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Urkullu se resiste a confirmar su asistencia a la conferencia de presidentes de Salamanca a 48 horas de la cita

Urkullu, sin mascarilla, conversa con María Chivite en la conferencia de presidentes de 2020 en San Millán de la Cogolla

Iker Rioja Andueza

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Quedan 48 horas para la conferencia de presidentes autonómicos convocada en Salamanca este viernes por Pedro Sánchez y el lehendakari, Iñigo Urkullu, sigue inmerso en una profunda reflexión sobre la conveniencia o no de su asistencia a una cita en la que sería el primero en tomar la palabra por protocolo. “El lehendakari no ha adoptado aún una decisión al respecto”, ha explicado este martes el consejero-portavoz, Bingen Zupiria, que ha querido remarcar en su mensaje a los medios de comunicación que este asunto “no ha sido objeto de comentario” en la reunión semanal del Consejo de Gobierno después de que la vicelehendakari segunda y cabeza de la parte socialista del gabinete, Idoia Mendia, pidiera expresamente a Urkullu que no fuera el único junto con Pere Aragonès en no viajar a la cumbre.

Urkullu, un dirigente metódico, que archiva sus reflexiones y que incluso sigue manteniendo la tradición de la correspondencia, ha elaborado una larga lista de “razones y argumentos” a modo de “pros” y “contras” de su presencia en Salamanca. La primera es que la conferencia de presidentes, por mucho que se haya repetido en la pandemia -cada domingo por vía telemática durante el primer estado de alarma-, “es un órgano que no existe” a efectos de la Constitución y del Estatuto y que “ha tenido apariciones y desapariciones” en la trayectoria del Estado autonómico, ya que la primera la celebró Felipe González en 1990 y no se recuperó hasta la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero.

Como Isabel Díaz Ayuso, Urkullu destaca también que este foro “ha ido adoptando una serie de acuerdos sobre su funcionamiento” que no se están respetando. Ni ha habido “reuniones preparatorias” ni un “orden del día” claro con margen de tiempo suficiente para prepararlo. Asimismo, el lehendakari asegura dar mucha importancia a las relaciones bilaterales entre Madrid y Vitoria por encima de foros multilaterales que igualan a Euskadi con otras autonomías. En este sentido, Urkullu y su partido, el PNV, se han mostrado quejosos de algunos incumplimientos en los compromisos adquiridos por Sánchez. Uno de los elementos de pugna en la actualidad es la transferencia del Ingreso Mínimo Vital, si bien sí ha habido entendimiento para la cesión de la competencia de Prisiones o para dotar a la Ertzaintza de capacidad de realizar investigaciones en Francia como la Policía Nacional o la Guardia Civil.

“Es decisión del lehendakari. Él la adoptará”, insisten en su entorno, manteniendo un halo de misterio que ya se produjo el año pasado por estas fechas cuando Sánchez reunió a los líderes autonómicos en un primer encuentro presencial en San Millán de la Cogolla, en La Rioja, tras la sucesión de videollamadas durante el confinamiento. En aquella ocasión, solamente un acuerdo “in extremis” para dar más capacidad de déficit a Euskadi hizo que el lehendakari acudiera a San Millán de la Cogolla. Urkullu hizo el viaje hasta un pueblo cercano al lugar de la cumbre y esperó allí a tener la confirmación del acuerdo de parte de su consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, aunque estaba medio encarrillado desde las tres de la madrugada de la jornada anterior. Fue todo tan precipitado que Euskadi no tenía ni un lugar habilitado. Como con Catalunya, la previsión era la de la incomparecencia y ni figuraba en el listado oficial de invitados.

La nueva portavoz del Gobierno de Sánchez y ministra del área de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha telefoneado en las últimas horas a Ajuria Enea para presentarse y también para hacer partícipe al lehendakari del deseo del Ejecutivo de contar con su presencia. En todo caso, este contacto llega después de una semana en la que Urkullu ha dicho tener un “estado de ánimo no positivo” hacia el presidente. A través de una carta, intentó que Sánchez endureciera el uso de mascarillas para prevenir la nueva ola de la COVID-19, esto es, que las hiciera obligatorias en todo momento en la calle, como antes del 24 de junio. Sin mencionar el estado de alarma, también le reclamó un “paraguas” jurídico para que las comunidades pudieran activar toques de queda sin depender de resoluciones contradictorias de sus respectivos tribunales. Incluso llegó a contactar con otros gabinetes autonómicos para tratar este asunto.

La carta llegó a La Moncloa con Sánchez en Estados Unidos y la respuesta escrita formal ha sido matasellada en fechas recientes. El Gobierno vasco admite que el presidente les ha dicho no y no. No a más mascarillas en exteriores y no a un estado de alarma o similar, ya que se entiende que las autonomías ya tienen herramientas para pedir el toque de queda. De hecho, Euskadi no ha llegado ni a plantear oficialmente esta opción ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Zupiria ha ironizado que la carta ya estaba respondida de antemano en ruedas de prensa y votaciones parlamentarias que fueron indicando a Urkullu que su camino y el de Sánchez no son el mismo.

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