Unidas por Extremadura creará una Consejería de Derechos Sociales si llega al Gobierno de la Junta

Unidas por Extremadura se ha comprometido a crear una Consejería de Derechos Sociales si llega al gobierno tras los comicios autonómicos del 21 de diciembre al considerar que esta es “la asignatura María” de la actual Consejería de Salud y Servicios Sociales, a la que “no le presta nunca suficiente atención”.

“No puede ser que estos derechos estén supeditados a la agenda sanitaria”, ha afirmado su candidata a la Presidencia de la Junta, Irene de Miguel, tras reunirse en Mérida con el Grupo de Acción Social y Sindical, que agrupa a 17 colectivos que trabajan en derechos sociales.

Según ha apuntado, más del 30% de personas en Extremadura tienen más de 65 años y casi el 10% son personas con discapacidad, por lo que, a su parecer, casi el 50% de los extremeños necesiten cuidados que no pueden estar sostenidos por trabajadoras “precarizadas, con contratos temporales y mal pagadas”.

“Sabemos que el sistema de atención a los mayores y el de atención a la discapacidad es deplorable y las condiciones de los usuarios en residencias y centros es bastante mejorable”, ha apuntado.

Por esta razón, se ha comprometido también a elaborar un convenio marco en el que los pisos tutelados y los centros de menores y de personas con discapacidad tengan las “ratios adecuadas” y sus profesionales no trabajen solos.

A estos profesionales, ha añadido, se les asegurará condiciones de seguridad y laborales correctos y unos sueldos en los que se vea reflejado el trabajo “indispensable” que realizan.

En este punto, ha recordado el asesinato de la educadora social Belén Cortés el pasado marzo presuntamente a manos de tres adolescentes menores de edad a los que cuidaba en un piso tutelado de Badajoz.

Este suceso “destapó la precarización absoluta” que sufren este tipo de centros, en los que “ni hay calidad para los usuarios, ni condiciones dignas para los trabajadores”, ha denunciado. Así, ha insistido en que la Consejería de Derechos Sociales es “básica” ante unos servicios que están “infrafinanciados”.

Ayuntamientos sin dotación suficiente para prestar servicios sociales; oficinas de igualdad que no abren todo el año, y puntos de atención psicológica cerrados cuatro meses al año porque no hay suficiente financiación son, a juicio de De Miguel, otras realidades que justifican la creación de este departamento.