El “cambalache eólico” se vuelve contra Feijóo
La sentencia del Tribunal Supremo que ratificó el destrozo cometido por la Xunta de Feijóo con la anulación del reparto eólico del bipartito devuelve a las portadas un sector casi paralizado desde la vuelta del PP al poder. El alto tribunal estatal, tal y como adelantó este diario, ha desestimado el recurso de casación que el Gobierno gallego había impuesto contra la sentencia del TSXG que ya había declarado ilegal la suspensión del procedimiento de autorización de parques eólicos. La justicia confirma el dictamen del Superior gallego y la anulación de la decisión adoptada en agosto de 2009 por el entonces conselleiro de Industria, Javier Guerra, de paralizar el procedimiento, una actuación que había definido como “ilegal” y por la que la justicia había acusado la Administración autonómica de “desviación de poder” y de crear una gran “inseguridad jurídica”.
Esta “inseguridad jurídica”, las posteriores reformas legislativas del Gobierno de Mariano Rajoy y la desaparición de las primas a las renovables hicieron esfumarse el sector eólico. En 2010, una sentencia del TSXG confirmaba la legalidad de las adjudicaciones del bipartito, en 2012 el mismo tribunal declaraba “ilegal” la anulación del reparto hecho por la Xunta y el Supremo, en este pasado mes de mayo, ratificaba la “desviación de poder” cometida por la Administración gallega con el PP al mando. Pero Feijóo, después de anular el reparto de megavatios del bipartito -contra el que cargó con extrema dureza durante la campaña electoral de 2009- ya había puesto en marcha otro plan eólico con el que prometía crear unos 14.000 empleos y una inversión de 5.700 millones de euros.
Unos cuatro años después, en enero de 2014, el presidente presumía de sector después de autorizar los primeros 60 megavatios de los 2.600 previstos y calificaba de “positivo” el balance de su estrategia para los molinos de viento en Galicia. Por el camino, varias empresas abandonaban la comunidad y miles de puestos de empleo -directos e indirectos- vinculados a esta industria desaparecían. Tan sólo en Ferrolterra, unos 1.500 puestos de trabajo del sector fueron destruidos en los primeros cinco años de la crisis. Gas Natural Fenosa, la principal adjudicataria del concurso eólico de Feijóo, no tardó en anunciar que desistía del 41% de la potencia que había conseguido en el concurso.
El veredicto de economistas y expertos en el sector fue demoledor. Manuel Lago aseguraba que “si Feijóo y Javier Guerra no se hubieran cargado el concurso eólico de 2009, cuando aún había primas para renovables y mejores condiciones, es muy posible que en Galicia estuvieran trabajando 10.000 personas más en la fabricación de aerogeneradores e instalaciones”. La profesora Rosa María Regueiro, autora de A propiedade do vento galego, censuraba también aquella decisión del Gobierno gallego. “Seguramente el concurso del bipartito no era perfecto, pero la Xunta de Feijóo lo anuló, apareció una nueva ley, se presentaron recursos y las primas desaparecieron”, resumía. La patronal eólica fue más allá y cargó con dureza contra la Administración autonómica, además de calificar la política energética del PP de “totalmente improvisada, errática e incoherente”.
Arma política del PP
Pero antes de todo esto, Feijóo y el PP emplearon el anterior concurso eólico del bipartito cómo una de las patas sobre las que basó su dura campaña electoral de 2009. Otra de ellas fueron aquellas fotos del entonces vicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana, con el empresario Jacinto Rey, cuya empresa, el Grupo San José fue una de las adjudicatarias en el reparto. Varios medios publicaron simultáneamente unas imágenes que el ahora presidente de la Xunta vinculó con las adjudicaciones de los parques eólicos. Lo hicieron una semana antes de las elecciones pero obviaron un detalle clave que después aclararía Quintana. Las fotos habían sido tomadas un año antes de que se convirtiera en vicepresidente y cuatro antes de que se hubiese convocado el concurso.
Pero ya daba igual. Entre polémicas por una supuesta “imposición lingúística” y por un supuesto concurso “ilegal”, Feijóo llegó a la Xunta y echó por tierra lo que consideró “un cambalache eólico” para sustituirlo por uno“legal y transparente”. “No se deben mezclar política y negocios”, sentenciaba el PP. Tras su proclamación como presidente, una imagen de Feijóo sobresalió sobre otras: el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, dándole un abrazo. Ahora, la oposición ya pide “responsabilidades políticas” y tanto AGE como BNG preguntarán al jefe del Ejecutivo por la sentencia ratificatoria del Supremo en la próxima sesión de control. Las posibles reclamaciones e indemnizaciones económicas que podría tener que asumir el Gobierno son otras de las preocupaciones de un “cambalache” eterno que afectó un sector que desaparece en Galicia.
