La licencia industrial de la incineradora de Gipuzkoa, en el aire tras haber expirado un permiso provisional el 15 de noviembre

Ekondakin Energía y Medioambiente, la sociedad conformada por Meridiam Investments (50%), Urbaser (46%), Construcciones Moyua (1%), construcciones Murias (1%), Altuna y Uría (1%) y LKS Ingeniería (1%) que explota el denominado Complejo Medioambiental de Gipuzkoa, conocido por su incineradora y ubicado en Gipuzkoa, ha recibido una notificación que desestima la prórroga de su autorización industrial provisional, que expiró el pasado 15 de noviembre. Fuentes de GHK, el consorcio público que gestiona la instalación, han confirmado a este periódico que la adjudicataria ha tenido conocimiento este miércoles esta comunicación. Por su parte, portavoces del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, competente en materia de Industria y dirigido por Arantxa Tapia, han asegurado no tener constancia de este documento. Finalmente, la plataforma GuraSOS ha registrado un escrito pidiendo que se ejecute la suspensión de la autorización.

Gipuzkoako Hondakinen Kontsorzioa (GHK, Consocio de Residuos de Gipuzkoa y que integra a la Diputación guipuzcoana y a las mancomunidades del territorio) ha emitido un alambicado comunicado en el que no hace mención expresa a esta notificación y en el que se recalca que la planta tiene “plenamente vigente” otra autorización, la ambiental. Pero son dos expedientes diferentes y dependen de ventanillas diferentes de la Administración, si bien ahora Medio Ambiente ha quedado integrado con Industria en la misma cartera de Tapia. El consorcio sí que menciona que “solicitará a Ekondakin información detallada de los trámites pendientes con industria”. En todo caso, GHK insiste en que la planta está “tratando la totalidad de los residuos de Gipuzkoa con absoluta normalidad” y “produciendo energía eléctrica” con esa incineración.

Las instalaciones de Zubieta están operativas desde 2019. La autorización provisional hasta el 15 de noviembre de 2020 trae causa de una inspección realizada antes del verano que halló deficiencias. Asimismo, el 1 de septiembre se produjo un accidente con el transformador que permite trasladar a la red eléctrica la energía valorizada de la incineración. El aparato se quemó y fue enviado a Alemania para su reparación. No ha sido reinstalado aún y la planta opera con aparatos de menor capacidad a modo de solución temporal. GuraSOS afirma que hay pruebas de que la energía que se produce del tratamiento de residuos no se está introduciendo en la red eléctrica. “Llevan un año incinerando pero no valorizando”, indican fuentes de esta plataforma, que en los últimos años ha denunciado irregularidades en torno a esta costosa infraestructura.

GHK, en cambio, minimiza el trabajo de esta organización. “Recordamos, una vez más, que la totalidad de los procedimientos y recursos interpuestos para tratar de paralizar la actividad del Complejo Medioambiental han sido desestimados”, alegan.

En paralelo, existe abierta una investigación penal por un vertido a una regata próxima a las instalaciones que supuso una alta letalidad de peces. Como publicó este periódico, el asunto levantó ampollas en la Ertzaintza porque finalmente intervino la unidad 'verde' de la Guardia Civil, el Seprona. El consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, informó al Parlamento de que la unidad de delitos ambientales de la Ertzaintza “abrió una investigación” tras tener conocimiento del vertido, que ocurrió el 9 de mayo de este año. Se abrieron unas diligencias con código 163A2000029 y se enviaron al juzgado de Donostia que analiza lo ocurrido, la sala de instrucción número 5. El 17 de septiembre se hizo pública la actuación del Seprona bajo el nombre de 'operación Amonio' y, ese mismo día, fuentes del cuerpo autonómico se quejaron en este periódico de la “invasión competencial”.

La Ertzaintza -alegaban- es la Policía integral de Euskadi y tiene competencias exclusivas en al investigación de delitos intracomunitarios. Sin embargo, el cronograma expuesto por el consejero de Seguridad en el Parlamento indica que, unos días después, el 6 de octubre, el juzgado de Donostia “adjudicó” la causa a la Guardia Civil. No se dan más detalles y se apela a que solamente el juzgado puede revelar los contenidos del sumario.