Los sindicatos abandonan la negociación con la Xunta por su protocolo “inviable” contra la COVID para el curso escolar

Los sindicatos abandonaron este jueves la mesa sectorial donde debatían con la Xunta el protocolo de seguridad para el próximo curso escolar. Denuncian que la consellería de Educación no atendió ninguna de sus propuestas de mejora y llaman a la movilización social. A falta de la celebración de una comisión intercentros este viernes, a partir del año que viene se hará obligatorio el uso de mascarilla en todo el horario lectivo y la ratio de alumnos por aula se mantendrá en 25, diez más que el máximo recomendado por el Ministerio de Sanidad. Tampoco se contempla aumentar el presupuesto de los colegios.

Entre críticas de los sindicatos, asociaciones de madres y padres (ANPAS) y partidos de la oposición, la Xunta continúa firme y no valora readaptar las medidas sanitarias en los centros educativos no universitarios en el curso 2020/21. El secretario nacional de CIG-Ensino, Suso Bermello, reprochó al ejecutivo que presentara el documento sin apenas tiempo para realizar alegaciones y que ahora piensen seguir adelante sin negociarlo.

La Consellería de Educación confirmó, en la misma nota de prensa en que instaba a los sindicatos a negociar, que continuará con la tramitación del protocolo “ante la decisión de los sindicatos de no hacer aportaciones constructivas”. El departamento que dirige Carmen Pomar califica la acción de los sindicatos como una “irresponsabilidad” que “no beneficia a la comunidad educativa”.

Además de mantener el número máximo de alumnos por aula en 25, a pesar de que el Ministerio de Sanidade recomendó establecer esta cifra en 15, el próximo año será obligatorio el uso de mascarilla cuando no se puede mantener una distancia de un metro entre estudiantes. Las ANPAS advirtieron antes de la reunión entre Xunta y sindicatos de que “es inviable” guardar ese espacio si no se reduce la ratio por clase, algo que se solucionaría “con más presupuesto”.

El Gobierno central aprobó este mes repartir 2.000 millones de euros entre las comunidades autónomas para que fueran destinados a Educación, pero esta idea no convenció a Núñez Feijóo, que pidió libertad al Estado para gastarlos en otros departamentos. El presidente de la Xunta argumentó que Galicia es la comunidad con el mayor número de profesores por alumnado. Este cálculo, sin embargo, no convence a la comunidad educativa, que sigue reclamando más personal.

“Oportunismo político” según el BNG

Desde CIG-Ensino recordaron que la Xunta sí atendió a finales de mayo las peticiones de mejora en el protocolo de regreso de los alumnos de bachillerato. “Con las elecciones ya pasadas parece que lo principal vuelve a ser el aspecto económico y no la seguridad del estudiantado”, explicó su secretario nacional, Suso Bermello.

La diputada del BNG Olalla Rodil reclamó este jueves que el ejecutivo de Feijóo se sentase a dialogar con la comunidad educativa para que “prime la seguridad y no los criterios económicos el próximo curso”. La formación nacionalista acusó a la Xunta de actuar con “oportunismo político” y presentar el documento una vez celebradas las elecciones del 12 de julio.