El nuevo plan de vivienda vasco busca contener los precios del alquiler

El consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, Iñaki Arriola, ha presentado este miércoles el Plan Director de Vivienda 2021-23, documento que incorpora 120 acciones con un presupuesto de 1.237,6 millones de euros dirigidos a “activar medidas” para responder a la necesidad de un hogar “digno y adecuado” en Euskadi, como incrementar en más de 3.000 viviendas el parque de alquiler protegido y una propuesta fiscal que incentive los alquileres con precios “razonables” y penalice a quienes disparen al alza las rentas. En la Comisión de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Parlamento Vasco, Arriola ha presentado el Plan Director de Vivienda 2021-23 que “sintetiza la filosofía, los programas y los compromisos del Gobierno vasco para abordar los retos en esta materia durante los próximos años”.

El plan, según recoge Europa Press, se estructura en tres ejes estratégicos: el fomento del alquiler asequible con la promoción de vivienda social, con el desarrollo del sistema de ayudas para arrendar y con la movilización de la vivienda deshabitada del parque privado; el impulso del parque edificado reforzando las ayudas a la rehabilitación; y la mejora de la coordinación y gobernanza institucional incluyendo una revisión de la política fiscal. Para ello, el documento incorpora 120 acciones concretas con un presupuesto de 1.237,6 millones de euros, 119 millones más que el anterior, un 11% de incremento. “Son cifras muy por encima del esfuerzo de gasto de cualquier otra comunidad autónoma y que nos sitúan en medias europeas homologables”, ha destacado el consejero.

Según ha explicado, se trata de un plan “importante y ambicioso que busca profundizar en el camino iniciado con el plan anterior, el primero con el espíritu de la Ley de Vivienda aprobada en 2015” y espera que reciba el “mayor nivel de respaldo” de los grupos parlamentarios, que van a presentar sus propuestas de resolución al texto. El documento apuesta por aumentar la oferta de viviendas de alquiler social de iniciativa pública y privada, con la incorporación de más de 3.000 durante este plan. El objetivo es llegar a las 29.300 en Euskadi para que los hogares en alquiler público asciendan al 40% del parque protegido.

Durante este periodo se prevé el inicio de la construcción de 4.000 nuevas viviendas —2.250 del Departamento y Visesa y el resto de promotores privados, cooperativas o fórmulas como las viviendas colaborativas o 'cohousing', que recibirán ayudas públicas para su materialización— y la compra de suelo para otras 3.600. Además, el Departamento de Vivienda trabaja para incorporar 8.500 viviendas captadas a través de Bizigune, el programa para movilizar la vivienda deshabitada que desde enero de 2022 aumentará las rentas a quienes cedan su vivienda, hasta un máximo de 650 euros mensuales, y también del programa ASAP.

Para lograr estos objetivos, el plan director establece herramientas como la promoción de vivienda en alquiler protegido nueva, las subvenciones especiales para zonas rurales o despobladas para construirlas, la rehabilitación de edificios públicos en desuso, o la construcción de alojamientos dotacionales en alquiler temporal para jóvenes y colectivos de especial necesidad. Además, en el marco del nuevo plan se ha puesto en marcha el programa Alokairu, un mecanismo de colaboración público-privada para que los inversores privados --banca, aseguradoras, inmobiliarias-- construyan o compren edificios de viviendas libres que sean cedidas --por un máximo de 75 años-- a la administración, cobrando una renta de alquiler garantizada.

Asimismo, se crea un sistema de incentivos “novedoso a nivel estatal” con ayudas públicas a la sociedad civil para el fomento de las viviendas colaborativas o 'cohousing'. Para movilizar la vivienda deshabitada, se reforzará el programa Bizigune para grandes tenedores y se apoyará la puesta en marcha del canon de vivienda deshabitada a los ayuntamientos, con el registro para este tipo de hogares y priorizaciones en las ayudas a quienes rehabiliten viviendas deshabitadas para cederlas a Bizigune.

Arriola ha destacado que los jóvenes seguirán siendo uno de los objetivos del plan con Gaztelagun como eje central. Se suprime en él la temporalidad de las ayudas --de tres años de duración máxima hasta cumplir los 36-- y se incrementan las rentas de alquiler que pueden participar en el programa, así como la cuantía de la ayuda, hasta los 275 euros al mes. El fin es alcanzar a 4.500 personas en 2023 con este programa. Además se sigue impulsando la construcción de alojamientos dotacionales -750-, preferentemente destinados a este colectivo, que también se verá beneficiado del cupo del 40% para menores de 36 años en el acceso a viviendas sociales, una cuota de acceso que, a partir de ahora, se extenderá también a los pisos del programa Bizigune.

Nuevo marco normativo

Una de las principales novedades del Plan Director de Vivienda es la creación de un nuevo marco normativo que regulará un régimen específico de vivienda de protección oficial (VPO) de alquiler asequible para unidades convivenciales entre los 21.000 y los 39.000 euros anuales ponderados, un colectivo que, contando con mayores ingresos, tiene dificultades para acceder a una vivienda en el mercado ordinario. La normativa creará un régimen específico de viviendas para este colectivo y prevé ayudas públicas para entidades públicas y privadas que inicien proyectos de este tipo por un periodo de al menos 20 años, con rentas de alquiler en rangos de VPO.

Para los colectivos con mayor necesidad, el plan establece alcanzar 12.000 familias reconocidas con el derecho subjetivo a la vivienda para 2023 —cuyo decreto de desarrollo será aprobado durante la vigencia de este plan— y asumir en 2022 la prestación complementaria de vivienda, como ya se realiza con la prestación económica de vivienda. Se prevé alcanzar la cifra de 29.000 hogares de promedio anual durante el plan, entre ambas ayudas, que se incrementan a 275 euros mensuales en 2022. Entre 2021 y 2023 se prevé otorgar ayudas a la rehabilitación a 71.200 viviendas para mejorar la eficiencia energética, la habitabilidad, la accesibilidad, la seguridad y la digitalización de edificios. Incluyen 35.800 proyectos integrales para aumentar la eficiencia energética y 2.400 nuevos ascensores para mejorar la accesibilidad de 15.000 hogares.

Fiscalidad para alquileres

El consejero ha explicado que el plan insiste en la necesidad de analizar “en profundidad” la fiscalidad en base a la propuesta realizada en 2019 por el Gobierno vasco a las diputaciones forales, competentes en la materia, para fomentar el alquiler de viviendas que contengan los precios, penalizar a quienes los elevan y mejorar las deducciones por rehabilitación. El consejero aboga por “abrir una vía de reflexión sobre la regulación actual de las deducciones en materia de vivienda” y mayores bonificaciones al alquiler de colectivos con mayores dificultades de acceso a una vivienda. La propuesta plantea también la necesidad de realizar un diagnóstico sobre incentivos fiscales que promuevan la rehabilitación.

Asimismo, ha indicado que el Departamento sigue “con mucha atención” la tramitación de la futura Ley estatal de Vivienda, en materia de regulación de precios, ya que la aprobación de esta norma “dará seguridad jurídica”. El Plan Director de Vivienda plantea por primera vez la posibilidad de que Euskadi estudie y, en su caso implemente, teniendo en cuenta el mercado, las medidas de dicha norma en materia de control de alquileres.