PNV y PSE-EE aprueban sin la oposición la ley que regula la financiación interna de Euskadi una década después

PNV y PSE-EE han aprobado este jueves en el Parlamento Vasco merced a su mayoría absoluta aunque con el rechazo de todos los grupos de la oposición la nueva Ley de Aportaciones que renueva la metodología de distribución de recursos y de determinación de las aportaciones de las diputaciones forales a la financiación de los presupuestos de la comunidad autónoma, un sistema que llevaba caducado una década. El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha escenificado la importancia de la promulgación de esta norma con una fotografía conjunta con los tres diputados generales, Ramiro González, Unai Rementeria y Markel Olano, y con el alcalde Vitoria y presidente de Eudel, Gorka Urtaran, que han asistido a la Cámara a presencia un largo debate de tres horas.

En la presentación de la ley ante el hemiciclo, el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, ha afirmado que la aprobación supone “un paso positivo que concede certidumbre a todas las instituciones afectadas porque es lo más adecuado y equilibrado que se podía plantear en la coyuntura actual”. “Es el proyecto de ley más idóneo, pues cumple adecuadamente con la distribución de los recursos derivados de la gestión del Concierto Económico; es el proyecto de ley más adecuado, porque garantiza a todas las instituciones vascas una situación financiera estable; y porque si en los próximos años aparecieran nuevos elementos en el modelo de distribución de recursos, prevé el modo de adecuarse a la nueva situación”, ha indicado, según recoge Europa Press.

El titular de Economía y Hacienda ha destacado que el proyecto de ley “integra eficazmente en su seno las legítimas aspiraciones financieras de todas las instituciones vascas, garantiza la estabilidad económica y financiera de los tres niveles institucionales y aplica íntegramente los criterios básicos del reparto de los recursos procedentes del Concierto Económico”. “Dotará de solidez y mayor certidumbre a las cuentas públicas en este momento crucial de escenario económico enfocado a la recuperación económica y generación de empleo. Contar con esta ley aprobada antes del Consejo Vasco de Finanzas Públicas del próximo 15 de octubre, facilitará que todos los niveles institucionales de Euskadi elaboren los presupuestos 2022 aplicando la nueva metodología”, ha subrayado.

“Han sido 15 años -cinco más diez de prórroga- de una metodología sólida, que ha funcionado, y ha garantizado la estabilidad de nuestra estructura institucional”, ha señalado, a pesar de que Álava y Gipuzkoa se quejaban repetidamente de tener menos recursos que Bizkaia. Azpiazu ha destacado que el nuevo modelo, que en realidad no toca los porcentajes que aporta cada provincia a la caja común, “ha contado con el aval unánime de todas las instituciones que conforman el entramado institucional vasco, y eso ya es un valor en sí mismo”.

El coeficiente vertical se incrementa del 70,04% al 70,81%, como resultado de la integración de la financiación correspondiente a traspasos de funciones y servicios y nueva financiación no reflejada en el coeficiente anterior, así como a los recursos que, desde las instituciones comunes, se trasladan a los territorios en base a una contribución mayor destinada a financiar la cartera de servicios sociales -que pasa de 20 a 35 millones-, así como la integración de la cuantía para fomento del euskera y la normalización lingüística en la financiación de municipios. Entre las competencias integradas en el coeficiente vertical se encuentran, entre otras, las relativas a I+D+i, autopistas (AP-68/AP-1) y el último traspaso de Prisiones. El ajuste se nota en el Fondo General de Ajuste, que se mantiene el objetivo de asegurar que el peso relativo de la recaudación de cada Diputación alcance el 99% de su coeficiente horizontal. El límite máximo del fondo aumenta hasta el 1,45% de los recursos que se distribuyen entre las instituciones vascas, frente al 1% fijado por la ley hasta ahora.

La parlamentaria de EH Bildu, Leire Pinedo, ha denunciado que el proyecto de ley presentado en la Cámara “parece una broma de mal gusto” porque “no da solución a los problemas y desequilibrios” de estos años. “Para este viaje no hacía falta tanta alforja”, ha indicado. “La falta de información y la opacidad de este Gobierno, que ni siquiera ha llamado para explicar, aclarar, dar información o incluso para intentar convencer al resto de grupos de las bondades de esta ley, hace todavía más difícil que se hagan acuerdos”, ha insistido.

El parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU David Soto cree que “se ha perdido una oportunidad histórica para repensar todo el modelo fiscal vasco, y de abrir un proceso de reflexión con el Estado para hacer posible un modelo de hacienda funcional que reemplace al obsoleto y conservador concepto de hacienda, mal llamada, responsable”. Soto ha criticado que la norma actual ha sido prorrogada “de forma irresponsable” con un “bloqueo” de 10 años. “Una década después, el Gobierno vasco nos propone un acto de fe: el refrendo a una ley que, siendo fundamental para el devenir institucional de Euskadi, ha sido elaborada en un cónclave a puerta cerrada, sin testigos, sin adversarios políticos, en manos básicamente del PNV”, ha denunciado.

Desde PP+Cs, Luis Gordillo ha preguntado dónde están los informes económicos en los que se han basado para justificar el cambio en los coeficientes y ha pedido la devolución del texto al considerar que es “opaco” e “incurre en contradicciones importantes”. “Lo que recriminan constantemente al Gobierno central es lo que están haciendo: centralizan la capacidad de gasto; condicionan la autonomía de diputaciones y entidades locales”, ha reprochado, antes de insistir en que ellos son los “principales perjudicados” porque “reduce considerablemente su financiación”. “Es un proyecto de ley que no gusta a ningún grupo de la oposición; que ahora quieren aprobar deprisa y corriendo”, ha subrayado Vox.

Desde el PNV, Itxaso Berrojalbiz cree que “no hay motivos de peso” por parte la oposición para mantener una posición “tan contraria a un acuerdo interinstitucional tan exitoso y unánime” y les ha acusado de hacer “lecturas apocalípticas, que no tienen nada que ver con la realidad”. Los socialistas, socios de Gobierno, han secundado también la norma.