Una plataforma lleva ante la Fiscalía las "ilegalidades e irregularidades" que rodean al funcionamiento de la incineradora de Gipuzkoa

Vista aérea de las instalaciones de la incineradora de Gipuzkoa y del resto del 'complejo medioambiental'

La plataforma GuraSOS llevará a la Fiscalía los hechos que se están sucediendo en los últimos meses en el denominado complejo medioambiental de Gipuzkoa, cuya principal instalación es una incineradora. La licencia industrial de esta planta está en el aire después de que el 15 de noviembre expirase un permiso provisional, si bien desde el área de Medio Ambiente de la Diputación de Gipuzkoa se garantiza que ya tiene concedida la prórroga para proseguir con su actividad. Fuentes de la plataforma consideran que "la práctica de ilegalidades e irregularidades se ha disparado en los últimos meses" y denuncian que estas tienen como objetivo evitar que la planta pierda su autorización de actividad mientras se repara en Alemania el transformador principal, que se averió el 1 de septiembre.

La licencia industrial de la incineradora de Gipuzkoa, en el aire tras haber expirado un permiso provisional el 15 de noviembre

La licencia industrial de la incineradora de Gipuzkoa, en el aire tras haber expirado un permiso provisional el 15 de noviembre

Las instalaciones, ubicadas en Zubieta, llevan operativas desde 2019, pero la autorización provisional que se concedió después de que en verano se hallaran algunas deficiencias expiró el 15 de noviembre. La instalación es una planta de valorización energética, por lo que su función es generar electricidad, no solamente incinerar. Esta electricidad se vierte posteriormente a la red. "El 1 de septiembre, por primera vez, la enchufaron a la red para ver si genera electricidad", explican desde la plataforma GuraSOS, que lleva años denunciando irregularidades relacionadas con la infraestructura. Esa primera prueba, con las instalaciones todavía sin terminar, desembocó en un accidente que provocó que el transformador principal se quemara y se hubiera de enviar a Alemania para su reparación. "Han hecho algo que cuesta 1.500 millones de euros y que no funciona", aseveran desde la plataforma.

El 24 de noviembre, Arantxa Tapia —en la legislatura anterior consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras y en esta presente también con la cartera de Medio Ambiente— otorgó a la planta la autorización ambiental que esta necesitaba, junto con la industrial, para funcionar. "Cuando le da la efectividad porque funciona, está mintiendo. Ya sabe que no funciona desde el 1 de septiembre", zanja GuraSOS, que alega que para que la concesión de esa autorización fuese viable, la instalación debe estar terminada y probada. Acusan a Tapia de "prevaricar", de "falsedad documental" y de cometer "flagrantes delitos" para salvar un proyecto cuyas instalaciones están "aún sin legalizar". "Desde Industria están presionando a los funcionarios para que, salvado lo ambiental, se salve también lo industrial. Está en juego la viabilidad del proyecto", señalan.

El 2 de diciembre, Ekondakin, la sociedad que explota la incineradora y el conjunto del complejo medioambiental, solicitó la emisión de una nueva acta de puesta en servicio provisional. El escrito hace alusión al expediente 20-ATJ-2018-1. Según GuraSOS, este engloba todas las instalaciones: no solo el transformador principal, sino también el generador, las demás líneas y los mecanismos de protección. En la respuesta —incide la plataforma—, el responsable de Energía no concede ningún acta que permita el funcionamiento, "ni de las fijas ni de la temporal". "La ley dice que se puede funcionar con el certificado. Lo que se oculta es que la ley también dice que solo durante un mes, pues al mes se ha de conseguir el acta. Si en un mes no se consigue, el silencio es desestimatorio", reitera GuraSOS, que considera que este documento es también el primero que "confirma" que el permiso provisional había expirado. "Se oculta que la petición del 25 de septiembre se desestimó por silencio administrativo el 25 de octubre y, por lo tanto, no tiene ni siquiera iniciado el expediente", añade.

"Connivencia" y "coacción"

La plataforma va a presentar los hechos ante la Fiscalía esta misma semana. "La denuncia va a ser contra las personas que hayan podido coaccionar a los funcionarios", explican desde ella. Aseguran, además, que se va a hacer un requerimiento previo tanto al director de Energía del Departamento de Desarrollo Económico del Gobierno vasco como al delegado territorial de Gipuzkoa para que ordenen la paralización de la actividad. "En caso de no hacerlo, dicha omisión se incluirá entre los hechos a constar en la denuncia que se presentará a la Fiscalía; todo aquel que colabore en connivencia con los autores del delito", apunta. También pedirán a la Red Eléctrica Española que le impida conectar a la red la energía generada en la planta y a Iberdrola que no permita la distribución.

El viernes pasado, el diputado de Medio Ambiente de Gipuzkoa y también presidente de Gipuzkoako Hondakinen Kontsorzioa (GHK, el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa), José Ignacio Asensio, comunicó que la incineradora había vertido a la red 3.970 megavatios. Según los cálculos de GuraSOS, equivalen a un funcionamiento al 100% de potencia durante alrededor de cinco días. "Como están al ralentí, podría ser el funcionamiento de tres semanas. Están volcando a la red porque, si no, les caducarían todos los expedientes que tienen abiertos", explican.

En otra vertiente del caso, a mediados de septiembre, el Seprona —una unidad de la Guardia Civil encargada de velar por la naturaleza— comenzó a investigar, en el marco de la denominada 'operación Amonio', un vertido ilegal de la incineradora a una regata del río Oria. Este vertido causó la muerte de un elevado número de peces. El anuncio irritó a la Ertzaintza, que consideró invadidas sus competencias. GuraSOS denuncia que, en el momento en que se produjo este vertido, las instalaciones estaban funcionando al 100% de su capacidad. "Reconocen abiertamente que, cuando ocurre el delito ecológico, estaban actuando sin autorización. Esta arrogancia solo se puede entender desde la impunidad", lamentan. Apuntan que la Guardia Civil ha elaborado un informe de 1.300 páginas y que hay hasta cuatro imputados en la investigación que está ahora mismo en el Juzgado de Instrucción número 5; en una de sus vertientes —según la plataforma— se estudia el estado de legalización de la planta.

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Publicado el
9 de diciembre de 2020 - 21:47 h

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