La Comisión Europea, el Banco de España y Novagalicia torpedean la investigación sobre las cajas
La unanimidad que presidió la aprobación del plan de trabajo de la comisión de investigación de las cajas saltó por los aires cuando, el pasado jueves, el PP decidía apoyar que 14 de las 34 cajas de documentación a estudiar fueran declaradas reservadas, un secreto que da lugar a que los diputados y diputadas puedan consultar información sobre la gestión y fusión de las antiguas Caixanova y Caixa Galicia pero no revelarla a la ciudadanía, ni siquiera a sus respectivos equipos. El secretismo que oscurece la expectativa de transparencia de esta comisión le afecta sólo a parte de la documentación enviada por la Xunta. No le afecta a documentos sensibles que les fueron reclamados la otras entidades e instituciones, comenzando por la propia Novagalicia Banco, porque directamente no los enviaron.
En los últimos días el Parlamento fue recibiendo respuestas que, apoyándose esencialmente en supuestos de confidencialidad y protección de datos, le niegan información al legislativo gallego. Al banco heredero de las malogradas cajas los grupos le reclamaban, por ejemplo, actas de las asambleas generales y de los consejos de administración de las cajas, relación “del personal directivo que, desde 2004, cobró cualquier tipo de indemnización en el momento del abandono de las entidades”, “retribuciones totales percibidas por los miembros de los órganos de gobierno y de los equipos directivos” o “créditos, préstamos y ventas otorgados a miembros de sus órganos de Gobierno”, entre otros.
En su respuesta el director del gabinete de la presidencia de Novagalicia, Santiago Novoa, acusa recibo de la “atenta comunicación” remitida por la presidenta del Parlamento y dice ser “consciente de la relevancia que el buen fin de los trabajos asumidos por dicha comisión sin duda reviste para el interés general”. Por eso, argumenta, “es nuestro deseo prestar la máxima colaboración que nos es posible dentro de los límites que la legislación vigente impone a NCG Banco”. Así, amparándose en los “límites resultantes de los deberes de reserva y confidencialidad”, en la ley de protección de datos y en el secreto bancario, la empresa se limita a remitir informes de gobierno corporativo de las antiguas cajas por separado, así como documentos relativos a la fusión y a las preferentes que ya eran públicos.
El “régimen de especial reserva” es también en el que se apoya el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, en la carta con la que le contestó al Parlamento. El regulador, dice, está obligado a “guardar secreto en relación a las informaciones de materia confidencial” y por eso no le remite al Parlamento documentos como los balances reservados de Novagalicia, “informes o comunicaciones entre Caixa Galicia y Caixanova y el banco en relación con la evolución de estas”, la “relación de personal directivo que, desde 2004, cobró cualquier tipo de indemnización en el momento de abandono de las entidades”, “copia de la autorización en relación con la comercialización de preferentes y subordinadas” , “informes realizados por los inspectores del Banco de España sobre la situación de las entidades” y “auditorías en las que se valora el valor patrimonial de Novacaixagalicia”.
En este contexto, la última en sumarse al torpedeo a la investigación fue este viernes la Comisión Europea que, a través de su vicepresidente y comisario de la Competencia, Joaquín Almunia, también le niega a la Cámara gallega la información que había solicitado. A través de una carta, Almunia viene de decirle a Pilar Rojo que la Comisión “no puede ofrecerle” la información que pide “debido a los deberes de confidencialidad hacia el Reino de España y a la citada entidad [Novagalicia Banco]”. En la misma misiva, Almunia le explica a la presidenta que “puede encontrar la versión no confidencial” de los datos reclamados en la web de la Comisión. El documento reclamado no era otro que el plan de reestructuración de Novagalicia Banco, el cual, según el portavoz del PP, Pedro Puy, podrá ser consultado por los diputados y diputadas “porque forma parte de la documentación remitida por la Xunta”.
El Parlamento intentará “convencer” el Banco de España
Las negativas al envío de documentación fueron recibidas con contrariedad en el Parlamento gallego, incluso en el propio PP, especialmente explícito a la hora de cargar contra Almunia. Según el portavoz conservador en la Cámara, Pedro Puy, el argumento esencial de las respuestas es “que se nos envía aquello que puede conocerse porque es público y está colgado en la página web y no la documentación interna que llevó a adoptar decisiones que, en todo caso, fue de aprobación de una fusión que en aquel momento todos los que la analizaron, tanto las auditoras que intervinieron, como el Gobierno de España, el Banco de España y la Comisión Europea entendieron que era correcto”.
En el caso concreto del Banco de España Puy señala que “interpreta una norma de una manera que excluye la remisión de información reservada a comisiones de investigación creadas en los parlamentos autonómicos”, pero “entendemos que esa no es la interpretación correcta de la norma”, por eso, dice, concuerda con la oposición en la necesidad de que los servicios jurídicos de la Cámara elaboren un informe sobre las posibilidades de “convencer” al regulador para que entregue lo que se le pide.
Desde las filas de la oposición el secretario general del PSdeG, Pachi Vázquez, salía este viernes al paso de los últimos acontecimientos, en su caso para centrarse en la reserva de documentación. Que Feijóo “imponga el secreto sobre la auditoría de KPMG, la columna vertebral de la fusión” supone escribir “una página negativa en la historia de Galicia” contra la “demanda de transparencia” que, dice, formula la ciudadanía. También el portavoz del BNG, Francisco Jorquera, se refirió en nota de prensa tanto a las negativas de documentos como a la declaración de secreto para censurar el “obstruccionismo” que entorpeciendo el inicio de los trabajos de la comisión.
