Ocho vecinas rescatan a más de 70 perros que vivían hacinados en un galpón del rural de Santiago

Rodeados de suciedad, con sarna, hongos en la piel y hacinados en un cobertizo de una casa del rural de Santiago de Compostela: este es el “escenario dantesco” en el que ocho vecinas de la capital gallega se encontraron el pasado 14 de agosto a 78 perros. Una mujer anciana y sus dos hijos se encargaban de alimentarlos pero sin proporcionarles los cuidados higiénicos básicos. La familia padece el síndrome de Noé, según relatan lo servicios sociales del ayuntamiento. Este trastorno mental lleva a acumular numerosos animales de compañía sin poder proporcionarles atenciones básicas.

La situación era conocida desde hace más de una década, pero las administraciones no intervinieron. Mientras, el hedor y los ladridos constantes pusieron en pie de guerra al vecindario. Las ocho voluntarias, hartas de denunciar el caso sin conseguir que el Ayuntamiento, la Xunta o el Seprona aportaran soluciones, decidieron movilizarse y consiguieron rescatar a los animales con ayuda de veterinarios, donaciones ciudadanas y asociaciones protectoras de animales de toda Galicia que dieron acogida y alternativas dignas para los canes. 

La operación de rescate comenzó hace tres semanas, con la colaboración de la familia que, desbordada por la situación de sus perros, aceptó ayuda externa y dejó que las vecinas y una veterinaria entraran el galpón. Las fotos que tomaron de lo que allí se encontraron son duras. En condiciones de nula higiene y salubridad, en un espacio en el que había heces, orines y vómitos, vivían hacinados más de 70 perros. Los animales estaban enfermos y sucios: problemas en la piel y en los ojos, “rastas impresionantes” y mordeduras. Muchos no sabían ni correr porque en el cobertirzo no tenían espacio suficiente para moverse. Otros sufren problemas genéticos a causa de la consanguinidad por una reproducción incontrolada.

Cuando entraron en el lugar, se encontraron a siete hembras recién paridas y otras diez preñadas. La primera intervención fue desparasitar a los animales e intentar curarles las heridas. No fue tarea fácil conseguir atraparlos, puesto que tenía miedo a las personas. Vivían encerrados pero en estado salvaje. Lograron, con esfuerzo, dar atención veterinaria a unos 65 perros, que dejaron que se les tratasen las heridas y otros problemas derivados de la insalubridad. Una de las prioridades fue rescatar a nueve cachorros de menos de dos meses y otros dos de más de seis, que fueron rápidamente adoptados tras ser vacunados y castrados.

Las ocho vecinas se pusieron en contacto con asociaciones protectoras de animales de toda Galicia para que les ayudasen a hacerse cargo de los animales. Su traslado se hizo con coches particulares, con todas las medidas necesarias para garantizar su bienestar. Misión cumplida: en la actualidad todos los perros están acogidos. “Hacemos un seguimiento de cada uno y, con gran orgullo, vemos la diferencia de vida que ahora tienen. Ojalá pierdan el miedo y el estado salvaje que arrastran e impide que sean adoptados”, comenta Pacucha Maceiras, una de las rescatadoras. 

La familia de Santiago, ahora atendida por los servicios sociales municipales, se quedó con tres machos y una hembra que tendrán atención veterinaria y la ayuda necesaria para garantizar que vivan en buenas condiciones. Fue la movilización de esas ocho vecinas lo que llevó al Ayuntamiento a intervenir tras más de diez años “mirando para otro lado y echando balones fuera”, protestan. Ahora, con el asunto en vías de solución, reclaman dimisiones y la asunción de responsabilidades, además del reembolso de los 5.000 euros que consiguieron reunir para pagar los gastos de veterinarios y de transporte de los animales a refugios dignos. 

El “periplo” de estas mujeres por las administraciones fue un “vía crucis” durante años, denuncian las rescatadoras. La Ley de Bienestar Animal de Galicia atribuye a los alcaldes “la responsabilidad superior” en la defensa y protección de los animales domésticos en sus respectivos municipios. Pero el regidor de Santiago, el socialista Xosé Sánchez Bugallo, no contestó a la petición de estas vecinas para que las recibiese y tratar el asunto. Los habitantes de ese barrio rural de Santiago no quieren desvelar su ubicación para evitar problemas a la familia con síndrome de Noé y severas dificultades socio-económicas. La concejal de Políticas Sociales, Salud y Medio Ambiente, Milagros Castro, tampoco aceptó reunirse con ellas. Y la edil de Deportes y Bienestar Animal, Ester Pedrosa, alegó falta de competencias. 

El Ayuntamiento de Santiago sostenía que no tenía capacidad para intervenir y que solo se ocupa de recoger y atender a perros callejeros. Pero en este caso no lo eran, pertenecían a una familia, vivían encerrados en una propiedad privada. “Una disculpa ilógica”, replica Pacucha. En 2019 los servicios municipales, alertados por un informe del Seprona, se llevaron a una veintena de perros de esa casa al refugio municipal de animales Bando, relata. Los guardias civiles encargados de Medio Ambiente, tras varias denuncias vecinales, realizaron visitas a la casa y elaboraron un informe que fue remitido a la Xunta y al Ayuntamiento. Pero la única intervención consistió en recoger 20 perros, mientras dentro del cobertizo de esa casa los demás seguían viviendo y reproduciéndose sin los cuidados básicos.  

“Viendo la no implicación de los responsables políticos, la desesperación de la familia y las condiciones de los canes” estas ocho vecinas se decidieron a darle solución al problema. Ahora piden responsabilidades y la dimisión de las dos concejalas que, pese a tener competencias sobre medio ambiente y bienestar animal, no intervinieron. Reclaman también el reembolso de los 5.004,15 euros gastados en la atención veterinaria y el transporte de los animales a refugios de toda Galicia. Consiguieron reunir el dinero gracias a colectas a través de las redes sociales, pero consideran que la administración debe pagarlo. Si lo consiguen, las ocho voluntarias repartirán el dinero entre las protectoras que acogieron a los perros. 

Estas ciudadanas presentaron hace ya 10 días un escrito ante el Ayuntamiento relatando su iniciativa para resolver lo que consideran que era un problema de salud pública. Por el momento, sigue sin respuesta. Los responsables municipales aseguran que alertaron a la Xunta para que actuase de acuerdo con la legislación autonómica de protección animal. Resaltan la dificultad de este caso, dado el trastorno mental que padece la dueña de la vivienda.