que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que anula el requisito de poseer un nivel 'B2' de euskera para acceder como personal interino a la Policía Local “va en contra” de la 'Carta Europea de las Lenguas Minoritarias', por lo que ha instado a los partidos políticos a “apostar por la plena normalización del euskera” pese a la “ofensiva judicial” contra la lengua vasca.

Kontseilua denuncia que en esta sentencia, dada a conocer este pasado jueves, el TSJPV utiliza como argumento la nueva jurisprudencia que se ha ido desarrollando “a través de la ofensiva judicial contra el proceso de normalización del euskara”, según recoge Europa Press

Esta entidad ha afirmado que con estas sentencias, el poder judicial “está modificando las reglas de juego de las políticas lingüísticas, reduciendo los límites de la oficialidad del euskara y, por tanto, obstaculizando el proceso de normalización y perjudicando los derechos de los ciudadanos”. Kontseilua ha recordado que la sentencia señala que es “desproporcionado” que se solicite el conocimiento del euskera a todos los candidatos de la bolsa de trabajo, y ha señalado que como consecuencia de esta resolución “no será necesario para ningún puesto de trabajo saber euskara”.

“Es muy grave”

Esto -según ha advertido-- “es muy grave”, especialmente debido a “la evidente dificultad de sustituir a los puestos que tienen perfil de euskara”. Kontseilua ha explicado que “la falta de conocimiento del euskara por parte de un solo agente puede condicionar el servicio completo y los derechos e integridad de las propias personas”. “Eliminar la exigencia de conocimiento del euskara a los puestos de trabajo de la administración es eliminar la calidad y la responsabilidad social de los servicios públicos”, ha manifestado. Kontseilua ha añadido que “la única manera de garantizar los derechos de toda la ciudadanía es que los empleados públicos conozcan también el euskara, en la medida en que es una lengua oficial y propia del País Vasco”.

Por otra parte, ha manifestado que la sentencia del TSJPV “va en contra de lo establecido en la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias”, al argumentar que pedir el conocimiento de euskara es “discriminatorio para los castellanohablantes”. En este sentido, ha recordado que “todos los ciudadanos vascos de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa son también castellanoparlantes”. Además, ha subrayado que la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias “señala claramente en su artículo 7.2 que la adopción de medidas especiales en favor de las lenguas regionales o minoritarias, destinadas a promover una igualdad entre los hablantes de dichas lenguas y el resto de la población y orientadas a tener en cuenta sus situaciones peculiares, no se considerará un acto de discriminación con los hablantes de las lenguas más extendidas”.

Por ese motivo, y “a pesar de los obstáculos que se establezcan desde los juzgados para avanzar en la normalización del euskara”, Kontseilua ha hecho un llamamiento a los partidos políticos para que “apuesten por la plena normalización del euskara y por garantizar los derechos lingüísticos de todos los ciudadanos y ciudadanas”. Kontseilua ha subrayado la necesidad de trabajar para que el castellano “no sea la única lengua obligada al empleo público” y de “protegerse frente a la ofensiva y avanzar en la igualdad lingüística”.