El Constitucional suspende la parte de la ley de Feijóo que abre la puerta a la vacunación obligatoria

Archivo - Enfermera prepara las vacunas.

Alberto Núñez Feijóo se queda sin la ley estrella con la que lleva meses explicando cómo su administración ha cubierto un vacío legal en medio de la pandemia que otros territorios no han atendido. La nueva Lei Galega de Saúde, aprobada a finales de febrero, planteaba la posibilidad de que la administración autonómica limitase derechos fundamentales para controlar el avance del COVID-19. Uno de los aspectos más polémicos, contenido en su título 5, abría la puerta a que la Xunta obligase a los ciudadanos a vacunarse. Esa parte del texto, aprobado por la mayoría absoluta del PP en el Parlamento de Galicia, queda suspendido después de que el Constitucional haya admitido a trámite por unanimidad el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno el pasado 30 de marzo.

El Consejo de Estado, en contra de la vacunación obligatoria planteada por Feijóo en la ley autonómica que el Gobierno quiere llevar al Constitucional

El Consejo de Estado, en contra de la vacunación obligatoria planteada por Feijóo en la ley autonómica que el Gobierno quiere llevar al Constitucional

La decisión del Constitucional llega en medio de la polémica generada entre administraciones tras el anuncio del Gobierno central de que el actual estado de alarma dejará de tener vigencia a partir del próximo 9 de mayo. Feijóo lleva semanas quejándose de que Moncloa ha decidido paralizar su norma sin iniciar un proceso de negociación con la administración gallega. Esa mesa para hablar se ha puesto en marcha en las últimas horas y de sus avances depende que el Gobierno desista en el recurso, evaporando la suspensión que desde este martes opera sobre la norma gallega.

Mientras los magistrados acordaban suspender parte del texto estrella del barón gallego del PP, Feijóo se reunía con el nuevo delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, para pedirle un acuerdo entre las dos partes en conflicto. El Constitucional ha decidido por unanimidad suspender los preceptos recurridos por el Consejo de Ministros y nombrar al magistrado Andrés Ollero como ponente de la sentencia que habrá de elaborar en los próximos meses como solución definitiva ante el conflicto de constitucionalidad que se dirime entre la Xunta y Moncloa.

Los gobiernos gallego y central aún tienen margen para llegar a un acuerdo que permita evitar la primera gran sentencia del Constitucional sobre la limitación de derechos como método para controlar la salud de los ciudadanos. En caso de que la comisión bilateral puesta en marcha consiga un acuerdo, el ejecutivo central podrá desistir de su recurso. Según fuentes del Gobierno central, a Feijóo se le ha pedido que elimine de su norma los preceptos que permiten limitar derechos fundamentales de los ciudadanos. Durante el debate parlamentario que sirvió para aprobar la norma en la cámara gallega, la oposición pidió lo mismo pero Feijóo prefirió hacer oídos sordos y valerse de su mayoría absoluta para aprobar una ley ahora suspendida en parte por el Tribunal Constitucional.

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