El muro del Gobierno vasco frente a la batería de preguntas de la oposición por la trama de las consultoras: “Nada que aclarar”

En los dos últimos meses, la oposición en el Parlamento Vasco se ha encontrado con un muro gubernamental ante la batería de iniciativas presentadas a raíz de que, en mayo, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) destapara una trama de manipulación de contrataciones públicas y sancionara por ello con 6,3 millones en multas a 22 consultoras. El caso tiene una doble vinculación con Euskadi, ya que fue la Autoridad Vasca de la Competencia la que inició las investigaciones y recopiló las pruebas fundamentales al registrar varias empresas e incautarse de sus correos electrónicos y, además, porque de dos centenares de licitaciones irregulares entre 2009 y 2018 la mitad, aproximadamente, se corresponde con el denominado “cártel del norte”, con adjudicaciones procedentes de instituciones autonómicas, forales y locales vascas. El resumen de las consecuencias que ha tenido este asunto se recoge en una respuesta firmada esta misma semana por el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, a una pregunta de EH Bildu sobre las “medidas que tomará el Gobierno como consecuencia de la resolución de la CNMC”: “Nada que aclarar”.

En la Cámara, David Soto de Elkarrekin Podemos-IU, Luis Gordillo de PP+Cs y Josu Estarrona de EH Bildu han sido los arietes del Ejecutivo y de la Autoridad Vasca de la Competencia, cuya presidencia cambió desde que se inició la investigación. Llegó Alba Urresola en sustitución de Pilar Canedo, que ahora es precisamente vocal de la CNMC. En la última de las iniciativas de la oposición, preguntaba Estarrona a Azpiazu por escrito si “va a hacer algo el Gobierno para aclarar el papel jugado por la Administración en los contratos correspondientes al Gobierno y a sus entes, empresas y organismos” y “teniendo en cuenta que los órganos de control interno no han detectado o sospechado nada en todos estos años” si ve el Ejecutivo que “es necesario hacer cambios en dichos órganos”. En unas pocas líneas, el Gobierno aspira a zanjar el asunto e incluso muestra que ya ha repetido este deseo “en varias ocasiones”.

“De una lectura directa y objetiva de la resolución de la CNMC de la que trae causa esta iniciativa parlamentaria no se desprende que haya nada que aclarar respecto al papel jugado en esta cuestión por la Administración de la comunidad autónoma de Euskadi y sus entes, empresas y organismos, ni tampoco que haya que efectuar cambio alguno en los órganos internos de control pues las irregularidades a las que alude la mencionada resolución se refieren a prácticas empresariales, no a la actuación de esta Administración, tal y como queda reflejado en diversos pasajes de la misma y como he reiterado en varias ocasiones al parlamentario autor de esta solicitud”, argumenta el consejero Azpiazu.

En síntesis, el 'modus operandi' de este cártel consistía en que, cuando la Administración sacaba a licitación un contrato de consultoría por el procedimiento negociado (ya suprimido legalmente), consistente en invitar a tres empresas en vez de hacer un concurso, el proceso estaba teledirigido para que ganara una de ellas. Las otras dos ofertas eran “coberturas”, propuestas manifiestamente erróneas. Se detectó en adjudicaciones de diferentes departamentos del Gobierno vasco, tanto de consejeros del PNV como del PSE-EE, incluida la Lehendakaritza de Patxi López en un caso. Las hay también en el ámbito más local, particularmente en Bizkaia y en entes controlados por los nacionalistas. Los expedientes íntegros inundan los servidores del Parlamento Vasco. Estas prácticas no son muy diferentes a las conocidas en otros casos. Hay actuaciones de este tipo probadas en el 'caso De Miguel', la mayor trama de corrupción conocida en Euskadi, y también vinculadas, por ejemplo, a decenas de adjudicaciones percibidas por las empresas del grupo Montai, propiedad de un miembro del PNV guipuzcoano, Aitor Elorza.

El Gobierno ha llegado a expresar en el Parlamento su convicción de que no es copartícipe de las irregularidades sino más bien “víctima”. También ha argumentado que están acreditadas irregularidades en “Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Catalunya, Ceuta, Melilla, Comunidad Valenciana, Extremadura, La Rioja, Madrid, Murcia y Navarra”, dando a entender que no era correcto focalizar el problema en Euskadi. Sin embargo, fueron las propias empresas sancionadas las que pusieron el foco en la Administración. Algunas de las sancionadas, como Deloitte, 97 S&F o Gestiona XXI Consulting trataron de anular ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco los registros en los que aparecieron los correos electrónicos comprometedores y, en su argumentación, citaron la “connivencia” de las instituciones públicas, ya que ellas elegían a la contratista y pedían a esta empresa que le pusiera encima de la mesa dos nombres más para dar apariencia de legalidad al proceso.

Entre medias, ha vuelto a aflorar la polémica interna que ha vivido la Autoridad Vasca de la Competencia en los últimos años tras la salida de Canedo. Urresola, en mayo, rechazó que hubiese que investigar las adjudicaciones a las empresas sancionadas de 2018 hasta la actualidad, que se han seguido produciendo. Una de las más recientes la ha denunciado EH Bildu en Álava con 97 S&F, aunque la Diputación de Álava ha puntualizado que solamente es una propuesta y no la contratación definitiva. La presidenta del órgano regulador volvió a tratar el tema en junio y consideró “absurdo” que se le pidan explicaciones por haber contratado a empresas que habían sido investigadas por fraude para elaborar los planes estratégicos de la Competencia vasca. Una de ellas es B+I, que recibió 17.500 más IVA y, entre otras actividades, realizó juegos con Lego en los que se buscaba eliminar el “fantasma”, con quien identificaban a la anterior presidenta, Canedo, y a la CNMC, como recogió este periódico. “Lamentablemente se ha filtrado a la prensa”, protestó Urresola.