Testimonios de torturas de la Guardia Civil marcan el juicio a los presuntos miembros del brazo legal de ETA

“Yo estaba desnuda mientras hacía sentadillas y ellos me pellizcaban los pezones. Me tocaron la vagina dos veces. Yo hacía flexiones y me metían el humo de sus cigarrillos dentro de mi bolsa y no podía respirar. Me tapaban con la mano la boca y la nariz y no podía respirar. En esos momentos me hacían preguntas y si no contestaba con cierta rapidez me tiraban contra la pared o me pegaban o incluso me tiraban al suelo y se me sentaban encima y no podía respirar”. Se trata de la declaración de Saioa Aguirre, una de las ocho personas acusadas de integrar “el frente jurídico de ETA, Halboka” en el juicio que está teniendo lugar estos días en la Audiencia Nacional.

Las detenciones de la causa conocida como sumario 13/13, se produjeron por orden del entonces juez de la Audiencia Nacional y actual Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en Bizkaia y Gipuzkoa en el año 2010. Fueron detenidos antiguos presos y abogados de personas acusadas de pertenecer a ETA.

En total, la Fiscalía solicita 86 años de cárcel por delitos que van desde la pertenencia a ETA a colaboración con organización armada para los encausados Arantza Zulueta, Jon Enparantza, Iker Sarriegi, Julen Zelarain, Naia Zuriarrain, Saioa Agirre, Nerea Redondo y Juan Mari Jauregi, acusados de, supuestamente, pertenecer a “la red que controlaba a los presos de ETA”. Mientras que la defensa afirma que el proceso “nace viciado de nulidad” porque “hay irregularidades en los registros, escuchas ilegales, evidencias de torturas y malos tratos, y vulneración del derecho fundamental a no ser juzgado dos veces por la misma causa”.

Los principales acusados son los abogados Zulueta y Enparantza. En concreto, el fiscal pide 19 años de cárcel para la abogada Arantza Zulueta, que ya fue condenada en 2019 “como responsable del órgano coordinador del frente de cárceles”: 12 años por integración en organización terrorista en condición de dirigente y otros 7 por depósito de armas y explosivos. Para Enparantza la Fiscalía solicita 12 años por integración en organización terrorista en condición de dirigente, mientras que para el resto de los seis acusados de pertenecer a Halboka, la Fiscalía pide penas de 7 a 11 años de cárcel por delitos de integración o de colaboración en organización terrorista.

Durante la segunda sesión del juicio celebrado este martes, varias acusadas como Aguirre y Naia Zuriarrain han denunciado torturas y agresiones sexuales por parte de agentes de la Guardia Civil que les detuvieron hace 10 años. “Me empezaron a tocar, me tocaron todo el cuerpo. Un guardia civil se pegó totalmente a mí, sus genitales a mi parte trasera y todo el rato haciendo comentarios de índole sexual, humillándome e insultándome”, ha confesado Zuriarrain que ha detallado que varios agentes le dejaron “en bragas y camiseta” y le colocaron unas bandas de “gomaespuma” en los brazos para, después, echarle “agua fría por la cabeza”. Además de estos procedimientos, Zuriarrain ha acusado a los agentes de obligarle a aprender una serie de respuestas para ofrecerlas en una declaración policial.

Ante los crudos testimonios la coalición Ahora Repúblicas compuesta por EH Bildu, Esquerra Republicana, BNG, Ahora Canarias, Andecha Astur y Puyalón de Cuchas, ha llevado el caso a la Comisión Europea. “Ante el espeluznante testimonio de Naia Zuriarrain, preguntamos a la Comisión sobre los mecanismos que dispone para garantizar que el Estado español cumpla con el artículo 4 de la Carta de los Derechos Fundamentales sobre la prohibición de la tortura en la detención de personas”, ha señalado el diputado del Parlamento Europeo por la coalición Ahora Repúblicas.

El abogado Jon Enparantza, también ha denunciado que sufrió amenazas por parte de la Guardia Civil, que le habría enseñado “fotografías” de sus cinco hijos y de su mujer. Además, era consciente de que estaban “torturando” al resto de detenidos por las “referencias” que hacían los agentes, que “entraban a la celda eufóricos y salidos de madre”. “Esos fueron los cinco días que pasé. Ni comí, ni bebí y apenas ni dormí. Al cuarto día me llevaron al hospital porque estaba un poco deshidratado y, al negarme a recibir suero, volvieron a llevarme a la celda”, ha relatado.

La acusada de liderar Halboka: “Nunca he visto o tocado un arma”

Por su parte, la abogada Arantza Zulueta, acusada de liderar el órgano, ha reiterado durante su testimonio que “nunca” ha “visto o tocado un arma” y que no perteneció a Halboka. Zulueta, para quien la Fiscalía pide 19 años de prisión por los delitos de integración en organización terrorista en condición de dirigente y por depósito de armas y explosivos, ha insistido en que las únicas armas que ha visto “han sido las fotografías” en sumarios y hace años en la Audiencia Nacional, cuando “se traían las armas incautadas y se exponían”.

La abogada también ha dejado claro que “nunca” ha “pertenecido” al considerado frente jurídico de la banda ni a “ningún aparato” de la organización. Además, ha negado que participase en el cobro del impuesto revolucionario o en captaciones. Sin embargo, sí que ha reconocido su pertenencia al KT, el conocido como frente de cárceles, desde donde trataba de “coordinar a los presos” para que estos asumieran y admitieran la vía penitenciaria. Precisamente, esta fue la razón por la que tanto ella como Jon Enparantza fueron condenados en septiembre de 2019.

Zulueta, que salió de prisión en febrero de 2020 tras cumplir su condena, ha explicado que si reconoció su pertenencia a la banda terrorista en condición de dirigente fue para evitar que el resto de sus compañeros tuvieran que ingresar en prisión. También lo hizo, ha señalado, porque entendía que de esa forma estaba dando “un buen paso en los pasos” que se estaban dando “en la democracia en la paz y en la convivencia”.

Por otro lado, la abogada se ha desmarcado de los alias 'Marxel' o 'Bixer' contenidos en los informes de la Guardia Civil, y que le vincularían con diferentes reuniones con miembros de la organización terrorista ETA. Así, la abogada ha calificado de “extraño o tendencioso” que el Instituto Armado pretenda relacionarle con alguno de esos seudónimos. En su declaración, también ha negado haber participado o facilitado información referida a atentados o acciones violentos de la banda. De igual forma, Zulueta ha asegurado que en su condición de abogada siempre ha tratado de poner a sus clientes -acusados de pertenecer a ETA- a disposición de la Audiencia Nacional.

Dos guardia civiles de testigos

Este miércoles han testificado dos de los guardia civiles que participaron en la investigación. El primero de ellos, se ha tratado del secretario del atestado policial, que según sus palabras, “auxilió” al instructor del atestado para todas las actas y participó en la investigación desde el comienzo de la misma. Según su declaración, todo comenzó en el año 2008 cuando la Guardia Civil contaba con distintas operaciones en el sur de Francia contra aparatos de ETA y en concreto, tenían una contra el aparato político en Burdeos en colaboración con la Policía francesa. En esa operación, según el guardia civil, detienen a los miembros de ETA Xabier López Peña, Ainhoa Ozaeta, Jon Salaberria e Igor Suberbiola y extraen ordenadores y memorias informáticas del piso en el que se encontraban.

Según el testigo, tras analizar la documentación tanto informática como en papel, los documentos se dividen en tres partes: documentación del aparato político, documentación de la gestión y cobro del impuesto revolucionario y documentación relativa a informaciones de potenciales objetivos de la organización terrorista. “Nosotros trabajamos toda la documentación en su conjunto y realizamos distintas operaciones gracias a ella. Entre ellas nos encontramos con una estructura dentro del aparato político que es Halboka”, ha argumentado.

Dicha documentación superaba los 120.000 documentos algunos en euskera, otros en castellano e incluso en francés. “Halboka no contiene solamente el frente jurídico, tiene otros departamentos un departamento que controlaba los informes de las caídas policiales o de las caídas de miembros de ETA ante una detención policial o incluso otra de las estructuras que gestionaba las fugas de prisiones o los intentos de fuga de prisión. Nosotros nos centramos en la estructura de Halboka general y dentro de ella nos encontramos el frente jurídico que entendemos que está mayoritariamente conformado por abogados próximos a las organizaciones abertzales o incluso próximos a ETA”, ha señalado.

El guardia civil, ha asegurado que “la mayor parte” de los abogados defendían a miembros de ETA, pero había algunos que también “hacían labores de enlace” y otros a los que durante el estudio de la documentación “jamás pudieron relacionarlos” con la banda ni sus actuaciones. Tras analizar dicha información, el propio guardia civil que testifica en el juicio elabora el 'Informe Halboka', un informe que está sin firmar pero que él mismo valida como “jefe de grupo de análisis” y que lo describe como “una investigación preliminar”. El 'Informe Halboka' fue entregado en el Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional y con él se solicitó la autorización para realizar los registros de los despachos de abogados de los acusados, ubicados en Hernani y Bilbao, así como las consiguientes detenciones. En esos registros, concretamente en el del despacho de Bilbao donde trabajaba Zulueta, se incautó un pendrive con información de un zulo con armas “armas largas -entre ellas un fusil AK-47-, cortas y sustancias explosivas” en monte Jara de Francia.

Según el guardia civil, dos pendrives cayeron “al mover un cuadro” de la pared del despacho en el que trabajaba Arantza Zulueta. Ante esta acusación, la abogada ha denunciado en su declaración “irregularidades” durante el registro, que tuvo lugar en 2010. “Fue un desastre. Esos pendrives no estaban allí”, ha denunciado ante ante el tribunal.

En cuanto a la intervención del CNI en esta información, que la defensa acusa de “realizar escuchas ilegales”, el guardia civil ha asegurado que el CNI sí que intervino, pero no entregó las “intervenciones” ni las “conversaciones en bruto” a la Guardia Civil. En su lugar, les aportaban mensajes o extractos de las conversaciones según las iban solicitando.

Un segundo agente de la Guardia Civil también ha sido citado como testigo y ha argumentado que durante el registro del despacho de Zulueta en Bilbao se encontraron dispositivos informáticos detrás de un cuadro o en el baño. Algo que según ha declarado también ocurrió durante el registro en el domicilio de la abogada, donde encontraron dispositivos en una aspiradora e incluso en una tabla de surf.

Tras los dos testimonios, el juicio ha sido interrumpido hasta el próximo lunes 26 de julio. Según el calendario diseñado inicialmente, la vista oral se realizará este mes y se reanudará luego en setiembre.