La Audiencia Nacional ratifica la insolvencia de las cajas gallegas antes de la fusión
La sentencia que ha condenado a cuatro exdirectivos de Novacaixagalicia por sus prejubilaciones millonarias e ilegales describe el plan “urdido” y, además, deja claro que Caixa Galicia y Caixanova estaban en una pésima situación económica antes de fusionarse y que esta no mejoró cuando formaron una entidad sola. Caixa Galicia, indica el fallo, estaba “en situación de insolvencia” y la caja del sur, a pesar de no tener “una situación tan grave como la de Caixa Galicia”, tenía “serios problemas de viabilidad”. Todo esto, “a finales de 2009”, cuando la Xunta comenzó la impulsar la fusión.
Durante los tres años que duró la aventura los exdirectivos se dedicaron a buscar el “beneficio propio” mientras Novacaixagalicia “costaba al erario más de 9.000 millons de euros”. Esa necesidad de financiación, destaca la sentencia, muestra que la “situación calamitosa” de la caja fusionada era “fruto de unas pérdidas enmascaradas en su contabilidad” por “sobrevaloración de activos”. “La contabilidad”, por lo tanto, “no reflejaba la imagen fiel de las entidades fusionadas”, todo esto a pesar del papel de las auditoras externas que, en el plan de integración, en los test europeos e incluso en el informe encargado y pagado por la Xunta, auguraron un futuro de viabilidad.
No obstante, el dulce futuro publicitadísimo por todas las vías durante la fusión se dio de bruces con una realidad en la que los 1.162 millones de euros públicos solicitados para configurar la fusión no llegaron ni para comenzar. Así, en octubre de 2011 el FROB tuvo que suscribir 2.465 millones de euros de la amplicación de capital de NCG y, apenas un año después, tuvo que aportar 5.425 millones más. En total, una factura de 9.052 millones de euros públicos para sanear una entidad que el venezolano Banesco compró en 2013 por 1.000 millones dando lugar a Abanca, que en su primer año ya ganó más de lo que había gastado en la compra.
El tribunal destaca que los condenados se adjudicaron sus millonarias prejubilaciones en una entidad que “valía 181 millones de euros y tuvo que provisionar 29,9 millones y abonar más de 24 millones de euros como consecuencia de los nuevos contratos de alta dirección”. “En el fondo” esas cantidades no fueron pagadas por la propia caja, sino “íntegramente por el FROB”, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, esto es, fondos del erario. Por ese motivo, los exdirectivos son condenados a devolver lo cobrado irregularmente no a la entidad, sino al Estado.
