La gestión del patrimonio cultural en Extremadura. Una mirada crítica
Pasados los efectos de la bonanza económica y la burbuja inmobiliaria, el panorama que ofrece actualmente Extremadura respecto a la gestión de su Patrimonio Cultural es desolador. Las empresas dedicadas al mismo languidecen por falta de inversión e incentivos, a pesar de encomiables esfuerzos de adaptación a un mercado cada vez más diluido y austero. No existen, ni se esperan, objetivos o programas de actuación cultural a medio o largo plazo desde la administración pública. La normativa es obsoleta y en ocasiones incongruente con la realidad de un Patrimonio necesitado de soluciones ágiles. Urge la actualización de leyes y decretos que llevan varias legislaturas olvidados en los cajones de las distintas administraciones competentes.
El Patrimonio Histórico, abandonado a su suerte, es destruido por la acción de actores externos como el descontrol en las tareas agrícolas invasivas, el libre albedrío de las constructoras, o el expolio y tráfico ilegal de bienes arqueológicos. A esto hay que sumar la inacción de la Administración Autonómica, causada tanto por una catastrófica bajada de sus recursos presupuestarios, como por la propia desaparición de la Consejería de Cultura.
Los trabajadores de la extinta institución sufren, entre otras cuestiones, las consecuencias de un parque móvil obsoleto, y de un total desinterés por la digitalización y la puesta en servicio de toda la información generada a través de una plataforma de libre acceso. Hace más de diez años que no se convocan plazas de técnicos en patrimonio (Arte, Arqueología o Historia)y se solventa su carencia mediante encargos de servicio a empresas semipúblicas que redundan en una precarización laboral y económica de los profesionales.
Todo ello trae como consecuencia el deterioro de los sitios arqueológicos -cuando no su cierre, por falta de personal de vigilancia o mantenimiento- o el colapso de los museos, carentes de un plan de gestión que permita pasar de su simple cuidado y dificultosa apertura diaria, a garantizar la conservación de los bienes depositados. Tampoco es posible, en estas condiciones, dar cumplido estudio a la ingente cantidad de materiales acumulados durante casi una década en la que el número de intervenciones se multiplicó, por la necesidad de, eufemísticamente, “desmontar” aquellos yacimientos que habían tenido la mala fortuna de estar ocupando el espacio de algún proyecto constructivo, donde se pusieron por delante los intereses de los promotores o de los políticos locales que, bajo el paraguas de la creación de empleo, no dudaron en sacrificar el Patrimonio Histórico, Artístico o Arqueológico de pueblos y ciudades de manera irreversible.
Sorprende que algunos representantes públicos insistan en hablar de la importancia de un abordaje de la Cultura desde un prisma multidisciplinar, mientras la realidad se reduce a una administración articulada en compartimentos estancos, con una Universidad, unos institutos de investigación y otros agentes sociales implicados en el Patrimonio, cuyas acciones corren en paralelo, alejadas de la administración competente. Así, cualquier intento de colaboración se convierte, por regla general, en imposición del departamento con mayor capacidad económica o del colegio profesional con más influencia. Consecuencia directa es que aquí, en los últimos 25 años, se haya confundido rehabilitar y restaurar el Patrimonio con desarrollar proyectos arquitectónicos personalistas de elevado coste económico para las arcas regionales.
La inversión, cuando la hubo, se focalizó habitualmente en grandes monumentos, yacimientos o colecciones, siempre en las principales poblaciones de la región, dejando prácticamente a su suerte el resto del territorio. Se ha considerado más efectivo invertir en Palacios de Congresos y espacios museográficos imposibles de mantener, que favorecer iniciativas arraigadas en poblaciones de ámbito rural, generadoras de pocos titulares y escaso lucimiento para el político de turno. En definitiva, una política patrimonial basada en el `escaparatismo', sin diversificación inversora, y que no ha querido valorar en la misma medida, como merecerían por el mero hecho de ser un bien intrínseco e inseparable de nuestro acervo cultural, un yacimiento prehistórico, una pintura rupestre, una catedral o un chozo de pastores.
La actual administración regional parece haber olvidadola demanda de su propia Ley de Patrimonio Cultural: conservar y acrecentar el Patrimonio Cultural de todos los extremeños y extremeñas, y desde luego ha perdido de vista que un pueblo que renuncia a su Cultura pierde su identidad.
La reducción drástica del presupuesto destinado a la conservación y difusión de nuestro Patrimonio Histórico, Artístico y Arqueológico, incide peligrosamente en la pérdida de calidad del sector turístico extremeño, llamado a convertirse en uno de los principales motores de desarrollo y en uno de los medios fundamentalespara asentar población en el territorio rural a través de una explotación inteligente, respetuosa y compatible con la conservación y el conocimiento de los Bienes Culturales.
