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La Xunta prorroga por decimoséptima vez la privatización de sus barcos de Guardacostas

Decimoséptima prórroga del contrato de servicio de los barcos de Gardacostas de Galicia

David Reinero

El Gobierno gallego externalizó su gestión en 2006 argumentando que carecía de personal propio para operarlos, pero nada hizo en estos años para revertir una situación que admite que le costará otros 84 millones hasta 2031

El Gobierno gallego ha prorrogado por decimoséptima vez el contrato con el que en 2006 privatizó a la empresa Remolcanosa la gestión de sus cuatro mayores barcos del servicio gallego de Guardacostas. Entonces la Xunta argumentó que no disponía de funcionarios capacitados para operar esos buques, que son propiedad autonómica, pero nada hizo en más de una década para formar a personal propio o dotarse de él y recuperar así la gestión pública de un contrato que le cuesta unos 6 millones de euros al año.

Aquel contrato tenía un plazo de dos años pero prorrogable hasta un máximo de 25 años, y así lo viene haciendo desde entonces con renovaciones cada pocos meses en vez de convocar un nuevo concurso público. Ahora el Gobierno gallego acaba de comunicar al Parlamento de Galicia que el Consello da Xunta, en una de sus reuniones semanales tras la que no informó de esa decisión, autorizó una modificación presupuestaria para hacer frente a esa última prórroga. En la documentación se señala también que, de seguir prorrogando ese contrato hasta 2031, fecha máxima, la Xunta deberá desembolsar aún 84 millones de euros más por ese servicio externalizado, a un promedio de seis millones al año.

Tras la catástrofe del Prestige, en la que quedó en evidencia la escasez de recursos de la Xunta para afrontar una emergencia de ese calibre, el Gobierno gallego encargó la construcción de un remolcador de altura, el Sebastián de Ocampo, y de un buque de salvamento, el Iráns García Nodal. Se botaron a principios de 2005 y, sumados al preexistente buque de enseñanza pesquera Valentín Paz Andrade y a la patrullera Paio Gómez Chariño, cedida por el Estado, los cuatro barcos pasaron a conformar la flota mayor de Gardacostas de Galicia, que cuenta también con una veintena de lanchas. Sin embargo, mientras las lanchas son tripuladas exclusivamente por personal de Gardacostas, que tienen la consideración de agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones, los cuatro barcos mayores son operados por trabajadores de la empresa privada Remolcanosa, mientras que los guardacostas viajan en ellos como pasajeros, lo que limita su capacidad de libre disposición de los buques. Así lo decidieron tanto el último Gobierno de Manuel Fraga como el posterior bipartito de PSdeG y BNG, argumentando, en un concurso público gestionado a medias entre 2005 y 2006, que la administración “no dispone de los medios necesarios para su mantenimiento y operatividad, además de que no existe en su plantilla trabajadores calificados para el desarrollo de las actuaciones”.

Así que desde 2006 el personal lo pone la viguesa Remolcanosa, una de las principales empresas de remolcadores de Europa y origen del Grupo Nosa Terra XXI, presidido por José Silveira, propietario también de la naviera Elcano y del Hospital Povisa -concertado con el Sergas, el principal del Estado en esta modalidad-. A cambio, la Xunta viene pagándole unos seis millones de euros cada año, cuantía similar a la que calcula que deberá seguir pagando si le sigue prorrogando el contrato hasta el máximo de 2031.

La cuantía anual de la externalización de la operación de esos cuatro barcos es similar también a lo que cuestan los salarios de los aproximadamente doscientos miembros del departamento de Gardacostas que son personal de la propia Xunta. A pesar de que el argumento que permitió la privatización del servicio fue que la Xunta no disponía de personal preparado para operar los barcos, en este tiempo los sucesivos gobiernos gallegos nada han hecho para dotarse de él. Ni convocaron oposiciones con las cualificaciones necesarias, ni formaron al personal del que ya dispone Gardacostas para que pudiera asumir la operación de los barcos.

Por otra parte, trabajadores consultados por este diario aseguran que entre las alrededor de doscientas personas que forman el cuerpo de Gardacostas ya existe personal con la titulación necesaria para operar los barcos. Y destacan que buena parte del coste del contrato de gestión de los buques va destinado al pago de salarios de los trabajadores de Remolcanosa, ya que los barcos navegan poco.

A pesar de esta situación, en mayo del pasado año el PP rechazó de manera expresa en el Parlamento de Galicia recuperar la gestión pública de esos cuatro barcos de Guardacostas de Galicia.

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