Las zonas tensionadas de Vivienda se extienden en Gipuzkoa y su cobertura supera al 60% de la población

Arrasate-Mondragón, Pasaia y Zestoa ya son oficialmente zonas tensionadas en materia de Vivienda. Con estas incorporaciones y con la tramitación en marcha en Bergara, Deba, Oiartzun, Oñati y Orio, el 64,2% de la población guipuzcoana estará ya bajo ese paraguas. La medida implica que los precios del alquiler quedan regulados mediante índices de referencia y se acompaña de un plan de acción municipal.

El estudio realizado en Arrasate-Mondragón muestra que, en los últimos años, el precio del alquiler ha aumentado un 23,9%. A su vez, la oferta en el municipio es “insuficiente”. De hecho, en la página web Idealista solo se ofrecen cinco pisos, de los cuales uno parece ser de larga duración y otro no lo especifica; el resto está destinado a estudiantes. Su alcaldesa, Maider Morras, de EH Bildu, ha explicado que el estudio evidencia “que la vivienda está lejos de garantizarse como un derecho básico”, por lo que la declaración como zona tensionada será una forma de “poner límites” y “dotar de instrumentos jurídicos e institucionales” que favorezcan el alivio de la crisis.

Junto a la declaración, el Ayuntamiento completa su plan de acción con el desarrollo de más viviendas protegidas. Se prevé construir al menos 1.000 en los próximos quince años. Actualmente, trabajan en la activación de suelos públicos en San Andrés Berri e Intxausti, buscando la colaboración del Gobierno vasco para su desarrollo. Además, estudian la posible adquisición del edificio La Merced para ofrecer alojamientos dotacionales.

En Pasaia, el estudio revela que las familias destinan de media un 35,9% de sus ingresos al alquiler, es decir, por encima del umbral recomendado. El 60% de las solicitudes de vivienda procede de personas empadronadas en el municipio, con predominio de perfiles unipersonales y de rentas medias y bajas. Teo Alberro, también de EH Bildu y alcalde de Pasaia, ha afirmado que el acceso a la vivienda es “uno de los principales factores de desigualdad”, lo que deja a las instituciones “la responsabilidad de actuar”.

A diferencia de Arrasate-Mondragón, Pasaia no dispone de suelo suficiente para desarrollar nuevas viviendas. La estrategia municipal pasa por aprovechar al máximo el suelo disponible, con una previsión de unas 400 viviendas; ofrecer alternativas como alojamientos dotacionales y apostar por la rehabilitación y la regeneración urbana. A ello se suman medidas reguladoras como el control del alquiler turístico, la movilización de vivienda vacía y la aplicación de incentivos fiscales a propietarios.

En Zestoa, debido a su demografía dispersa, el alcalde Mikel Arregi, de EH Bildu, ha indicado que la falta de oferta residencial en los barrios provoca que se “tensione aún más” el núcleo urbano. El estudio señala que el municipio cuenta con 1.859 viviendas, con una antigüedad media superior a los 46 años. Además, destaca la escasa presencia de vivienda protegida, que representa un 2,5%, y una tasa de vivienda vacía del 10,1%, por encima de la media de Gipuzkoa. El plan de acción de Zestoa propone la ampliación progresiva del parque de vivienda protegida, que actualmente cuenta con 47 unidades. A ello se suma la intención de promover nuevas viviendas en suelos como AB04 Rezola, en Arroabea.

El consejero socialista de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, ha advertido de que el problema de fondo es estructural. “Nos encontramos ante un mercado de alquiler roto”, ha afirmado durante su intervención. Ante las críticas sobre una posible reducción de la oferta, ha reprochado que no merece la pena decir que “se va a reducir la oferta, porque la oferta ya es inexistente”. Para Itxaso, la declaración de zonas tensionadas no empeora el escenario, sino que trata de corregir un desequilibrio previo.

Itxaso también ha defendido que la regulación debe ir acompañada de incentivos para movilizar vivienda vacía y ofrecer seguridad a los propietarios. “Queremos dar certidumbre y seguridad”, ha explicado. En este sentido, ha recordado el próximo desarrollo de Alokaplus, que consta de un seguro frente a impagos o desperfectos, y ha destacado la labor de Bizigune, que facilita la incorporación de viviendas al alquiler protegido. El consejero ha defendido que “en un mercado que se regula solo” existe un riesgo real de expulsión de vecinos de sus municipios. “En nuestro modelo de país no cabe que nadie sea expulsado de donde quiere vivir”, ha concluido Itxaso.

Las zonas tensionadas, creadas por la normativa estatal de 2023, permiten controlar los precios del alquiler. Además, con la nueva ley vasca de 2025 se establecen medidas adicionales como la limitación de viviendas turísticas. Igualmente, el decreto que entrará en vigor próximamente ampliará las coberturas de programas como Gaztelagun (ayudas al alquiler juvenil) o Bizigune (captación de pisos particulares) en esas áreas.