El Parlamento Vasco afea a la Diputación de Bizkaia que no responda a solicitudes de información
La Mesa del Parlamento Vasco, en la que PNV y PSE-EE tienen mayoría, ha dado la razón a EH Bildu y afeado a la Diputación de Bizkaia, gobernada por esos mismos partidos, que no haya respondido a una solicitud de documentación sobre los algoritmos que emplea. La Cámara ha determinado que los parlamentarios tienen perfecto derecho a formular preguntas y no solamente al Gobierno autonómico, sino a otros organismos.
La representante de EH Bildu Lore Martínez Axpe, que hace seguimiento de la política tecnológica, requirió un catálogo de algoritmos al Gobierno vasco pero, igualmente, a las tres diputaciones y a las tres capitales, Vitoria, Bilbao y Donostia. Se formalizó la solicitud a comienzos de enero. Sin embargo, Bizkaia contestó a finales de enero que no iba a entregar los datos, que para eso ya existe su propio Parlamento, las Juntas Generales.
“La organización institucional interna de la comunidad autónoma, establecida en el ordenamiento en vigor exige que se respete los distintos ámbitos competenciales, tanto cuando se ejerzan las funciones normativas y administrativas, como cuando se lleven a cabo la función de control parlamentario, ya que ésta, ha de circunscribirse a ámbito institucional en el que se haya constituido”, argumentaban desde la Diputación vizcaína. Y añadía: “Se ha establecido legalmente y legítimamente por los territorios históricos, en este caso, el de Bizkaia, un modelo de organización bajo el régimen democrático en el que las Juntas Generales son el supremo órgano de representación con funciones parlamentarias de normación y de impulso y control de la Diputación Foral, que realiza las funciones del ejecutivo y que responde ante ellas”.
La Mesa del Parlamento, por el contrario, ha dado la razón a EH Bildu, que presentó un recursos de amparo al ver la respuesta de Bizkaia, y sostiene que hay precedentes de este tipo de iniciativas. Se apunta expresamente a que la negativa de la Diputación a proporcionar esos datos puede lesionar los derechos constitucionales de la parlamentaria, reconocidos en el artículo 23.2 de la 'carta magna'. Es más, el reglamento del Parlamento, que tiene rango de ley, señala expresamente que los parlamentarios autonómicos “podrán recabar de las administraciones públicas, instituciones, organismos públicos y empresas públicas de la comunidad autónoma los datos, informes y documentación que obren en poder de estos”, sin acotar que eso solamente sea posible hacia el Gobierno vasco.